España pone en peligro 17.000 millones de los fondos europeos por recular con los peajes en las autovías

España se juega 17.000 millones de los fondos europeos por dar marcha atrás con el plan prometido a Bruselas para implantar peajes en las autovías. La UE ha advertido al Gobierno, tras la cesión a los transportistas, que debe presentar un plan alternativo con recortes que permitan sufragar los 11.000 millones de euros anuales que cuesta el mantenimiento de las carreteras españolas.

Por lo pronto, el Ejecutivo ha descartado implantar en lo que queda de legislatura el sistema de peajes para las autovías. La tensión con el sector del transporte que ha amenazado con el desabastecimiento de los supermercados y con colapsar la industria alimentaria, ha llevado al Ministerio de Transportes a congelar este proyecto. 

Tal y como se reveló este martes en ECD, la orden de Pedro Sánchez a las ministras la semana pasada fue clara: “Dadles a los camioneros todo lo que pidan y más”. Y entre sus principales exigencias se encontraba que el Gobierno retirase el plan para implantar peajes en las autovías, que tenía previsto comenzar a desplegar el año que viene.

Sánchez necesitaba zanjar la huelga antes de presentar su plan de respuesta a la guerra porque los grandes empresarios le habían trasladado este mensaje: “No podemos apoyar a un presidente que tiene el país paralizado durante diez días”.

La situación económica tampoco es favorable, en un momento en que la inflación se sitúa en cifras históricas y con una recuperación en el horizonte más dilatada de lo que esperaba el Ejecutivo. 

Retirar el plan de peajes en las autovías

Así, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las negociaciones, el Gobierno informó a Bruselas de que la principal condición de los transportistas para desconvocar la huelga, por encima de la rebaja del precio de los carburantes, era que se cancelase el pago por el uso de las vías de gran capacidad. 

Los camioneros han puesto en jaque a la economía del país con un paro convocado por la Plataforma Nacional en defensa del transporte por carretera, una asociación que no tiene representación en el CNTC.

La situación de los precios de los carburantes y, en consecuencia, la tensión con los transportistas ha obligado al Gobierno a paralizar una de las políticas menos populares del Plan de Recuperación. 

Compromiso con la Comisión Europea

Fuentes comunitarias explican a ECD que Bruselas ha respondido al Gobierno recordándole que se comprometió con la Comisión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a “desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”.

De cara a finales del año que viene, el pago por uso de las autovías tendría que estar implantado, aunque el modelo por el que se apostaba iba a ser temporal. En esta primera fase, Moncloa optaba por una viñeta, una pegatina con coste por vehículo para circular por estas vías.

En juego 17.000 millones de la UE

Los desembolsos de los fondos europeos por parte de Bruselas se iniciaron con un pago de 9.000 millones el pasado mes de septiembre, a los que se sumaron otros 10.000 millones antes de final de año.

Tras esto, habrá otras dos entregas: 18.000 millones en 2022 y 17.000 millones en 2023. En total, 35.000 millones de euros, es decir, el 80% de las transferencias se concentrarán en el periodo 2021-2023.

Con todo, según las fuentes consultadas por ECD, la respuesta de la UE a la petición de España ha sido que los 17.000 millones correspondientes a 2023 solo llegarán si se logran fondos por otras vías para el mantenimiento de las carreteras españolas tras descartar implantar peajes en las vías de gran capacidad.

Más condiciones para los fondos en 2023

Por si esto fuera poco, la entrega de dinero del año que viene también está supeditada a la segunda parte de la reforma de las pensiones, que incluye la aprobación del aumento a los 35 años de cotización para el cálculo de la pensión y la subida de la base máxima.

El tramo de 18.000 millones correspondiente a este ejercicio también quedó condicionado a la aprobación de la reforma laboral antes de finales del año pasado. Ahora, tal y cómo se contó en ECD hace unas semanas, España recibirá 12.000 millones de Europa tres meses antes para impedir un colapso económico del país por las consecuencias que está provocando la guerra en Ucrania.

Principio de que “quien contamina, paga”

En Bruselas recuerdan que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español incluye una medida, que se aplicará mediante una reforma, destinada a proporcionar un marco reglamentario para la nueva política de movilidad en España.

Explica que esta política se basará en prioridades ecológicas y digitales y que “la reforma abriría la posibilidad de establecer un mecanismo de pago por el uso de determinadas carreteras a partir de 2024, de conformidad con el principio de que pague el contaminador”.

Lograr dinero para mantener las carreteras

La Comisión Europea ha reprochado al Gobierno que es una “evidencia” que la partida presupuestaria que destina a mantener la red de carreteras, entre 700 y 1.200 millones de euros, es insuficiente.

Altos cargos en Bruselas destacan a Confidencial Digital que es inconcebible para el resto de Europa que España disponga de la principal red de autovías y no se pague en su mayoría. Esta es la contradicción. “Y que se estén pidiendo fondos para infraestructuras y no se saque rentabilidad de las inversiones que se realizan”, añaden.

El mantenimiento de la red de carreteras españolas está cifrado en alrededor de 11.000 millones de euros, y el sistema de peajes podría suponer alrededor de 2.000 millones de euros para las arcas del Estado, según cálculos del propio Ejecutivo español.

La infraestructura, por tanto, supone millones de euros y provoca déficit. En 2019 era de 7.500 millones de euros, gasto insostenible a largo plazo para el Estado.

España es “una excepción en Europa”

Bruselas también ha recordado a España que es “una excepción en Europa”. La mayoría de autopistas y autovías de nuestro país son de libre circulación excepto un pequeño porcentaje que son de pago. Suponen el 10% del total de vías: alrededor de 17.228 kilómetros que hacen que España sea el primer país de Europa y tercero del mundo por número de kilómetros.

Por contraste, Portugal ya tiene implantados sistemas de peaje en sus vías de alta capacidad. Es necesario registrar el vehículo al cruzar la frontera portuguesa y asociarlo a una cuenta bancaria. A través de unas cámaras colocadas a lo largo de las vías se calcula el coste del tramo que se va a realizar. El Gobierno luso carga los peajes cada dos semanas. 

En el caso de Francia, los peajes funcionan mediante un sistema mixto: en unas vías se paga para circular una cantidad fija, y en otras el precio se calcula según los kilómetros recorridos.

Solo Malta, Chipre, Finlandia y Estonia, que no son países comparables a España, no tienen tarificadas sus redes. El resto sí, de una forma o de otra; algunos para transporte pesado y otros para todos. “Y esa es la política europea, de la que España recibe recursos”, advierten a ECD altos cargos comunitarios.