El exilio de Puigdemont va para largo: se va a empadronar en un pueblo de Bélgica
El Gobierno ha detectado movimientos del ex president para inscribirse en un registro municipal. El 30 de enero vence el plazo de tres meses de estancia sin justificar
Carles Puigdemont lleva más de 80 días en el exilio de Bélgica. Como ciudadano de la Unión Europea, el ex president no tiene la obligación de solicitar un documento de residencia que confirme su derecho a vivir en el país durante los tres primeros meses de estancia. Pero ese plazo vence en poco más de dos semanas y se ha puesto manos a la obra.
Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes diplomáticas en Bruselas, el Gobierno ha detectado movimientos del ex president encaminados a regularizar su situación en el país.
El proceso vendría a confirmar su intención de alargar su exilio en Bélgica y, por tanto, renunciar a su vuelta a España a corto plazo. No tendría intención de presentarse a una primera sesión de investidura en el Parlament a finales de este mes de enero.
Inscripción en el registro municipal
Según las fuentes conocedoras de estos movimientos, el Ejecutivo ha sido informado de que Puigdemont ha iniciado los trámites para realizar la correspondiente inscripción en un municipio que señalaría como su lugar de residencia habitual en el país.
Las principales sospechas apuntan a la localidad de Sint-Pauwels, a medio camino entre Amberes y Gante, en la comarca de Flandes. Este sería el lugar elegido por Puigdemont.
Por otro lado, el ex president debe acreditar ahora que se establece en el país como empleado asalariado, como trabajador por cuenta propia o como persona que busca un empleo.
No cumple con los requisitos de residencia
Por el momento, ECD ha podido confirmar que Puigdemont no cumple con ninguno de estos tres requisitos para recibir el certificado de residencia.
No obstante, el Gobierno trata de averiguar estos días, a través de fuentes diplomáticas en Bruselas, si el ex president se ha inscrito como demandante de empleo en los servicios públicos del país. Es una de las principales opciones en este momento.
El ex president ha sido advertido de que es necesario comunicar la dirección exacta (calle, número, número de buzón) a la Administración belga. Una circunstancia que le dificultará, a juicio del Ejecutivo, jugar al despiste y a la vida de incógnito que lleva en los últimos tres meses.
De hecho, altos cargos de Moncloa, consultados por El Confidencial Digital, conocen que Carles Puigdemont ha sido avisado también de que la Policía belga lleva a cabo una investigación posterior a esta inscripción para verificar la residencia en la ubicación facilitada.
Acreditar que dispone de recursos económicos
Así las cosas, una de las vías que el ex president está explorando para recibir el permiso de residencia es acreditar que se trata de una persona que dispone de recursos económicos suficientes para no suponer una carga para el sistema de ayuda social en Bélgica y que dispone de un seguro médico que cubre todos los riesgos de salud en el país.
Se tiene en cuenta que Puigdemont y los ex consellers deben hacer frente a una serie de gastos en el exilio. En Bélgica el salario medio es de 46.570 euros al año, mientras que en España es de 26.710 euros.
En cuanto al coste de los productos básicos, también se sitúan considerablemente por encima de España. Un café cuesta 2,65 euros de media. Un menú completo, en torno a los 20 euros. Y una cerveza nacional, 3,50 euros.
Pérdida de la tarjeta sanitaria española
El Gobierno tampoco pasa por alto que Puigdemont se enfrenta a otro grave contratiempo si decide alargar su estancia en el extranjero más allá del próximo 30 de enero. La última reforma de la Ley General de la Seguridad Social amenaza también su regreso a España después de esa fecha.
Desde finales de 2013, la normativa limita la asistencia sanitaria a los españoles que permanezcan en el extranjero más de 90 días (dentro de un año natural) y se encuentren en situación de desempleo. Dos condiciones que cumple en este momento el ex president.
Los ciudadanos que están residiendo en el extranjero por motivos laborales (como ocurre con muchos jóvenes) o motivos personales, pierden el derecho a la prestación sanitaria a partir de los tres meses fuera de España. Cuando regresan tienen que comenzar el correspondiente proceso burocrático para recuperar este derecho.
Muchos de ellos acaban no renunciando a la tarjeta sanitaria, que incluso utilizan cuando esporádicamente vuelven a España. La mayoría pasa por alto que se enfrenta a elevadas multas por fraude a la Seguridad Social si es interceptado por la Administración.
Pero Puigdemont constituye un “personaje especial” por su condición de fugado de la Justicia: el Gobierno advierte de que estará “especialmente vigilante” a su regreso a Barcelona para retirarle de inmediato la tarjeta.
