El fiscal tumba la querella de Izquierda Unida contra el rey Juan Carlos

Comunica al Supremo que no tiene fundamento legal la denuncia por trece delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal...

Don Juan Carlos durante el tradicional discurso de Nochebuena.
Don Juan Carlos durante el tradicional discurso de Nochebuena.

El 6 de diciembre, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución, Izquierda Unida y el Partido Comunista anunciaron la presentación de una querella contra el rey Juan Carlos I.

En el escrito, imputaron al monarca hasta 13 delitos: cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

Pues bien. Confidencial Digital ha podido saber que esta querella ha sido rechazada por parte de la Fiscalía General del Estado, que no advierte delito en los hechos recogidos en el escrito.

Así ha informado el fiscal al Tribunal Supremo, que tiene la última palabra sobre la admisión o archivo de la querella, si bien fuentes cercanas al Ministerio Público aseguran a ECD que el Alto Tribunal suele asumir su criterio.

Villar Mir, Corinna, Sanz Roldán y Villalonga

IU y el PCE se querellaron, además de contra el rey Juan Carlos, contra el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, la princesa y amiga del monarca Corinna zu Zaynn-Wittgestein y el ex presidente de Telefónica, Juan de Villalonga.

También incluyó al comisario Villarejo, al director del CNI, Félix Sanz Roldán; al abogado suizo Dante Canónica y al primo del monarca Álvaro de Orleáns y Borbón.

La querella fue presentada a raíz de los audios publicados a finales de verano por OkDiario que recogían la conversación entre Villarejo, Corinna y Villalonga.

La princesa alemana aseguró al comisario que el rey Juan Carlos tenía cuentas en Suiza, que le pidió hacer de testaferro en la compra de unos terrenos en Marruecos y que había cobrado comisiones de hasta 100 millones de euros por mediar en el contrato del AVE a La Meca.

Más tarde, Corinna aseguró que había sufrido "amenazas por parte del CNI" para que no aireara estos hechos.

 

Según portavoces de IU y del PCE, presentaron la querella "ante la absoluta dejadez de las instituciones del Estado en la investigación de presuntas prácticas delictivas".

Ambas formaciones tuvieron que abonar 12.500 en noviembre para poder presentarse como acusación popular en el procedimiento.

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