Aviso a Pedro Sánchez: Page, Lambán y Vara vetarán cualquier privilegio fiscal para Cataluña

Moncloa y Ferraz, apoyados por el presidente valenciano Ximo Puig, han calentado el debate en el PSOE contra el “dumping fiscal” de Madrid en vísperas del 40 Congreso federal. Los barones más críticos con Pedro Sánchez aprovecharán el ambiente de agitación y nervios por la financiación autonómica para marcar líneas rojas al Gobierno sobre Cataluña.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acaba de redoblar sus críticas a las políticas fiscales de Isabel Díaz Ayuso. Un debate que ya avivó en verano y que ahora ha vuelto a poner sobre la mesa, a pocos días del Congreso federal de los socialistas.

Es una idea amparada por otros dirigentes autonómicos socialistas. De hecho, el 40 Congreso del PSOE, que se celebra este fin de semana en Valencia, debatirá la supresión del “dumping fiscal” de algunas comunidades autónomas, con especial fijación en Madrid. Una idea que refuerza el plan de Pedro Sánchez de “sacar instituciones públicas” de la capital de España.

También plantearán limitar las competencias autonómicas normativas de las comunidades autónomas en materia de sucesiones y donaciones.

La propuesta está respaldada por enmiendas provenientes de varias provincias del PSOE andaluz -Córdoba, Sevilla, Málaga, Jaén y Granada- y por el Partido Socialista de Cataluña (PSC).

Una dura advertencia sobre Cataluña

Sin embargo, otros barones del PSOE, habitualmente críticos con la gestión de Sánchez sobre Cataluña, admiten preocupación desde hace semanas por los pactos ocultos que puedan cerrarse en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. 

Es el caso de los presidentes de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page; de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; y de Aragón, Javier Lambán, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes socialistas.

Celebrada una primera reunión, a mediados del pasado mes de septiembre, Page, Vara y Lambán han decidido dar un margen de confianza a la “necesidad de diálogo” que invoca Moncloa, siempre y cuando no suponga “menoscabo al resto de las comunidades autónomas”, particularmente en materia de financiación.

Veto en el Consejo de Política Fiscal

Aprovechando el debate de la financiación autonómica que agitará el valenciano Ximo Puig contra el “dumping fiscal” de Madrid, los presidentes de Castilla La Mancha, Extremadura y Aragón lanzarán un rotundo aviso a Pedro Sánchez y a la dirección del PSOE.

Advertirán de que estarán vigilantes para que la mesa de diálogo con Cataluña no genere nuevos agravios financieros entre comunidades autónomas. Cualquier acuerdo se debatirá en el Consejo de Política Fiscal (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, y por tanto tendrá consecuencias para el conjunto de los territorios. “Vetaremos cualquier privilegio para Cataluña”, afirmarán ante la plana mayor de Moncloa y Ferraz, que se reunirá este fin de semana en Valencia.

Insistirán en que la mesa de diálogo no puede dar lugar a nuevos agravios porque entonces no habría un acuerdo sino un “chantaje”, con el único fin de conseguir nuevos “privilegios” para Cataluña, como el que pretendió Artur Mas en septiembre de 2012 en La Moncloa planteando a Mariano Rajoy un ‘Pacto Fiscal’ con el Estado igual al vasco o al navarro. 

De aquella negativa del entonces presidente del Gobierno, recuerdan, nació un proceso independentista que Sánchez intenta ahora desactivar.

Preparados para “batallar en el TC”

Las fuentes socialistas a las que ha tenido acceso ECD explican que, en previsión de que Moncloa pueda caer en la tentación de satisfacer una demanda a ERC cercana a lo que pueda ser un ‘Pacto Fiscal’ con el Estado, Page, Vara y Lambán proclamarán en el Congreso del PSOE que están dispuestos a llevar al Gobierno hasta el Tribunal Constitucional.

Alguno de estos barones incluso ha pedido a los miembros del consejo consultivo de su comunidad autónoma que se preparen para posibles “batallas constitucionales” con el objetivo de defender “la igualdad de las comunidades autónomas en los servicios públicos y en el conjunto del funcionamiento del sistema jurídico español”.

Unidad en la Conferencia de Presidentes

Hay que recordar que la última concesión lograda por el lehendakari, Iñigo Urkullu, cuando arrancó al Gobierno central una reunión antes del verano de la Comisión Mixta del Concierto Económico para abordar la transferencia de tres nuevos impuestos a Euskadi, provocó un gran malestar en el resto de autonomías, en vísperas de la Conferencia de Presidente que Moncloa convocó a finales de julio en Salamanca.

Pedro Sánchez consiguió entonces que sus propios barones no le echasen en cara el “trato de favor” al País Vasco por el sistema de prometerles una armonización fiscal para el próximo año que beneficiará a sus autonomías, tal y cómo se contó en ECD.

El presidente buscaba que el PSOE acudiera a la Conferencia de Presidentes con una voz única de sus ocho barones autonómicos.

Una propuesta de armonización fiscal

Es un planteamiento que, además de Page, Vara y Lambán, también respaldan el valenciano Ximo Puig, el asturiano Adrián Barbón, la navarra María Chivite, la riojana Concha Andreu, y el canario, Ángel Víctor Torres. Solo hay dudas con la presidenta de Baleares, Francina Armengol.

En el PSOE aseguran que Armengol se opone por ahora a esa armonización fiscal porque la economía de las islas es mucho más boyante, fruto de la industria turística, y no se ve afectada por el fenómeno de la deslocalización fiscal y patrimonial, como ocurre con las comunidades socialistas del interior.

Armonización de Patrimonio y Sucesiones

Los barones socialistas apoyan el planteamiento que les hizo llegar Moncloa y Hacienda, de igualar para toda España el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a fin de acabar con lo que denominan “paraíso fiscal” de Madrid, como lo volvió a definir hace unos días el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.

Argumentan también que el tramo autonómico del IRPF ya tiene un porcentaje mínimo obligado para todos los territorios.

Eso sí, las autonomías socialistas rechazan que estos impuestos se conviertan en estatales, algo que defiende el socio de Gobierno Unidas Podemos (al menos, el de Patrimonio) de cara la futura reforma tributaria, porque dejarían de percibir esos ingresos, que han calculado que suponen una recaudación de unos 1.000 millones al año para las cuentas regionales.

No es un castigo fiscal a Madrid

Fuentes del Ministerio de Hacienda explican a Confidencial Digital que el planteamiento consistiría en subir los impuestos, no solo a los madrileños, sino que implicaría igualar en todas las autonomías esos tributos o, al menos, fijar unas franjas que no se puedan rebasar ni al alza ni a la baja (unos topes máximos y mínimos de tributación a los que todos tendrían que ceñirse).

Se trata de un plan nacional que el Gobierno incluirá en la reforma del sistema tributario que ha prometido para el año que viene a los barones del PSOE, en la que introducirá modificaciones respecto a Patrimonio y Sucesiones. “No es un castigo fiscal a Madrid, sino una armonización fiscal para toda España”, insisten en el departamento que dirige María Jesús Montero.

En la práctica, si esto se lleva adelante, supondrá una subida de impuestos para los contribuyentes de las comunidades con fiscalidad más baja -no sólo para los residentes en la Comunidad de Madrid-, pero, al mismo tiempo, implicará una bajada para aquellas que tienen impuestos más altos, en las que los contribuyentes saldrán beneficiados.