Los funcionarios del Estado huyen de Cataluña

Los recortes presupuestarios de las distintas administraciones han reducido de forma notable en los últimos años el número de funcionarios y empleados públicos.

La Administración General del Estado ha prescindido de un porcentaje importante de su plantilla, como forma de ahorrar gastos y reducir el déficit público.

Ahora, cuando los gobiernos vuelven a la senda de aumentar el gasto, el sindicato CSIF ha hecho balance y ha detectado que en una comunidad autónoma la reducción de personal de la Administración General del Estado ha sido especialmente alarmante: Cataluña.

“Al borde del colapso”

En un informe consultado por Confidencial Digital, este sindicato de la función pública denuncia que en Cataluña las plantillas de funcionarios y empleados del Estado se ha reducido, en seis años, en un 15%; una reducción por encima de la media nacional, que ha sido del 13%.

“En Cataluña, la Administración General del Estado está al borde del colapso”, “si las plantillas en Cataluña ya estaban muy mermadas antes de la crisis, ahora en 2018 está en modo de supervivencia”, denuncia la Central Sindical Independiente de Funcionarios en este informe.

Se da la circunstancia de que esta caída pronunciada de los funcionarios se ha producido durante los años de recortes presupuestarios, pero también durante los años del ‘procés’ independentista que tomó fuerza en Cataluña en 2012 y se ha desarrollado en estos años hasta llegar a su punto culminante en otoño de 2017.

Gerona y Lérida, donde la “fuga” es mayor

El mayor descenso en el número de trabajadores de la Administración General del Estado se ha producido en las provincias de Gerona y Lérida, precisamente donde el independentismo tiene mayor fuerza social.

En 2012, el Estado tenía en la provincia de Gerona 1.374 funcionarios. Seis años después, cuenta con 1.080, es decir, un 21,4% menos. En Lérida ha pasado de 939 a 743, mientras que en Tarragona ha descendido un 19%, desde 1.389 hasta 1.124. La provincia más poblada, Barcelona, ha sufrido un descenso del 13,3% (de 9.222 a 8.026).

Oficinas del DNI, SEPE, Seguridad Social...

El estudio realizado por CSIF identifica algunos de los organismos y departamentos de la Administración General del Estado en Cataluña que tiene mayores déficit de plantilla:

-- Oficinas de expedición del DNI y comisarías: “Las vacantes son casi el 50% y el personal administrativo se sustituye con Policía Nacional, que en vez de estar haciendo su trabajo en seguridad ciudadana, está realizando funciones impropias de un policía”, denuncia el sindicato.

-- Oficina de Extranjería: la plantilla se ha reducido más del 40% en los últimos años. En 2018 se han jubilado varios trabajadores, y el jefe de la oficina se ha trasladado. Según CSIF, “es imprescindible la toma urgente de decisiones por parte del Ministerio de Hacienda o cerramos el chiringuito”.

-- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): hay un 35% de vacantes y además un 35% de interinaje (“empleados públicos que no saben que pasará mañana con ellos”).

-- Tesorería General de la Seguridad Social: CSIF destaca que se han jubilado trabajadores y por edad pueden hacerlo otros tantos este año. “Ahora mismo hay un 22% de plazas vacantes pero éstas subirían por encima del 30%”.

Solución: incentivos económicos

CSIF culpa de esta “huida” o “fuga” de funcionarios estatales de Cataluña a la carestía de la vida, que en general en Cataluña es mayor a otras comunidades autónomas. Por ejemplo, muchos de los funcionarios recién incorporados a la Administración General del Estado comparten piso alquilado, y Cataluña es la comunidad de España en la que más ha subido el precio de los alquileres.

Este alto coste de la vida provoca que muchos funcionarios que son enviados a Cataluña recién sacada la plaza “a la primera oportunidad de marcharse en concurso, se marchan”.

Eso por lo que respecta a los funcionarios originarios de otras partes de España: para los catalanes las plazas de la Administración General del Estado tienen poco atractivo, y prefieren “una plaza en la Generalitat o en un Ayuntamiento, donde el sueldo es bastante superior”, según CSIF.

Como solución a esta ‘sangría’, proponen que el Estado apruebe “algún tipo de incentivo para evitar la fuga de empleados públicos” de Cataluña. En este sentido, consideran que lo más justo sería igualdar los sueldos de los funcionarios de la Administración General del Estado con lo que cobran los funcionarios de los gobiernos autonómicos, en este caso la Generalitat de Cataluña.

Es decir, piden “equiparación” por un lado, y distinción por el otro: cobrar más que funcionarios del Estado en otras partes de España, o que todos los funcionarios del Estado cobren igual que el personal al servicio de comunidades autónomas o ayuntamientos. En ese sentido, coincide con lo que sindicatos de la Policía Nacional piden para evitar que los agentes se marchen de Cataluña a otros puntos de España.

Además, esperan que el Gobierno de España “no se olvide de Cataluña”, y cree en las cuatro provincias “suficientes plazas que posibiliten el normal funcionamiento de los organismos de la AGE sin que esto nos suponga una importante carga de trabajo para los empleados públicos, como sucede ahora”.