Los detalles menos conocidos de la difícil comparecencia de Soraya en el juicio del ‘procés’

Tras los interrogatorios a los acusados, el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo ha entrado en la fase de comparecencias de los testigos. Ocupará bastantes semanas, habida cuenta de que el tribunal que preside Manuel Marchena ha aceptado citar a cerca de 500 personas para testificar en la vista oral.

La primera jornada de estas comparecencias tuvo lugar este miércoles 27 de febrero. Por el Tribunal Supremo pasaron algunos de los principales responsables políticos implicados en la gestión que hizo el Gobierno de España del desafío independentista: el entonces presidente Mariano Rajoy, su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y su ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Un interrogatorio largo y duro

La primera de los tres en comparecer fue Sáenz de Santamaría, que cerró el turno de la mañana tras el paso de Joan Tardà, diputado de ERC en el Congreso, y del ex presidente del Govern de la Generalitat de Cataluña Artur Mas.

Sáenz de Santamaría fue recibida, como otras autoridades, por personal del Tribunal Supremo a las puertas del tribunal en la Plaza de la Villa de París. Como Roger Torrent, que estaba citado para antes que la ex número dos de Rajoy, había excusado su presencia, el testimonio se adelantó. Aún así, fue un interrogatorio largo y duro, que impidió que Cristóbal Montoro pudiera pasar por la sala de vistas por la mañana, tal y como estaba previsto.

La ex vicepresidenta entró en la sala con una ligera sonrisa, vestida con chaqueta y pantalón de color oscuro, azul casi negro, y una blusa blanca. De esta forma, Saénz de Santamaría, que estudió de Derecho y sacó la oposición de abogada del Estado, cumplió con la costumbre o norma no escrita que recomienda comparecer ante un tribunal de negro, con una vestimenta discreta.

A ese vestuario se le suele denominar, en el lenguaje del mundo judicial, “guardar sala”. Lo suelen seguir acusados y testigos por recomendación de sus abogados, si bien es una costumbre que poco a poco se va perdiendo. Sáenz de Santamaría lo siguió estrictamente; Mariano Rajoy, en parte también, si bien en esta ocasión su corbata no era negra lisa, sino que incluía puntos blancos.

No se cruzó con los acusados... como Junqueras

Antes que Soraya Sáenz de Santamaría, se sentaron en la silla ante el tribunal Joan Tardà y Artur Mas, que al pasar junto a los bancos en los que se sientan los acusados hicieron gestos y saludaron tocándoles el hombro a alguno de ellos. También lo hizo después Marta Pascal, del PDeCAT. Por ejemplo, con Santi Vila, ex consejero de Cultura, que no está en prisión provisional, o Josep Rull, que también estaba en ese lado de la sala.

Sin embargo, los ex miembros del Gobierno de España pasaran junto a los bancos de los acusados mirando al frente, sin cruzar la mirada con los imputados por la intentona secesionista en Cataluña. Tampoco Sáenz de Santamaría lo hizo con quien, según ella misma explicó, se reunió en tres ocasiones como vicepresidenta para tratar de mejorar las relaciones del Gobierno de España con el Govern de la Generalitat de Cataluña: su entonces homólogo, el vicepresidente Oriol Junqueras.

El líder de ERC se sienta desde hace varias sesiones del juicio no en la zona central de los acusados, sino en un lateral, detrás de su abogado y junto a Raül Romeva, con el que comparte letrado. Durante las comparencias de Soraya y otros testigos, Junqueras permaneció con la vista al frente, o con los ojos hacia abajo, escribiendo en una libreta.

Al acabar la intervención de Sáenz de Santamaría (que fue bastante extensa), Manuel Marchena suspendió la vista hasta las cuatro de la tarde, dejando una hora y media para comer a mediodía. En ese momento se desalojó la sala del Supremo, pero la ahora consejera de Estado -así se definió al comenzar a testificar, al responder sobre su profesión- tuvo mucho cuidado de no cruzarse ni coincidir cara a cara con ninguno de los acusados. Al ver que se levantaban de sus bancos, que estaban detrás de la silla donde ella había prestado declaración, sonrió y disimuladamente se giró hacia la presidencia del tribunal, haciendo tiempo.

En ese momento, se acercó a estrecharle la mano Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, con quien Sáenz de Santamaría había mantenido un cierto duelo dialéctico en el que, sin embargo, no faltaron tampoco los cumplidos (“Es usted muy amable”, le dijo en un momento Melero a la ex vicepresidenta, sin ironía).

Al final, mientras los imputados saludaban a los familiares y conocidos que asistían a la vista, Sáenz de Santamaría fue conducida discretamente fuera de la sala sin tener ningún encontronazo incómodo con los políticos independentistas acusados.

Pulso político y pullas Vox

Tal y como adelantó un día antes ECD, los letrados de Vox prepararon un interrogatorio duro para Rajoy y Sáenz de Santamaría. Pese a que, en teoría, ese papel pudiera parecer reservado a los abogados defensores de los acusados, en su día ‘rivales’ en la pugna del independentismo con el Estado, Javier Ortega Smith supuso un reto, sobre todo para la ex vicepresidenta.

Sáenz de Santamaría se mostró incluso algo nerviosa en los primeros compases de su comparecencia, ante las preguntas de Ortega Smith, mientras que tuvo mejor control ante los abogados de las defensas. En esa primera parte, muchas de sus respuestas comenzaban con unos segundos de retraso, ya que estaba bebiendo agua para aclararse la garganta.

De hecho, el duelo entre el representante de Vox y la ex vicepresidenta del Gobierno del PP tuvo también una clara faceta política. Varias de las preguntas de Ortega Smith trataban de incidir en por qué el Ejecutivo de Rajoy no activó el artículo 155 antes de lo que lo hizo, pudiendo así haber evitado el 1-O y otros días de incidentes y conflicto; le preguntó con cierta sorna por la llamada “Operación Diálogo” que protagonizó Sáenz de Santamaría; le echó en cara las deficiencias en la respuesta policial ante el desafío independentista...

Ante estas primeras críticas, que le llevaban no del lado de los políticos independentistas, Sáenz de Santamaría reaccionó en ocasiones cortante y tensa, también contundente.

Esta parte del interrogatorio se convirtió en un auténtico duelo político, en el que trascendían las críticas que Vox, como partido, hizo y sigue haciendo de la respuesta que dio el Gobierno del PP al desafío independentista. Ante las críticas, Sáenz de Santamaría realizó la reivindicación del papel del Ejecutivo de Rajoy y de ella misma que hasta ahora no había hecho de forma tan clara, si acaso en la campaña de las primarias del PP.

Dicha reivindicación llega cuando lleva meses alejada de la política, tras su derrota en las primarias del Partido Popular ante Pablo Casado. En estos meses, Sáenz de Santamaría ha permanecido lejos de los focos, en el papel discreto de miembro del Consejo de Estado.

Eso sí, hace unas semanas OK Diario desveló un encuentro de quien fuera número dos del Gobierno de Rajoy y Juan Luis Cebrián, ex presidente de Prisa, y aseguró que en esa conversación Soraya Sáenz de Santamaría preguntó a Cebrián: “Si vuelvo a la primera línea de la política, ¿cómo lo tratarás?”, a lo que éste respondió: “Cuenta con mi apoyo para lo que necesites”.

Además, en sus respuestas a Javier Ortega Smith, Sáenz de Santamaría deslizó varias pullas y menosprecios hacia el abogado de Vox. Ante preguntas como por qué no declaró el Gobierno el estado de alarma en Cataluña (artículo 116), la número dos de Mariano Rajoy declaró que “como debe saber por su condición de letrado...”, y más adelantó dejó caer la misma idea al comentarle que “conocer el ordenamiento jurídico es necesario, si me lo permite, para poder ejercer bien su tarea de abogado”.

Rebelión y sedición

Sáenz de Santamaría mostró seguridad en las respuestas, como Rajoy, incluso con fechas y datos sin llevar ningún papel. Pero se hizo un lío con las fechas de la decisión de enviar miles de policías nacionales y guardias civiles de refuerzo a Cataluña en septiembre de 2017, algo que fue explotado por las defensas.

También su contundente declaración de que “si no se publica en un boletín oficial, un acto administrativo no tiene efectos” fue utilizada por una letrada de las defensas para recordar que la declaración de independencia que realizaron los independentistas en el Parlament el 27 de octubre de 2017 no se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

En el plano más técnico llama la atención un detalle. En la reiteración de algunas expresiones, el testimonio de Soraya Sáenz de Santamaría fue en la dirección de apuntalar el delito de rebelión que discuten las defensas de los procesados por ese delito -muchos de los ex consejeros, así como Forcadell y los Jordis-.

La testigo hizo énfasis en numerosas ocasiones en los “actos violentos” -no incidentes, no protestas ni movilizaciones- que, a su juicio, llevaron a cabo los independentistas en otoño de 2017, principalmente contra miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Habló de acoso violento, y de violencia, expresamente, en lo sucedido el 20 de septiembre de 2017 durante el registro del Departamento de Economía por parte de la Guardia Civil.

Utilizó también la expresión “murallas humanas” que acuñaron los fiscales en su relato de hechos sobre el 1-O y el papel de los independentistas que impidieron a los agentes incautar las urnas.

La violencia es el elemento principal sobre el que pivota la discusión sobre si hubo o no delito de rebelión. El artículo 472 del Código Penal habla de “los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes”, entre los que se cita expresamente “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

Pero Sáenz de Santamaría utilizó también otra expresión para explicar la necesidad de aplicar en ese momento el artículo 155: “Había un riesgo grave de derogación de la Constitución”, y es que el primer fin previsto del delito de rebelión es “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”.

También deslizó la idea del delito de sedición al decir, sobre el referéndum del 1-O, que ella pudo entender y ver que “se estaba impidiendo que se cumpliera una decisión judicial”, como era retirar las urnas y precintar los puntos de votación”.