El Gobierno no tiene dinero para pagar las medidas anticrisis anunciadas por Pedro Sánchez

La guerra en Ucrania ha provocado que el Gobierno vuelva al escenario de “alarma total” que se vivió al comienzo de la pandemia. Pedro Sánchez no ocultó la gravedad de la situación en su última comparecencia institucional en Moncloa. Pero el Ejecutivo no tiene por ahora el dinero para pagar las medidas anticrisis prometidas por el presidente.

Sánchez anunció el pasado sábado un “esfuerzo extraordinario desde el punto de vista presupuestario” con el nuevo decreto anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario. Más de 9.000 millones de euros, entre los 5.500 millones de protección a los hogares y 3.600 millones en reducción de impuestos.

Si se tienen en cuenta los dos decretos aprobados este año para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra, Moncloa asume que el plan supondrá un “coste enorme” para las arcas públicas.

Calcula que cada trimestre que lo prorrogue –de momento ahora se ha hecho hasta el 31 de diciembre- se pierden unos 3.000 millones de euros en recaudación, lo que va a suponer más de 15.000 millones hasta final de año en ayudas, rebajas y suspensiones de impuestos.

Sin dinero para pagar el decreto anticrisis

El alza de los precios, con un IPC del 8,7% interanual en mayo, se ha convertido en un inesperado elemento de oposición que no se acaba de contener desde el Ejecutivo.

El presidente calculó que, de no ser por sus medidas, la inflación actual sería 3,5 puntos mayor. Una estimación que es superior incluso a las últimas aportadas por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes con acceso al equipo económico de Moncloa, el Gobierno no dispone a día de hoy del dinero para poder pagar el paquete de medidas incluidas en el decreto anticrisis anunciado el pasado sábado por el propio Pedro Sánchez.

Las nuevas medidas contra la inflación

Algunas de las principales medidas que prometió son la subida de un 15% de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, o sea 60 euros más cada mes o 360 euros hasta final de año.

Anunció también una ayuda directa para trabajadores, autónomos y parados con ingresos bajos, 200 euros finalmente a solicitar desde julio y para ciudadanos con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales. Desde la parte de Podemos del Gobierno se había planteado una cantidad mayor, de hasta 300 euros.

Para limitar el consumo energético, todos los abonos mensuales de transporte estatal, como es el caso de Cercanías de Renfe, se reducirán al 50%, y un 30% los que dependen de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que podrían ampliar esas rebajas al 50% pero ya sin la subvención del Estado.

Los fondos no llegarán hasta dentro de un mes

Hay que recordar que Bruselas acaba de avalar el pago del segundo tramo de los fondos de recuperación: 12.000 millones de euros. El tramo va de la mano de la reforma laboral, y el desembolso no se producirá hasta que los 27 ratifiquen la decisión de la Comisión Europea.

De hecho, España no recibirá estos fondos como pronto hasta dentro de un mes, según admiten a ECD fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos que conocen los plazos de Bruselas, con los que espera poder contrarrestar el frenazo económico que sufrirá la economía española por culpa de la guerra desatada en Ucrania.

Pese a ello, en Moncloa consideran que la economía no se ha parado ahora por completo como en marzo de 2020, pero todos los miembros del Gobierno consultados trasladan una gran preocupación. Ya hay empresas que están deteniendo su producción porque faltan materiales y otras que lo están valorando por los precios disparados de la energía.

Se trata del desembolso más cuantioso de los fondos europeos, porque lleva asociadas medidas complejas. La reforma laboral era muy complicada de alcanzar, y era mucho más difícil aún realizar esos cambios con un acuerdo con los sindicatos y representantes de las empresas, como finalmente se consiguió.

Un rescate para salvar la economía

Con esos fondos de la UE, como durante lo peor de la crisis del coronavirus, Moncloa movilizará grandes cantidades de dinero público para salvar trabajadores, empresas y personas especialmente vulnerables. Resumen gráficamente que “de la economía hibernada en pandemia se va a pasar ahora a una economía de guerra”.

Sin embargo, fuentes de la Administración admiten a ECD que el problema se encuentra en que, aunque España vaya recibiendo desembolsos de Bruselas, el ritmo de ejecución de las inversiones no es tan rápido como se desearía y, dado el modelo de descentralización territorial, el Gobierno ni siquiera sabe en tiempo real qué volumen de los fondos está llegando a la economía real.

Hay que recordar que las empresas se han quejado de forma recurrente de que el dinero no está llegando al tejido productivo y Moncloa no puede dar una cifra de qué cantidad de dinero se ha canalizado desde las Administraciones hasta la economía real.

El acceso a los 70.000 millones en créditos

Por el momento, el plan de recuperación solamente está utilizando 70.000 de los 140.000 millones de euros que corresponden a España de los fondos europeos. 

El Gobierno apostó primero por desplegar la mitad que le correspondía en forma de transferencias a fondo perdido, y reservarse la mitad a la que tenía derecho en forma de créditos ventajosos. 

España pretende, también ahora, añadir a su plan los 70.000 millones de euros de créditos para adaptar el plan nacional a las nuevas circunstancias y objetivos que se están marcando tras la invasión rusa de Ucrania, según ha explicado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Admitió que, a mitad de año, el Ejecutivo enviará a la Comisión Europea una enmienda a su plan nacional, añadiendo los 70.000 millones de euros de créditos. Esta petición tendrá que ser revisada por los técnicos comunitarios y, tras darles la luz verde, se actualizará el montante de los desembolsos previstos.