Política

Exteriores reconoce que no tiene pruebas para cerrar las ‘embajadas’ catalanas

El ministerio vigila las delegaciones autonómicas de Washington, Londres, París y Roma y aún no ha encontrado ninguna irregularidad

Josep Borrell.
photo_cameraJosep Borrell.

Con la aplicación del 155 hace 14 meses en Cataluña, todas las embajadas que tenía abiertas la Generalitat fueron cerradas por el Gobierno de Rajoy, salvo de Bruselas. Con la llegada de Torra al Govern y de Sánchez a La Moncloa, esas delegaciones han vuelto a abrir, aunque han continuado siendo vigiladas por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La reapertura de estas delegaciones comenzó el pasado mes de septiembre, y se ha prolongado hasta finales de año. De esta forma, han vuelto a tener actividad las delegaciones de la Generalitat en Washington, Londres, París, Roma, Berlín, Lisboa, Estocolmo, Viena, Ginebra y Zagred.

Además, el consejero de Exteriores catalán, Alfred Bosch, tiene prevista la inauguración de nuevas sedes “diplomáticas”. Entre ellas, las de Riga y Beirut.

El Gobierno no ve nada “ilegal”

Ante esta nueva “externarlización” de la política catalana, el Gobierno central ha tomado medias. Según confirman al Confidencial Digital altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores, el departamento que dirige Josep Borrell ha aumentado la vigilancia sobre estas delegaciones recién reabiertas.

El Ministerio ha dado orden a los embajadores españoles de Estados Unidos y de los países europeos donde la Generalitat tiene sede que “sigan de cerca” todos los movimientos realizados por estas delegaciones, por si son utilizadas para hacer campaña a favor del procés independentista y para atacar a la imagen de España y la Constitución.

No obstante, y a pesar de esta vigilancia, las embajadas han transmitido a Exteriores que, al menos por el momento, no se ha detectado nada ilegal para cerrarlas: “Estos organismos no son más que delegaciones comerciales, que España no puede impedir que se abran. Solo podrían ser clausuradas si atentan contra el orden constitucional, y no se da el caso”.

En ese sentido, las fuentes consultadas recuerdan que hace 14 meses solo pudieron ser cerradas por decisión del Gobierno central cuando ya había aplicado el 155 y tenía “control sobre la Generalitat”. Además, “entonces sí que existían pruebas para avalar una actitud ilegal de esas embajadas, no como ahora”.

 
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