Política

Choque Gobierno-Feijóo: el estado de alarma no ampara multas por rechazar la vacuna contra el Covid

Sanidad ha trasladado a la Xunta que el actual decreto no permite obligar ni sancionar a quienes se nieguen a recibir las dosis, y que debía haber llevado la propuesta al Consejo Interterritorial

Alberto Núñez Feijóo
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Primero fue Díaz Ayuso, después Fernández Mañueco y ahora Núñez Feijóo. Otro presidente del PP se ha propuesto confrontar directamente con el Gobierno, lo que vaticina un nuevo choque con Sanidad por la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus, que amenaza con judicializarse como el toque de queda en Castilla y León.

En España ha habido poca controversia sobre la voluntariedad de la vacuna frente al Covid-19. Antes de que la UE aprobara la primera, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que se podría estudiar la obligatoriedad si era necesario para llegar a una amplia cobertura vacunal. Pero pronto se desechó esta posibilidad.

Galicia se ha salido ahora de ese guion. Su Parlamento, con la mayoría absoluta del PP de Alberto Núñez Feijóo, ha aprobado una reforma en la Ley de Salud autonómica que permite sancionar con multas de entre 1.000 y 600.000 euros a las personas que se nieguen injustificadamente a vacunarse contra el Covid y frente a posibles virus futuros.

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La vacuna no es obligatoria

Por el momento, el Ministerio de Sanidad se ha limitado a explicar que “al igual que el resto de vacunaciones en España, la vacuna del coronavirus no es obligatoria”, tal y como recoge la estrategia nacional de vacunación.

Pero no ha aclarado si se tomará alguna medida al respecto o si se recurrirá lo aprobado en Galicia. “Se informará de cualquier decisión”, explican en el departamento que dirige Carolina Darias.

Existen antecedentes jurídicos

En España, la vacunación no es obligatoria salvo que lo diga un juez. Las personas, por lo tanto, están en su derecho a negarse a que se le suministre una dosis. Sin embargo, en crisis sanitarias o epidémicas sí que se abre la puerta a hacerlo.

La Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública del 14 de abril lo contempla en su artículo segundo, que dice así:

-- “Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”.

Por lo tanto, aunque la vacunación es voluntaria, existen antecedentes jurídicos, en el contexto de una situación de brote epidémico, en los que se ha obligado a vacunar.

La herramienta es el estado de alarma

Pese a ello, fuentes próximas a Sanidad explican a Confidencial Digital que, en un escenario de grave amenaza para la salud pública, la herramienta más garantista desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales es recurrir al decreto de estado de alarma.

La Ley 41/2002 básica y reguladora de la Autonomía del Paciente reconoce este principio de autonomía de la voluntad en su artículo 2ª e., donde garantiza el derecho a aceptar o rechazar terapias o procedimientos médicos.

Un criterio que respeta la Ley 33/2011 General de Salud Pública. También la propia Constitución española recoge el derecho de cualquier persona a no vacunarse amparándose en el respeto a los derechos de libertad e intimidad.

En el Gobierno se piensa, por ejemplo, en sanitarios y trabajadores de residencias de mayores, pero también en cualquier perfil profesional cuya negativa a vacunarse, valorando el contacto directo que vaya a tener con el resto de la población por su actividad, genere riesgo para otras personas con consecuencias de tipo sancionador.

… pero el actual decreto no lo ampara

Por lo pronto, las fuentes consultadas por ECD confirman que el Ministerio de Sanidad está dispuesto a debatir este asunto en el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Gobierno con las comunidades autónomas, pese a que su postura es contraria a la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Defienden que la vacunación obligatoria es una medida que no puede adoptarse además con el actual decreto sobre el estado de alarma que aprobó el Gobierno el pasado mes de octubre. Esta posibilidad no se contempló entonces, como tampoco los confinamientos domiciliarios o el adelanto del toque de queda antes de las diez de la noche.

En el Ejecutivo explican que una comunidad no puede aplicar unilateralmente la obligatoriedad, sin que haya circunstancias graves en Galicia en comparación con otros territorios, aunque el decreto otorgue poderes a los presidentes autonómicos como autoridades delegadas competentes para imponer medidas para frenar la epidemia.

Añaden que habría que introducir un nuevo instrumento legal, al amparo de las atribuciones del Gobierno para decretar el estado de alarma y prever en sus disposiciones que esta situación incluya, con los matices y excepciones precisos, un respaldo jurídico para sancionar en caso de que alguien rechace vacunarse.

Ante personas de riesgo que se nieguen, en el Ejecutivo recuerdan que “el calendario de vacunación llega por ahora hasta el mes de mayo, coincidiendo con la vigencia del estado de alarma”.

Menor rechazo cada vez a la vacuna

“Si fuera necesario obligar a vacunar a personas que suponen una grave amenaza para la salud pública tendría sentido estar preparados para que, cuando nos enfrentásemos a esa situación o un brote importante, no fuese una cuestión que hubiera que judicializar, sino que fuera una cuestión que la legislación prevea expresamente”, defienden en Sanidad.

Sin embargo, recuerdan que, según el último barómetro del CIS, cada vez más ciudadanos están dispuestos a vacunarse en cuanto puedan. El 82,9% de los encuestados están dispuestos a hacerlo, 10,4 puntos más que hace un mes (72,5%).

El porcentaje duplica a los que contestaban afirmativamente en diciembre (40,5%), días antes de que empezaran a suministrarse en España. Todavía no están publicados los últimos datos detallados por comunidades autónomas.

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