Un centenar de independentistas imputados por actos de violencia el 1-O
Un juzgado de Barcelona les ha citado a declarar como investigados, acusados de “alteración del orden público”
Las escenas de disturbios en decenas de colegios de Cataluña el pasado 1 de octubre, día del referéndum ilegal, van a tener consecuencias judiciales. Voluntarios que acudieron a los puntos de votación y que participaron en los enfrentamientos con la Policía y la Guardia Civil están recibiendo citaciones judiciales como investigados por un delito.
Las cargas efectuadas por los agentes de las Fuerzas de Seguridad para entrar en los centros escolares, y la respuesta violenta en algunos casos de los independentistas que trataban de bloquear el acceso (algunos lanzaron sillas, piedras, atacaron con palos...) apenas se saldaron con detenidos el mismo 1-O.
Semanas después fueron arrestadas algunas personas, acusadas de agresiones, tras ser analizados vídeos grabados. Por ejemplo, un hombre fue detenido acusado por haber derribado con una silla a un guardia civil en Manresa. Pero fueron solo casos aislados.
Delito de alteración del orden público
Tres meses y medio después del referéndum, organizado por el gobierno catalán de Carles Puigdemont, El Confidencial Digital ha podido saber que decenas de independentistas, que estuvieron en los puntos de votación y que participaron en esos disturbios, están recibiendo citaciones judiciales.
Fuentes de los Comités de Defensa de la República, los colectivos independentistas que nacieron para ocupar los colegios el 1-O frente a las Fuerzas de Seguridad, cuentan que, desde principios de enero, estaban llegando citaciones para ir a declarar como testigos en procedimientos judiciales que investigan los disturbios ocurridos ese día.
Pero ha sido en los últimos días cuando han llegado ya citaciones para presentarse ante el juez en calidad de investigados, es decir, lo que antes se llamaba imputado.
Según ha sabido ECD, los llamados son ya al menos un centenar los independentistas, de diversas zonas de Cataluña, que tendrán que declarar ante un juez de Barcelona bajo acusación de delito de “alteración del orden público”.
El Código Penal, en su artículo 557, describe así ese delito: “Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo”.
Asistencia jurídica de los independentistas
Ante esta oleada de citaciones judiciales a más de cien personas -número que podría ir ampliándose en los próximos días y semanas-, los Comités de Defensa de la República se han puesto en marcha para auxiliar a estos imputados.
Están aconsejando a sus simpatizantes a que, si reciben una citación judicial por haber participado en los disturbios del 1-O, se pongan en contacto con ellos.
Estos colectivos independentistas, que han tomado el relevo de la Assemblea Nacional Catalana y de Ómnium Cultural en el papel de agitación callejera, están ofreciendo a sus activistas imputados asistencia jurídica.
Hay abogados que se pondrán a disposición de los citados por “alteración del orden público”, y además los imputados recibirán también “asesoramiento político” para hacer frente a las responsabilidades penales por su participación en altercados el día del referéndum del 1 de octubre.
