Política

Sánchez concede al PNV lo que niega a Ayuso: convertir el País Vasco en un ‘paraíso fiscal’ para los ricos

La cesión del impuesto a las grandes fortunas permitirá al lehendakari anular el tributo y así atraer patrimonios del resto de España

Reunión de Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu en Vitoria (17.07.2015)
photo_camera Reunión de Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu en Vitoria (17.07.2015)

Pedro Sánchez avanza una nueva concesión al País Vasco, que amenaza con provocar una rebelión del resto de comunidades autónomas, especialmente las del PP. La cesión del impuesto a las grandes fortunas permitirá a Euskadi atraer patrimonios de otros territorios de España, justo lo que pretendían Madrid y Andalucía. Y Hacienda desactivó.

Este veto ha generado polémica, no solo por ponerse en duda su pertinencia en un contexto en el que en el resto de Europa -solo Suiza y Noruega lo tienen activo en una forma comparable a como está diseñado en España-, sino porque además se acusa al Gobierno central de intromisión en las competencias de las comunidades autónomas.

El impuesto de Patrimonio se dejó en manos de los Gobiernos regionales. Tres de ellos, Madrid, Andalucía y Murcia, han optado por bonificarlo al 100%, proponiendo de facto una eliminación del mismo. Ahora, aquellos grandes patrimonios que vivan en estas tres regiones serán los más perjudicados, puesto que tendrán que pagar íntegramente la cuota del impuesto a las grandes fortunas.

El llamado “impuesto de solidaridad” es un tributo temporal que se extenderá en 2023 y 2024 y que está exclusivamente enfocado a ‘ricos’ con patrimonios netos a partir de 3 millones de euros.

Sánchez se lo niega a Ayuso y Moreno…

Hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de desmontar la estrategia de Madrid y Andalucía, principales comunidades del PP, con la supresión de Patrimonio y su llamamiento a las grandes fortunas a censarse en sus autonomías con beneficios fiscales.

El impuesto a los ‘ricos’ está claramente dirigido a estas regiones, con Madrid a la cabeza. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, denunció desde el mismo momento que llegó al Ministerio que la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso incurría en ‘dumping fiscal’, y que estaba dispuesta a acabar con esa situación.

La crisis derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia paralizó la armonización que ambicionaba, y que le recomendaron los expertos para la reforma fiscal. Pero la ministra encontró en el impuesto a las grandes fortunas la forma de retomar esa homogeneización que ha sido muy criticada.

La contraofensiva política es clara. El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos desactiva con esta medida la pugna fiscal que se había abierto entre los territorios y arrastrado incluso a comunidades socialistas como la valenciana, con Ximo Puig abanderando la bajada de IRPF para rentas hasta 60.000 euros.

… pero se lo concede a Urkullu (PNV)

En cambio, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, Pedro Sánchez está dispuesto ahora a conceder esa competencia exclusivamente al País Vasco.

El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas “se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio Económico vigentes en País Vasco y Navarra”, respectivamente, según establece la normativa del tributo, que se remite a la adaptación del Concierto Económico con País Vasco y del Convenio con Navarra para transferírselo.

El País Vasco, por tanto, tiene capacidad decidir si aplica la figura o no gracias a sus peculiaridades y ventajas fiscales.

 

De hecho, según las fuentes consultadas por ECD, los socialistas vascos, que forman parte del gobierno de coalición liderado por el lehendakari Iñigo Urkullu, se inclinan por no aplicar el impuesto a los ‘ricos’ en Euskadi. Una posición, explican en Vitoria, que cuenta también con el apoyo de Moncloa y Ferraz.

Un ‘paraíso fiscal’ para los ricos

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD revelan que el PNV ha arrancado a Sánchez en la negociación de Presupuestos, a cambio de no presentar enmienda a la totalidad, una modificación de la Ley del Concierto en la que, entre otros asuntos y actualizaciones del Cupo, se desarrollará la cesión de este impuesto, que venía reclamando.

Esta cesión se va a producir en pleno debate en el País Vasco sobre la supresión del Impuesto de Patrimonio. Actualmente, ese tributo es abonado por unos 18.000 contribuyentes que pagan en torno a 170 millones de euros al año. Si se aplicase el impuesto a los ricos se verían afectados unos 500 ciudadanos vascos más.

Fuentes conocedoras dudan de que las Diputaciones Forales vayan a activar el impuesto a grandes fortunas y ven la exigencia de su cesión como un gesto político de reafirmación de sus competencias para que no se cree el precedente de que el Estado les impone un tributo.

Y también para poder reivindicarse frente a otras concesiones del Gobierno a Bildu, como la transferencia de las competencias de Tráfico a la Policía Foral de Navarra, en detrimento de la Guardia Civil.

Atraer patrimonios del resto de España

Fuentes fiscales consultadas por ECD auguran que, como consecuencia de la no aplicación del impuesto a los ‘ricos’, se producirá una fuga de grandes patrimonios desde el resto de España al País Vasco.

La misma exigencia de cesión por parte del PNV se dio este verano con los impuestos a banca y energéticas, que finalmente el Gobierno de Sánchez se apresuró a declarar que se les transmitirán.

Sin embargo, no está claro que el Gobierno vasco busque ahora recaudación con las grandes fortunas, a diferencia de con los impuestos a banca y energéticas, que pueden suponer un montante de ingresos importante para Euskadi, donde tienen su sede social Iberdrola y BBVA, en un momento en que las Haciendas Forales van a deflactar el IRPF.

El impuesto a grandes fortunas no afectará sólo a Madrid y Andalucía. Una revisión a las tarifas del resto de comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE y Cataluña, muestra que los más ricos de todos estos territorios también pagarán el tributo al Estado.

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