Los casos de venta fraudulenta de información reservada por parte de policías y guardias civiles están ahuyentando a colaboradores habituales
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) cuentan con colaboradores habituales que facilitan datos reservados sin necesidad de seguir trámites oficiales. Algunos de ellos se están negando ahora a colaborar por miedo a terminar implicados. El motivo: casos de ventas fraudulentas de esa información.
El pasado 3 de mayo, durante la vista oral en un juzgado de Córdoba, catorce acusados de vender datos de particulares que obtenían a través de sus puestos laborales aceptaron penas que sumaban 21 años de prisión. Entre los acusados había funcionarios del Instituto Social de la Marina de Cádiz, de la Tesorería General y de la Agencia Tributaria. Pero también había miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.
Según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, este tipo de sucesos –que han tenido amplio eco en la prensa- está perjudicando a los Servicios de Información de las FCSE.
De hecho, se está constatando que los colaboradores “que facilitaban datos con celeridad y sin exigir peticiones oficiales” son ahora más reacios a obviar los trámites burocráticos. Tienen miedo a posibles represalias judiciales.
Y los expertos consultados han hincapié en cómo los ‘formalismos’ no resultan beneficiosos a la hora de acometer algunas operaciones, sobre todo cuando el tiempo es un factor clave para el éxito policial. Por contra, los cauces habituales no permiten a veces que se acorten algunos tiempos de respuesta.
