Denuncian que la nueva Ley de Memoria Democrática no garantiza la persecución de los crímenes del franquismo

El Consejo de Ministros aprobó el 15 de septiembre un anteproyecto de ley de Memoria Democrática con el que el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, concretamente el Ministerio de la Presidencia de Carmen Calvo, pretende ir más allá de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero en lo que se refiere a las “reparaciones” de las víctimas de la dictadura de Franco.

Un total de 94 asociaciones y colectivos relacionados con la Memoria Histórica, reunidos en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, han analizado el texto del anteproyecto y no han quedado satisfechos: lo ven insuficiente y con numerosas carencias y omisiones.

Por ejemplo, lamentan que no se incluya la declaración de nulidad de lo que consideran “uno de los pilares fundamentales de la impunidad del franquismo”: la Ley de Amnistía de 1977. Creen que se debería declarar nula, si no toda la ley, al menos “aquellos apartados (artículo 2, apartados e y f) que impiden investigar los crímenes del franquismo, y por tanto, el acceso a la justicia”.

Pero, además, la decepción de ese casi centenar de entidades, que confiaba en que la nueva Ley de Memoria Democrática recogiera sus aspiraciones, se centra en que el texto, tal y como está actualmente redactado en anteproyecto de ley, “enuncia la necesidad de investigar los crímenes franquistas, pero en ningún modo garantiza su persecución penal”.

En ese sentido, subrayan que “no hay ningún avance con respecto a la Ley de Memoria 52/2007, quedando por tanto cercenado el Derecho a la Justicia para las víctimas del franquismo”. Apuntan que un paso fundamental sí sería crear una fiscalía especializada para la investigación y persecución penal de los crímenes del franquismo y la transición.

También critican que “el Anteproyecto no garantiza la tutela judicial efectiva en la localización y exhumación de las fosas comunes del franquismo”, si bien admiten que “es un avance que el Estado español asuma su responsabilidad directa en la recuperación e identificación de las víctimas”.

En general, la opinión de esas asociaciones por la Memoria Histórica de las víctimas del franquismo es que la nueva ley se queda corta en muchos aspectos: “No podemos conformarnos con declarar las sentencias represivas como ‘nulas e ilegítimas’, tal y como recoge el Anteproyecto, porque esa definición no tiene validez jurídica alguna. Propugnamos que tanto las sentencias como los tribunales y toda la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos”.