ERC tumbará el Gobierno si Sánchez ofrece indultos a cambio de recuperar el delito de referéndum ilegal

Han empezado a negociar en secreto y la Generalitat ha trasladado su rechazo a Moncloa: no quiere cerrar esa vía a las siguientes generaciones de independentistas

Gabriel Rufián
Gabriel Rufián.

Moncloa y la Generalitat caminan juntos en el proceso que incluye conceder el indulto a los presos del ‘procès’. Pero las negociaciones discretas con el Govern, tras la investidura de Pere Aragonès, han arrancado con un primer sobresalto: ERC amenaza con tumbar el Ejecutivo de Pedro Sánchez si recupera el delito de referéndum ilegal.

Hay que recordar que el acuerdo de Gobierno alcanzado entre ERC y Junts contempla tanto el programa que desplegará la Generalitat a lo largo de la legislatura, como la estrategia independentista.

Esta última cuestión había sido uno de los principales escollos para el entendimiento entre las dos formaciones, que tienen diferentes opiniones sobre los próximos pasos a dar en la agenda soberanista.

Finalmente, el texto se compromete a priorizar “con lealtad” la mesa de diálogo con el Gobierno de España, pero añade también el compromiso de prepararse para un “nuevo embate democrático” al Estado basado en la “confrontación”.

Primeros pasos para la mesa de diálogo

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los contactos, el equipo de Pedro Sánchez lleva días negociando discretamente con el entorno del recién investido presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para acordar la convocatoria inmediata de la mesa de diálogo Moncloa-Govern y avanzar en el deshielo.

El Gobierno se comprometió durante la pasada campaña electoral a reformar el Código Penal y ha trasladado a ERC que los trabajos están avanzados. Está previsto que se reforme el delito de sedición para rebajar las penas.

Esa sería otra de las vías que podría implicar la libertad de los presos del ‘procés’, ya que si la nueva tipificación es más blanda, se les aplicarían de forma retroactiva esas condenas más favorables.

Recuperar el delito de referéndum ilegal

Sin embargo, en el marco de las conversaciones para retomar la mesa de diálogo, ECD ha podido confirmar, por fuentes de alto nivel en el Govern, que Moncloa ha propuesto ahora a ERC una reforma del Código Penal para que la convocatoria de un referéndum ilegal sea considerada de nuevo un delito.

La reacción de ERC, al conocer la propuesta, no se ha hecho esperar. Hasta el punto de que ha marcado una línea roja con ese asunto y ha trasladado a Moncloa que la propuesta, de no retirarse, hará saltar por los aires la incipiente negociación entre el Gobierno de España y el de Cataluña para solucionar el conflicto catalán.

 

No cerrar la puerta a nuevas consultas

En la Generalitat aseguran que cuentan en este punto con el apoyo de Unidas Podemos, principal socio de Pedro Sánchez, que también rechaza recuperar una figura penal que incluyó en 2003 el Gobierno de José María Aznar. Una posición que jugará un papel crucial en la decisión final del Consejo de Ministros.

“No podemos aceptar una condena a la próxima generación de líderes políticos independentistas catalanes que quieran legítimamente emprender otro referéndum como el del 1-O”, reivindican fuentes del Govern.

Hay que recordar que el independentismo catalán aprovechó la despenalización de la convocatoria de referéndum ilegal para plantear dos votaciones –la del 9 de noviembre de 2014 y la del 1 de octubre de 2017- que fueran lo suficientemente ambiguas para esquivar la actuación de la justicia.

ERC amenaza con tumbar el Gobierno

En la dirección de Esquerra saben que cuentan con la fuerza suficiente en el Congreso de los Diputados para lograr que el Gobierno retire esa propuesta a cambio del indulto a los presos del ‘procès’.

Un as en la manga que –interpretan- “Pedro Sánchez saca ahora para intentar calmar al PSOE” y minimizar el coste político por la decisión del Ejecutivo de conceder los indultos. Busca así convencer al electorado socialista de que “no tiene hipotecas con los independentistas y que tampoco quiere asumirlas en adelante”.

Pero ERC se ha convertido en el principal socio externo del Gobierno de Sánchez, con sus 13 escaños, junto al PNV (7) y EH Bildu (5). La debacle de Ciudadanos en Madrid ha supuesto un varapalo también para el PSOE, que durante los sucesivos estados de alarma y con la moción fallida de censura en Murcia había acercado posturas con el partido de Inés Arrimadas.

Así, en Esquerra se jactan de que “el Gobierno de Sánchez vuelve estar en nuestras manos”. Una advertencia que se ha hecho llegar a Moncloa en el marco de estas negociaciones discretas, según ha podido confirmar ECD por fuentes conocedoras de las conversaciones, en las que han exigido también “un gesto con los presos” que pueda ‘venderse’ ante su electorado como una victoria.

Un delito que fue suprimido por Zapatero

El Gobierno de Pedro Sánchez intenta recuperar una figura delictiva que fue suprimida en 2005 por iniciativa del Ejecutivo del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre 2003 y 2005, el Código Penal incluyó el delito de convocatoria ilegal de referéndum castigado con prisión. Lo incorporó en la máxima ley penal el Gobierno del PP de José María Aznar, después de que el entonces lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, anunciase que si su plan soberanista -aún en su fase inicial- no era finalmente aceptado por el Congreso de los Diputados, convocaría un referéndum en Euskadi.

Ese nuevo delito creado por el Gobierno del PP en el artículo 506bis del Código Penal -“delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum”- estaba castigado con entre tres y cinco años de cárcel, y hasta 10 años de inhabilitación.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevó al Parlamento la derogación de ese artículo del Código Penal en junio de 2005, alegando que la convocatoria ilegal de referendos no tenía “la suficiente entidad como para merecer el reproche penal y, menos aún, si la pena que se contempla es la prisión”.

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