Castilla y León llevará al Constitucional cualquier intento de anexión de Treviño al País Vasco
El vicepresidente de la Junta no entiende el desplante del PSOE en la votación propuesta por el PNV para administrar el territorio burgalés durante el estado de alarma
Malestar en la Junta de Castilla y León ante la gestión de facto del enclave de Treviño por parte del País Vasco durante la duración del nuevo estado de alarma, que se prolongará previsiblemente hasta el próximo mes de mayo. El territorio burgalés, incrustado en Álava y aislado del resto de Castilla y León, será administrado por el gobierno vasco gracias a una propuesta de ley del PNV aprobada el pasado miércoles en el Congreso.
Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, no oculta su hartazgo ante una situación que se repite por segunda vez durante este año. La cara visible de Ciudadanos en esta comunidad califica los hechos como un nuevo desaire del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, formaciones que gobiernan Euskadi en coalición. "Estamos acostumbrados a que el PNV nos desprecie, pero no me lo esperaba del PSOE", expresa Igea. El vicepresidente considera que un traspaso definitivo del enclave al País Vasco constituiría una acto inconstitucional. "Nos veríamos en los tribunales", advierte.
El hemiciclo aprobó por primera vez este trasvase de competencias temporal el pasado 5 de mayo, durante la desescalada sanitaria. En esta segunda ocasión, la propuesta ha salido adelante con los 196 votos favorables del gobierno de coalición, los partidos vascos, Esquerra Republicana, el grupo plural (Más País, Compromís, Junts Per Catalunya y BNG) y el grupo mixto (CUP, Coalición Canaria y Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC). Esta propuesta se añade al Real Decreto 926/2020 que da cobertura legislativa al nuevo estado de alarma promulgado.
Igea asegura mostrarse decepcionado con el principal partido del Gobierno tras el resultado de la votación. "Lo analizaremos en el consejo [de gobierno] de esta semana. Estamos sorprendidos, lógicamente: es la segunda vez que el PSOE hace esto. Es una falta de respeto". El vicepresidente explica que ni desde Moncloa ni desde Ajuria Enea se tomó en consideración a la Junta de Castilla y León de cara a la votación. "Lo han hecho sin avisar, como siempre", afirma el portavoz de la Junta. Y añade: "Los funcionarios que trabajan allí están bajo nuestra responsabilidad".
Un contencioso histórico
El País Vasco reclama la titularidad del enclave -conformado por los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón- desde el año 1880, fecha en la que se registran las primeras solicitudes para integrar al territorio en Álava. Los ayuntamientos del territorio continuaron con la reclamación durante la posguerra, y volvieron a intentarlo tras la llegada de la democracia, en 1980. El ayuntamiento de Condado de Treviño se declaró "en estado de indefensión administrativa" en 1999, una promulgación que fue anulada dos años después por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
En 2014, la pelea administrativa entre Castilla y León y el País Vasco provocó la muerte de una menor de tres años por una simple varicela. La familia de la niña aseguró que Osakidetza, el servicio de salud vasco, denegó el traslado en ambulancia de la menor al hospital de Vitoria, indicándoles que debían reclamar el servicio a su homólogo castellano y leonés, Sacyl, y trasladarla a la localidad de Miranda de Ebro (Burgos).
La situación provocó la firma, cuatro años después, de un convenio temporal y prorrogable entre los dos gobiernos para repartirse la gestión de varios servicios públicos en Treviño. Una tregua interrumpida tras la propuesta aprobada para la gestión vasca del enclave, que amenaza con reabrir viejas heridas.
