Caso Ana Obregón. Irene Montero prepara multas contra 15 agencias que publicitan la gestación subrogada en España
Investiga a una veintena de intermediarios, a los que acusará de “explotación reproductiva” apoyándose en la última reforma de la ley del aborto
El caso de Ana Obregón ha reavivado el debate de la gestación subrogada en España y ha provocado que de nuevo sobrevuele la pregunta sobre qué hay que hacer en esa materia. El Gobierno tiene muy clara su posición: mantiene el portazo a regular en favor de este tipo de prácticas. Hasta el punto de que se ha propuesto aplicar ya sanciones.
“Es una forma de violencia contra las mujeres”. Así lo han repetido estos últimos días las ministras de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, y de Hacienda, María Jesús Montero, del PSOE, tras ser preguntadas sobre el caso de la actriz, que a los 68 años ha acogido una niña por gestación subrogada en Miami.
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, la ley del aborto es el instrumento que PSOE y Unidas Podemos van a utilizar para aplicar sanciones contra los casos de maternidad subrogada.
Se trata una práctica ilegal en España, pero que, además, con la última reforma de la norma, ha pasado a calificarse de “explotación reproductiva” y considerarse un acto de violencia directa contra la mujer.
Multas contra 15 agencias
Fuentes del Ministerio de Igualdad explican a ECD que las agencias de gestación subrogada “recurren a habituales estrategias de marketing, con un lenguaje y un tono claramente mercantil en la mayoría de los casos, y con argumentos tanto emocionales como de carácter técnico-científico”.
Recuerdan que estas agencias de intermediación deberían haber cesado de publicitar una actividad que en España es ilegal desde el pasado 2 de marzo, cuando la reforma de la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las fuentes de Igualdad consultadas por ECD confirman que han detectado hasta 23 empresas cuyas páginas web continúan difundiendo estos servicios, 15 de las cuales tienen su localización en España, y contra las que se preparan duras multas.
Prohibición de la publicidad
Se tiene en cuenta que la reforma de la ley del aborto aprobada hace unas semanas va mucho más allá de lo que ha acaparado los titulares, como ocurre con la supresión de la obligación de tener el permiso parental para que las menores de 16 y 17 años interrumpan su embarazo, la garantía de que la sanidad pública realizará abortos en al menos un centro en cada provincia, y la baja laboral por reglas muy dolorosas avalada por un informe médico.
En su articulado se habla igualmente de la financiación de la píldora anticonceptiva, de la disposición de compresas, tampones y copas en los centros educativos y, también, refuerza la ilegalidad de la gestación por sustitución ya establecida en la ley del 2006 de técnicas de reproducción humana asistida, incluyendo la prohibición de la publicidad por parte de agencias de intermediación.
Les acusa de “explotación reproductiva”
En el artículo 32, la ley deja claro que las administraciones promoverán la eliminación de “cualquier tipo de publicidad que tenga por finalidad la mercantilización de la salud reproductiva por parte de terceras personas, por atentar contra la dignidad de las mujeres”.
La maternidad subrogada, la gestación subrogada o los vientres de alquiler, es como habitualmente se conoce a la práctica que “se da cuando una mujer se presta a gestar un niño para, una vez nacido, entregárselo a la persona o personas que se lo han encargado y que van a asumir su paternidad/maternidad”, como lo define el Comité de Bioética de España. Este organismo los rechaza tajantemente, porque “todo contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”.
Ese argumento es compartido por el Tribunal Supremo, que, en una sentencia de abril del 2022, censuró el hecho de que las agencias de intermediación “actúan y se publicitan libremente en España” pese a los convenios internacionales y las disposiciones legales que declaran la nulidad de pleno derecho de la maternidad subrogada, y que también proscriben que su publicidad atenta contra la dignidad de la persona.
