ERC hará sufrir a Pedro Sánchez: apoyo a los Presupuestos en noviembre a cambio de cuatro cesiones

ERC es consciente de su importancia capital para la estabilidad del Gobierno, y así se lo ha demostrado en varias ocasiones durante la legislatura, llegando a amenazar -por ahora, siempre sin llegar más lejos- con retirarle el apoyo. Ahora, está dispuesto a “hacer sufrir a Pedro Sánchez” hasta noviembre con los Presupuestos de 2022.

Así ocurrió también, por ejemplo, durante el primer estado de alarma, cuando el portavoz Gabriel Rufián fue endureciendo progresivamente el tono contra el Ejecutivo según se iban aprobando las prórrogas y, finalmente, votó en contra de alargar la medida de excepción en mayo complicando mucho al Gobierno los apoyos y obligándole a sentarse a negociar.

Ahora, la reunión celebrada el pasado lunes entre el Gobierno y el Govern, como colofón del curso político, ha sido interpretada por el independentismo como un triunfo simbólico: la evidencia de una relación bilateral entre el equipo de Pere Aragonès y el de Pedro Sánchez, como la que en diplomacia mantienen dos Estados en pie de igualdad.

No garantizará su apoyo hasta noviembre

Pero no se trata únicamente de una victoria simbólica. La delegación de la Generalitat acudió a Moncloa con un mensaje claro: ERC tiene la intención de llevar su órdago hasta el final y ha puesto encima de la mesa varias reclamaciones a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2022.

De momento, el Gobierno ha concedido 1.700 millones al Govern para la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Una inversión que ha tratado de equilibrar anunciando otros 1.600 para Barajas.

Pero ERC ha reclamado a Sánchez un calendario bilateral de reclamaciones pendientes, que ha exigido que se concrete antes del mes de noviembre para poder respaldar las cuentas del Estado en el Congreso antes de final de año, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones.

Cumplimiento del “calendario bilateral”

En el equipo de Pere Aragonès destacan a ECD que Cataluña sufre un “déficit estructural de inversión en infraestructuras” por el cual el Gobierno deberá destinar un montante de 500 millones de euros más pendientes de abonar por parte del Estado, según los cálculos del Govern.

Entre sus exigencias adicionales se encuentran 688 millones más para financiar los Mossos y la gestión del salario mínimo y la cofinanciación de la Ley de Dependencia, además de la gestión del puerto, del Consorcio de Barcelona, así como suavizar sustancialmente el objetivo de déficit para el año que viene y una mayor capacidad de decisión en la gestión de los fondos europeos.

La fuerza de ERC ante Pedro Sánchez

En Moncloa no pasan por alto que ERC cuenta con 13 escaños en el Congreso. Un número no excesivamente elevado pero que, para un Gobierno que entre PSOE y Unidas Podemos solo suma 155 apoyos, constituyen un apoyo fundamental para alcanzar la mayoría absoluta.

Normalmente, el Ejecutivo encuentra esos apoyos en formaciones como EH Bildu, el PNV, Más País, Compromís o el PDeCAT. Pero la formación que lidera Oriol Junqueras es necesaria para alcanzar esa mayoría.

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha encontrado en ERC un socio relativamente estable, pese a sus diferencias y a los choques que han protagonizado.

Los republicanos facilitaron la investidura de Pedro Sánchez con su abstención, y en el año y medio que la coalición lleva en marcha se han convertido en un pilar en el que el Ejecutivo se ha apoyado para sacar adelante leyes como la de la eutanasia, la de educación, la ‘ley rider’ y, especialmente, los Presupuestos Generales del Estado.

También se prevé un choque por vivienda

En el Gobierno asumen también que surgirán diferencias en los próximos meses en asuntos como la vivienda, donde ERC se ha situado del lado de Unidas Podemos reclamando la regulación de los alquileres que rechaza el PSOE.

Pero incluso en estos temas los republicanos han alcanzado entendimientos con el Gobierno: de hecho, han sido sus gestiones las que han conseguido que el Ejecutivo, pese a que ha recurrido la ley catalana de alquileres que recoge esta limitación de precios, no haya pedido su suspensión cautelar.