Pacto secreto PSOE-PP: el Falcon de Sánchez, las escuchas de la ‘Kitchen’ y el rescate de Plus Ultra fuera de la comisión de secretos

Tras el escándalo del espionaje a líderes independentistas, Moncloa ha anunciado un control interno en el CNI para esclarecer lo sucedido, así como la activación de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Pero el Gobierno del PSOE negocia con el PP sacar de este foro tres asuntos delicados que comprometen a los dos partidos mayoritarios.

Por lo pronto, el Partido Popular se niega a quedar retratado como elemento de bloqueo y ha recordado que la norma que regula la composición de la Comisión es una resolución de la Presidencia del Congreso que data de 2004 y que se puede modificar de forma unilateral por la actual presidenta, Meritxell Batet.

Hay que destacar que las discusiones y las deliberaciones que se realicen en esta Comisión son completamente secretas.

El Gobierno no tiene mayoría

De acuerdo con la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, sobre secretos oficiales, de la Comisión solo puede formar parte un diputado por cada grupo parlamentario del Congreso. Además, para la elección del diputado se requiere de una mayoría de tres quintos, es decir, 210 diputados a favor de la elección.

Y aquí es donde radica el problema. El ministro Bolaños ha ofrecido a los partidos independentistas ERC y Junts entrar en la Comisión de Secretos Oficiales para que el CNI esclarezca el presunto espionaje de ‘Pegasus’. Sin embargo, el Gobierno no tiene la mayoría necesaria para permitirlo.

Negociación entre PSOE y PP

Hasta ahora, Batet ha venido insistiendo en que, aunque la competencia para constituir esa comisión es suya, no tendría mucho sentido intentar ponerla en marcha en las actuales condiciones políticas porque, tras consultar en privado con los principales grupos, no cuadran ni los números ni las posiciones para que prospere.

Sin embargo, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, Moncloa ha contactado de urgencia en las últimas horas con dirigentes del PP del máximo nivel y cercanía al líder, Alberto Núñez Feijóo, con los que ha conversado en privado sobre el ‘caso Pegasus’ y sus consecuencias políticas.

Contactos Bolaños-Gamarra

Uno de esos contactos ha sido de alto nivel, a iniciativa del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. 

Según las mismas fuentes, la número dos de Alberto Núñez Feijóo ha trasladado a Bolaños su “confianza” en las afirmaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre que siempre se ha actuado conforme a la ley y con supervisión judicial, especialmente por contraposición a las acusaciones de espionaje ilegal que creen sin fundamento ni pruebas de los socios nacionalistas e independentistas contra el Ejecutivo. 

El PP se ha ofrecido al Gobierno del PSOE, en estas conversaciones privadas, para darle su apoyo y aplacar el ‘caso Pegasus’.

Con la máxima discreción

Ahora bien, Génova ha reclamado que Robles y otros cargos oficialicen esas posiciones en una comisión del Congreso, pero de forma discreta.

Entienden que la Comisión de Secretos Oficiales es el lugar donde la ministra de Defensa, así como responsables del CNI, podrían ofrecer información y explicaciones “con la máxima transparencia” posible para zanjar este caso, en el que el PP ha respaldado por ahora totalmente la posición del PSOE en el Ejecutivo.

Afirman que “sería bueno” activar cuanto antes esa comisión, “sobre todo por el momento de incertidumbre que se vive por este asunto”. Y ante las exigencias de responsabilidades políticas que están requiriendo varios de los partidos socios del gobierno de coalición y de investidura en el Parlamento.

Exclusión de tres “bombas”

Fuentes del PSOE y del PP admiten a ECD que la Comisión de Secretos Oficiales acumula cuestiones que la oposición exige aclarar y que el Gobierno asegura no poder hacerlo por ser “materias secretas”, como podría suceder ahora con el caso del espionaje a líderes independentistas.

En esta lista de tareas pendientes destacan los viajes en Falcon de Pedro Sánchez, el supuesto uso de fondos públicos para operaciones policiales como la ‘Kitchen’, la vigilancia del imán de los atentados de Barcelona, o más recientemente la concesión de polémicas ayudas públicas como la recibida por la aerolínea Plus Ultra.

Las fuentes de ambos partidos, consultadas por ECD, confirman que Bolaños y Gamarra han pactado excluir los viajes en Falcon del presidente y el fiasco de Plus Ultra (escándalos que afectan al PSOE), y las presuntas escuchas de la operación ‘Kitchen’ y la vigilancia del imán de Ripoll (que comprometen al PP), fuera de la comisión de secretos.

Los viajes en Falcon de Sánchez

Uno de los asuntos más polémicos son los viajes de Sánchez en Falcon. El Ejecutivo ha rehusado hasta ahora dar cuenta de los desplazamientos que realizó el presidente del Gobierno durante todo el año 2021 por ser “materia especialmente sensible”, conforme a lo establecido en la Ley de Secretos Oficiales.

Diversos diputados del PP, con su portavoz, Cuca Gamarra, a la cabeza, registraron una batería de preguntas escritas en el Congreso pidiendo al Gobierno que detallara los trayectos efectuados por Sánchez a bordo del Falcon 900 de la Fuerza Aérea Española y de los medios aéreos pertenecientes a las Fuerzas Armadas -concretamente helicópteros-, especificando el origen, el destino y el motivo de cada desplazamiento.

Moncloa viene rechazando por sistema dar información acogiéndose a la Ley reguladora de los Secretos Oficiales, que detalla que “tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección”.

También resultan especialmente delicados para el PSOE, reconocen en Ferraz, los detalles de las reuniones que mantuvo el año pasado el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. O el dinero público que destinó el Ejecutivo de Sánchez para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Asuntos delicados para el PP

Por su parte, en el entorno de Feijóo no pasan por alto que el programa ‘Pegasus’ habría sido adquirido por el Gobierno de Mariano Rajoy, en tiempos de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, y se habría utilizado presuntamente durante la ‘operación Kitchen’ para el espionaje de adversarios políticos y contra sus propios compañeros, como el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

Tampoco ha quedado aclarada la relación del imán de Ripoll y el CNI durante el mandato del PP. El ex comisario Villarejo insinuó hace unos meses que el atentado yihadista de las Ramblas fue consecuencia de un “error grave” del ex director del CNI, Félix Sanz Roldán, que “calculó mal las consecuencias por dar un pequeño susto a Cataluña”. La relación de ‘La Casa” con el imán de Ripoll nunca se ha investigado.

Tres años sin controlar el CNI

Hay que recordar que alcanzar los 210 votos para activar la Comisión de Secretos Oficiales resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político no parece propicio. 

Por ejemplo, para que ERC, Junts, EH Bildu o la CUP estén representados en la Comisión, es necesario que los diputados de PP, Vox y Ciudadanos (juntos suman 150) voten a favor. Si todos se niegan, nadie puede lograr ese mínimo de 210. Sin embargo, la dirección del Partido Popular solo rechaza en este momento a Bildu, dados sus antiguos vínculos con Batasuna.

Y al revés: para que PP, Vox y Ciudadanos lleguen a los votos requeridos, necesitan la ayuda de PSOE y Unidas Podemos, poco partidarios de facilitar el acceso a este foro al partido de Santiago Abascal.

Por tanto, se trata de un veto cruzado cuya principal consecuencia es que el pasado 3 de marzo se cumplieron tres años de la última reunión de la Comisión de Secretos Oficiales, hace ya dos legislaturas. 

Es la única comisión que falta por crearse en el Congreso. Esto significa que el Parlamento no ha ejercido control parlamentario alguno de las actividades del CNI ni ha recibido ninguno de los informes semestrales sobre el uso de los fondos reservados que debían exponer los ministros competentes (Defensa, Interior y Exteriores).