Fractura en el Govern

Tres consejeros de Artur Mas desobedecerán las órdenes contrarias a la Constitución

Andreu Mas-Colell (Economía), Felip Puig (Empleo) y Germà Gordo (Justicia) se desmarcan del actual proceso rupturista. Tienen en cuenta las consecuencias penales y económicas

Reunión del gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Reunión del gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Rebelión en la Generalitat. Varios consejeros de Artur Mas se han plantado contra la declaración de independencia que da inicio al proceso de “desconexión” de Cataluña con España. Moncloa les ha puesto en su punto de mira y no están dispuestos a asumir las responsabilidades penales y económicas que acarreará no acatar la suspensión del TC.


Desde el Gobierno central se ha optado por ampliar el foco y estar pendiente no sólo de las próximas actuaciones de la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, sino también de los pasos de Artur Mas y de todos sus consejeros.

Incluso, se está al tanto de los movimientos de los portavoces de los grupos de Junts pel Sí y la CUP, si se decide que el camino de la desobediencia se canalice a través del Parlament.

Presidencia solicitó al Tribunal Constitucional que la notificación de la suspensión de la declaración de independencia se haga llegar a todos ellos. En concreto, prohibirá a Mas y a sus consejeros “promover cualquier iniciativa legislativa o dictar norma de rango reglamentario o una actuación con la misma finalidad”.

Tres consejeros se rebelan contra la declaración

Según ha sabido El Confidencial Digital por fuentes políticas en Cataluña, tres consejeros del actual equipo de Artur Mas, que están a la espera de si el presidente de la Generalitat resulta o no reelegido este jueves en la segunda votación de investidura, se inclinan por no desobedecer al Tribunal Constitucional.

Se han mostrado en privado especialmente críticos con los planteamientos de la declaración independentista y la entrega total de Mas a los deseos de la CUP. Se trata de los consejeros Andreu Mas-Colell (Economía y Hacienda), Felip Puig (Empleo) y Germà Gordó (Justicia).

ECD se ha puesto en contacto con el departamento de Empleo donde no niegan que el conseller se decante por esta postura. Aclaran, sin embargo, que habrá que ver si Puig forma parte o no del nuevo Gobierno encargado de desarrollar las estructuras de la República catalana que contempla la resolución secesionista. Rechazan, en cualquier caso, que su actitud responda al temor a una sanción.

En la Consellería de Justicia admiten que en el seno del Ejecutivo catalán hay abierto un debate interno sobre la conveniencia de continuar por la senda rupturista emprendida. No se precisa si el titular está en esta posición de rebeldía.

En cualquier caso, se remiten a la respuesta que la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Neús Munté, que habla en nombre de todo el Gobierno como órgano colegiado, ofreció este miércoles a última hora cuando la suspensión de la declaración fue efectiva.

Desde el entorno de Andreu Mas-Colell recuerdan el carácter ‘moderado’ que ha mostrado siempre frente a decisiones excesivamente radicales sobre la independencia de Cataluña.

 

Se enfrentan a responsabilidades penales y económicas

Según las fuentes consultadas por ECD, los tres consellers habían mostrado lealtad al president hasta ahora y en todo momento. Una de las opciones que contempla alguno de ellos es no formar parte del nuevo gobierno, en caso de que Artur Mas sea investido este jueves. Este es el Ejecutivo que tendrá el mandato concreto de desplegar la República catalana.

Otro de los escenarios que se barajan es que Mas y su Gobierno, aún en funciones, se impliquen en la redacción de los textos, mientras el president gana tiempo para ir avanzando en la negociación de su investidura.

Si Artur Mas cede y da directrices a su equipo para avanzar en un proceso constituyente o una Hacienda o una Seguridad Social propia, los consejeros de las áreas implicadas tendrían que responder ante el TC por desobediencia. También deberían hacer frente a sanciones de hasta 30.000 euros.

Tramitación de las leyes en un plazo de 30 días

Moncloa da por hecho que este jueves quedará anulada la moción independentista a todos los efectos. A partir de ese momento, de ponerse en marcha el proceso en los próximos días, algunos departamentos de la Generalitat tendrían que ocuparse de redactar los proyectos legislativos.

Hay que recordar que la resolución de ruptura de Cataluña con España, aprobada este lunes con 72 votos a favor y 63 en contra, prevé iniciar en el plazo de treinta días “la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública”.

Se trata, recoge el texto, de hacer posible “el proceso de desconexión democrática” de España. Se advierte de que no se hará caso a las decisiones que adopten las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”, “deslegitimado” desde que dictó la sentencia del Estatut en 2010.

Mas-Colell no aplaudió la moción independentista

El desacuerdo de parte de los miembros del Govern de Artur Mas con la declaración independentista quedó en evidencia este lunes en el Parlament.

El propio conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, evitó aplaudir públicamente en el pleno la aprobación de la moción secesionista, mientras el resto de la bancada y los diputados soberanistas de Junts pel Sí y la CUP se ponían en pie y jaleaban la decisión.

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