Citados a declarar los catalanes que denunciaron el uso de datos personales para el 1-O
El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona está reuniendo información sobre la utilización del censo por parte del Govern de Cataluña para el referéndum ilegal
Rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia no son los únicos delitos a los que se enfrentan los principales dirigentes de la fase culminante del proceso independentista en Cataluña que culminó con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia del 27 de ese mismo mes.
En paralelo a las actuaciones que han llevado a cabo Pablo Llarena en el Tribunal Supremo y Carmen Lamela en la Audiencia Nacional, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer investiga desde el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona los preparativos para organizar esa votación del 1-O. Precisamente comenzó la instrucción a raíz de una denuncia por las palabras del ex juez Santiago Vidal en un acto independentista, asegurando que el Govern ya tenía todos los datos de los catalanes para construir su estado independiente, y que los había conseguido de forma ilegal.
Confidencial Digital ha podido saber que desde hace varias semanas están recibiendo citaciones para declarar ante el juez algunos de los ciudadanos catalanes que, antes del referéndum del 1-O, presentaron denuncias contra la Generalitat precisamente por considerar que estaba incumpliendo la ley al utilizar los datos personales del censo electoral para llevar a cabo un acto ilegal, como fue ese referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
La Ley Orgánica de Protección de Datos establece distintas sanciones para quien realiza un uso indebido de los datos personales de los ciudadanos que custodian las administraciones públicas para fines muy tasados.
Citaciones para declarar y reafirmar la denuncia
Tal y como se contó en estas páginas en septiembre de 2017, algunos ciudadanos de Cataluña reaccionaron ante los preparativos del Govern para celebrar el referéndum y acudieron a presentar denuncias por el uso de sus datos personales, denuncias que presentaron, sobre todo, en comandancias y cuarteles de la Guardia Civil. Por esas fechas, el Instituto Armado ya había llevado a cabo algunas actuaciones por orden judicial para frenar los preparativos del referéndum.
Ahora ECD ha podido saber que estos denunciantes han comenzado a recibir citaciones judiciales para que acudan a declarar ante los tribunales. Según las fuentes consultadas, desde hace varias semanas la justicia está citando a muchos de esos denunciantes.
La investigación sobre estas denuncias las centraliza el ya mencionado juez de instrucción número 13 de Barcelona, que ha ido agrupando denuncias sobre uso ilegal de datos personales en el 1-O presentadas en comandancias y juzgados de distintos puntos de Cataluña.
Meses después de presentar la denuncia, los denunciantes acudirán ante el juez para exponer sus razones para denunciar al Govern de Carles Puigdemont por estos hechos. En algunos casos, para evitar tener que ir a Barcelona, los ciudadanos que llevaron ante los tribunales al Govern van a poder acudir a ratificarse en su denuncia en juzgados de otros municipios catalanes.
77 casos en la Agencia de Protección de Datos
El Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona también asumió las denuncias que llegaron a la Agencia Española de Protección de Datos. A este organismo, así como a su homólogo a nivel autonómico en Cataluña, llegaron también denuncias -en paralelo a las presentadas ante las Fuerzas de Seguridad y los juzgados- por el supuesto uso ilegal de los datos del censo para el referéndum independentista.
Según ha podido saber ECD, hace unos meses la Agencia Española de Protección de Datos decidió archivar las actuaciones que estaban llevando a cabo para investigar este asunto. Pero no las archivó para dar carpetazo al asunto, sino porque decidió remitirlas a ese Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, al entender que la justicia ya estaba investigando posibles consecuencias penales un asunto en el que la agencia sólo tiene capacidad de sanción administrativa.
Entre septiembre de 2017 y abril de 2018, la Agencia Española de Protección de Datos había recibido 77 denuncias relacionadas con el referéndum ilegal del 1 de octubre.
