Política

La Fiscalía concluye que los ministros no tienen obligación de comparecer ante el Parlament

Rechaza una querella contra Teresa Ribera, que no rindió cuentas ante la Cámara catalana por el cierre del Castor

Consejo de Ministros de Pedro Sánchez.
photo_cameraConsejo de Ministros de Pedro Sánchez.

La Fiscalía General del Estado ha rechazado una querella contra la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, presentada por el Parlament de Cataluña.

La cámara autonómica presentó acciones legales contra la ministra por no comparecer ante los diputados pese a que el pleno aprobó que acudiera a rendir cuentas sobre el almacén de gas Castor en la comisión de investigación creada para esclarecer las causas de su polémico cierre en 2014.

Decenas de testigos

Ribera fue citada junto con el presidente de ACS, Florentino Pérez, los ex ministros José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal, Miguel Sebastián, Elena Espinosa, Magdalena ÁlvarezJosé Montilla y decenas de testigos e investigados más.

La ministra de Transición Ecológica debía acudir a declarar en calidad de testigo el pasado 15 de julio, ya que fue secretaria de Estado de Cambio Climático en el segundo Gobierno de Zapatero, cuando el proyecto Castor fue aprobado.

Sin embargo, Ribera no asistió, alegando siete dictámenes del Consejo de Estado en los que establece que no es necesaria la comparecencia de un ministro en sede autonómica.

Ante la negativa, los servicios jurídicos del Parlament presentaron una querella ante la Fiscalía por negarse a rendir cuentas ante la Cámara.

Consejo de Estado y Tribunal Supremo

Pues bien. Según ha sabido Confidencial Digital, el Ministerio Público ha rechazado la querella y ha interesado su archivo, ya que considera que existen precedentes sobre la ausencia del deber de comparecer ante parlamentos autonómicos.

Se apoyó de hecho en los referidos dictámenes del Consejo de Estado y en el auto del 7 de julio de 2016 del Tribunal Supremo. En la providencia, el TS estableció que “los miembros del Gobierno de la Nación y los Órganos de la Administración General del Estado no están obligados a atender los requerimientos de comparecencia o las solicitudes de información realizados por los parlamentos autonómicos, al no tener competencias para ello sino los realizados por el Congreso de los Diputados o el Senado”.

El polémico cierre del Castor

La planta fue instalada frente a las costas de la desembocadura del Ebro, en aguas de Tarragona y Castellón. En 2013, un año después de que el Castor comenzara sus operaciones, se registraron centenares de seísmos en Vinaroz, muy cerca de la localización del almacén. Como consecuencia, el Castor fue cerrado.

Al año siguiente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy reconoció una deuda del Estado con ACS de 1.350 millones de euros por el cierre del almacén y se estableció el pago de forma urgente, algo que el  Tribunal Constitucional anuló en 2017.

Florentino Pérez, aseguró en su comparecencia ante el Parlament que la empresa "perdió dinero" con el proyecto Castor.

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