Política

El Gobierno convoca el contrato del escrutinio de la noche electoral (que siempre se lleva Indra)

Abre la licitación para adjudicar un acuerdo marco de 36 millones de euros, que cubrirá varias convocatorias de comicios generales y europeos

Papeletas al Congreso y al Senado.
photo_camera Papeletas al Congreso y al Senado.

Las peleas internas en el seno del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, entre ambos socios y dentro de cada partido, y la amenaza de una crisis económica grave han provocado que en los últimos meses se haya informado de posibles planes de Pedro Sánchez para adelantar las elecciones generales.

Sánchez ha declarado públicamente que la actual legislatura acabará en diciembre de 2023, es decir, cuando se cumplan cuatro años desde que comenzó.

Sin embargo, algunos movimientos apuntan que el Gobierno de España al menos quiere tener listo con tiempo toda la logística para celebrar las elecciones cuando considere. Vozpópuli reveló el pasado mes de diciembre que la Dirección General de Política Interior había publicado la licitación de un acuerdo marco para la adquisición de material electoral.

Algunos lotes de ese acuerdo marco han quedado desiertos, tal y como se contó en estas páginas. Ahora, ECD ha podido comprobar que el Ministerio del Interior ha dado un nuevo paso para preparar las próximas elecciones generales.

La misma Dirección General de Política Interior, del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha abierto la licitación de un contrato de “Servicios necesarios para la obtención y difusión provisional de los datos del escrutinio de resultados de los procesos electorales y consultas populares que se celebren durante la vigencia del Acuerdo Marco”.

Por ahora el concurso se encuentra aún en la fase de anuncio previo, en la que no están disponibles ni los pliegos de prescripciones. Sólo se indica que el valor estimado del contrato ascenderá a 36,3 millones de euros.

Este acuerdo marco englobará distintas citas electorales que convoque el Gobierno de España, como son las elecciones a Cortes Generales, al Parlamento Europeo y las elecciones municipales, pero no las elecciones autonómicas, de las que se encargan las comunidades autónomas.

En mayo de 2023 se celebrarán elecciones municipales, en diciembre de 2023 o enero de 2024 tendrán lugar las generales (si no hay adelanto electoral), y en mayo de 2024, las europeas.

Indra no cuenta los votos

Este es uno de los contratos que suele provocar más polémicas desde hace años. En cada cita electoral circulan cadenas de mensajes en las que se acusa al Gobierno de controlar el recuento de los votos, y por eso se insinúa que puede manipularlos, debido a que adjudica ese contrato a Indra.

 

La realidad es que Indra no cuenta los votos. Cuando recibe la adjudicación de Interior para hacerse cargo de la “obtención y difusión provisional de los datos del escrutinio de resultados de los procesos electorales”, lo que hace es centralizar los datos provisionales que los representantes de la administración van enviando de cada mesa electoral (según el recuento que hacen los miembros de la mesa de forma pública), para que así la misma noche electoral haya datos provisionales fiables.

Los resultados oficiales se proclaman días después, tras un recuento en cada junta electoral.

Adjudicaciones a Indra

Desde hace ya años la empresa que gana estos concursos suele ser, casi siempre, Indra. En marzo de 2019, Interior adjudicó por 6.149.000 un contrato basado en un acuerdo marco, en ese caso concreto un contrato de “los servicios necesarios para poder llevar a cabo la obtención del escrutinio provisional de los resultados electorales y su difusión, así como el desarrollo de otras actividades necesarias como son el apoyo informático a las Juntas Electorales, la implantación de los puntos de consulta periféricos, la integración de los resultados definitivos en la base de datos de los resultados electorales del Ministerio del Interior, y otros servicios con motivo de la celebración de Elecciones a Cortes Generales 2019”.

Primero se designó adjudicatarias del acuerdo marco a dos empresas: Indra Soluciones Tecnologías de la Información SLU, y UTE SCYTL Scure Electronic Voting SA-Vector Software Factory SL.

Para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 finalmente Interior eligió a Indra, al presentar la otra empresa una oferta con un precio por encima del importe máximo.

Meses después, el Ministerio del Interior adjudicó a Indra un contrato similar para encargarse de la misma función en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, que se convocaron de forma adelantada al no haber elegido el Congreso de los Diputados a un presidente del Gobierno en el plazo de dos meses.

En esa ocasión, tramitó el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad, por la urgencia de la convocatoria. El importe de licitación fue de 5.964.530 euros, más IVA.

Ha habido excepciones, en las que Indra no ha resultado adjudicataria. Dentro de un acuerdo marco lanzado en 2018 para la contratación de los servicios necesarios para poder llevar a cabo la obtención y difusión del escrutinio provisional de resultados, Interior adjudicó a la UTE SCYTL-Vector el contrato de “Servicios necesarios para poder llevar a cabo la obtención y difusión del escrutinio provisional de resultados durante las Elecciones Locales y al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019”, por 7.245.660,46 euros.

Cambios de consejeros en Indra

Indra es una empresa especializada en tecnología y defensa. El Estado participa en Indra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ha elevado el porcentaje de acciones que posee.

Hace unas semanas, la alianza de la SEPI, de la empresa de defensa Sapa y del fondo Amber, que también controla el Grupo Prisa (editor de El País, Cadena SER, As...), sustituyó a cinco de los siete consejeros independientes, que no aceptaban que el Estado aumente su participación sin lanzar una OPA.

El movimiento se interpretó como un golpe de mano del Gobierno de Pedro Sánchez, aliado con el presidente del grupo Prisa, Joseph Oughourlian, para aumentar su control sobre Indra. El Ejecutivo considera Indra como una empresa estratégica, que pretende convertir en una de las grandes empresas de material militar en el marco de aumento del gasto en las Fuerzas Armadas al que Sánchez se ha comprometido con la OTAN.

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