El fiscal no descarta imputar al juez de Lezo por las escuchas a Villar Mir

Ve indicios de prevaricación al igual que ocurrió con Garzón en el caso Gürtel

Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL.
Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL.

El juez Manuel García-Castellón protagonizó un escándalo en julio cuando se conoció que había ordenado pinchar el teléfono de Juan Miguel Villar-Mir, imputado en el caso Lezo, y practicó escuchas entre él y su abogado, Carlos Domínguez.

El 25 de septiembre, Domínguez presentó una querella contra García-Castellón que está pendiente de ser admitida en el Tribunal Supremo, ya que el juez está aforado.

Según ha podido saber Confidencial Digital, la Fiscalía del TS no descarta pedir la imputación del juez en el informe previo que enviará a la Sala de Admisiones del Alto Tribunal. La decisión final está en manos de esta Sala.

Dicho informe aún no está terminado y, según las mismas fuentes, todavía no hay ninguna decisión tomada y todas las opciones están abiertas. Pero también se ha considerado seriamente investigar al magistrado.

Las escuchas

La ley de enjuiciamiento criminal contempla la orden de intervenir las conversaciones de imputados en procedimientos judiciales, en concreto, en la fase de instrucción, y enviar esas grabaciones a otro juzgado siempre que se tengan indicios de delito en las conversaciones.

García-Castellón ordenó las escuchas a Villar Mir después de que el fundador de OHL alegara una gripe para no presentarse a declarar en la Audiencia Nacional por el caso Lezo. Durante un diálogo telefónico con su abogado, el juez descubrió que aludían a un informe médico falsificado para eludir la declaración. El magistrado presentó la grabación en los juzgados de Plaza de Castilla para que investigaran a Villar Mir y a Domínguez por falsedad documental.

Por su parte, el empresario y su letrado han contra atacado querellándose contra García-Castellón por los mismos hechos que le costaron la carrera a Baltasar Garzón. El juez estrella ordenó intervenir el teléfono a investigados del caso Gürtel con sus abogados y fue condenado a diez años de inhabilitación por ello.

 

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