Los ayuntamientos que faciliten censos para el referéndum independentista podrán ser disueltos
Lo recoge la Ley de Bases del Régimen Local y Vox va a pedir al Gobierno que aplique la norma
Diversos ayuntamientos catalanes han aprobado ya la cesión del censo electoral para la celebración del referéndum independentista del próximo 9 de noviembre. Vox recuerda que la Ley de Bases del Régimen Local permite la disolución de los consistorios por esta práctica, y pedirá al Gobierno de Rajoy que actúe en consecuencia.
Según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, Vox va a solicitar al amparo del artículo 61 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, la disolución de los órganos de Gobierno de los municipios que acuerden la cesión de dicho censo. Según la Ley esta es una decisión que compete al Consejo de Ministros.
El partido de Vidal-Quadras y Santiago Abascal explica que, el artículo 61 de la citada Ley dice textualmente en su punto 1: “El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.
Para Vox, la cesión de un censo y el uso posterior que se pueda hacer de los datos atenta contra derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Dicha cesión abre la puerta a “tener listas de buenos y malos catalanes según el criterio de los nacionalistas” en cada municipio de Cataluñaa, según el presidente de Vox, Alejo Vidal-Quadras.
El candidato del partido a las elecciones europeas considera que “las continuas vulneraciones de la Ley y el permanente desafío al orden constitucional por parte de los separatistas catalanes son posibles por la debilidad y la falta de poder resolutivo de un Gobierno central que no está a la altura de sus responsabilidades”.
El artículo de la Ley de Bases del Régimen Local que permite la disolución de un Consistorio se ha aplicado ya en ocasiones anteriores. Vox recuerda que es el Gobierno de la Nación el que tiene que iniciar el proceso de disolución del Ayuntamiento y el que está sujeto a la obligación de velar por los intereses de todos los ciudadanos españoles, residan donde residan.
Ya ha habido una denuncia ciudadana
Tal y como avanzó este diario, un ciudadano de Cabrils (Barcelona) ya ha presentado una denuncia por la cesión de los datos del padrón municipal para la elaboración de las listas de votantes de cara a la consulta soberanista.
Para el denunciante, igual que para el Gobierno, esta maniobra supone una vulneración de la Ley de Protección de Datos. El Estado, a través de la Agencia Estatal, ya ha sancionado a varias administraciones públicas por vulnerar el derecho a la intimidad de los ciudadanos.
La demanda, al afectar a los derechos fundamentales, tiene un tratamiento de máxima urgencia, y en caso de que un juez la declare nula, podría suponer jurisprudencia e iniciar un proceso en otros ayuntamientos catalanes.
