Los 5.000 abogados del Turno de Oficio de Madrid están cobrando con más de medio año de retraso
Perciben una retribución salarial por debajo de la media de España, muy lejos de otras comunidades mejor pagadas como País Vasco, Cataluña y Galicia
Los 5.000 abogados del turno de oficio de Madrid están en pie de guerra contra Cristina Cifuentes. Tras varios años acumulando retrasos en los cobros por su trabajo dentro del servicio de asistencia de Justicia gratuita, esperaban una subida mayor a la ejecutada finalmente por la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Según explican a El Confidencial Digital varios abogados de este turno, las medidas prometidas por el nuevo Gobierno de Madrid son “insuficientes” y hasta han llegado a ser calificadas de “tomadura de pelo”.
En la actualidad, los letrados madrileños adscritos al servicio de Justicia gratuita cobran por debajo de la media nacional, muy lejos de los salarios de otras comunidades como Galicia, Cataluña o País Vasco, “donde no sólo la carga de trabajo es menor, sino que además cobran sin retraso y sueldos mucho mayores”, explican.
El 3 de julio cobraron los honorarios correspondientes al cuarto trimestre de 2014 y, no ha sido hasta el 3 de septiembre que han percibido el montante resultante de sus servicios durante el primer trimestre de este año.
De media, según precisan desde este colectivo, están percibiendo sus honorarios con más de medio año de retraso, algo “inimaginable” en otras Comunidades Autónomas.
El problema, según ellos: “El presupuesto es cada vez más bajo mientras que la solicitud del servicio crece año tras año”.
La medida aprobada por Cristina Cifuentes
El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad, Ángel Garrido, comunicó hace unos días el cumplimiento de uno de los compromisos electorales: “Agilizar la administración de justicia en nuestra Comunidad, que presenta una tasa de litigiosidad un 10% superior a la media nacional, lo que supone una de las mayores cargas de trabajo judicial”.
Sin embargo y a pesar de que, según afirman desde el equipo de Cifuentes, “Madrid es la Comunidad que más ha apostado por la Administración de Justicia con una inversión global de 3.000 millones de euros desde el traspaso de competencias en 2003”, lo cierto es que es una de las que más retraso acumula en el pago y de las peor pagadas.
Cristina CIfuentes se comprometió a llevar a cabo determinadas reformas y una modernización y agilización de los procedimientos. No obstante, el aumento progresivo de los recursos destinados a esta materia a lo largo de toda la legislatura, de un 5% anual, hasta recuperar la rebaja aplicada en 2012 del 20% ha sido tachada de “insuficiente por parte de un colectivo que esperaba “reformas acordes con la gravedad de la situación” explican a ECD algunos abogados.
Comunicados y peticiones de las Asociaciones y Colectivos
La reacción a las medidas de Cifuentes no se ha hecho esperar. Asociaciones y colectivos de abogados de turno de oficio han trasladado su indignación y descontento ante la “”subida” del 20%”.
Aunque agradecen “el esfuerzo negociador del Colegio de Abogados de Madrid” en esta línea, lo cierto es que esperaban del nuevo Gobierno madrileño soluciones de “mayor envergadura”.
Estas son las reivindicaciones que el colectivo ha trasladado a la Presidenta de la Comunidad:
-- “La medida anunciada solo puede calificarse como tímido gesto, que agradecemos, pero que en modo alguno nos complace ni nos aquieta” .Valoran que por fin que la Justicia Gratuita sea considerado como “un servicio esencial necesitado de mejora y dignificación” pero califican la medida de “tomadura de pelo” y “de claro aroma electoralista”.
-- “No es cierto que la Comunidad de Madrid vaya a “subir” las retribuciones de los abogados de oficio”. Lo que se ha acordado es “restaurar progresivamente los niveles retributivos de 2013, eliminando el brutal recorte del 20 % acordado en la Ley de Presupuestos de 2012, a razón de un 5 % anual durante los próximos cuatro años. La pérdida de poder adquisitivo desde 2003 hasta 2015, por no incremento del IPC, ronda el 50%, y si a ello se añade el tijeretazo del 20 % en 2013, estamos en torno al 70 % de pérdida de poder adquisitivo”.
-- Advierten que la precarización del servicio, “mediante el maltrato institucional a los abogados de oficio”, que suplen “con sus propios medios las carencias institucionales con su constante formación y especialización, sufragando de su bolsillo los gastos necesarios, y asumiendo la defensa de los justiciables a cambio de cantidades miserables” conlleva un riesgo: que se produzca una progresiva “fuga de los mejores” y de que “el sistema termine quebrando”.
