Política

El Gobierno se la ‘cuela’ a la Generalitat: ha aprobado 63 normas que exigen el uso del castellano antes de acordar el impulso del catalán

Firmadas en los últimos tres meses, afectan al trámite de los fondos europeos, solicitud de ayudas y becas, directivas sobre extradición a terceros estados…

Miembros del Gobierno y de la Generalitat, en la tercera reunión de la Mesa de diálogo sobre Cataluña.
photo_camera Miembros del Gobierno y de la Generalitat, en la tercera reunión de la Mesa de diálogo sobre Cataluña.

El Gobierno acaba de concretar con la Generalitat el blindaje del catalán. Sin embargo, coincidiendo con las negociaciones para acordar este asunto en la mesa de diálogo, que se celebró el miércoles en Moncloa, el Ejecutivo ha aprobado63 normativas que establecen con carácter obligatorio el uso del castellano en múltiples sectores.

La reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya se saldó con dos acuerdos, aunque uno más concreto y ‘aterrizado’ que otro.

Ambas partes se comprometieron, por un lado, a avanzar en la desjudicialización del conflicto político (sin especificar medidas ni compromisos concretos a corto plazo), y, por otro lado, a blindar y proteger la lengua catalana a través de una serie de medidas desplegadas a diferentes niveles.

63 normas que exigen el uso del castellano

Hasta ahora, las normativas del Gobierno central que regulaban el uso obligatorio del castellano (lengua oficial en todo el Estado) hacían referencia, por ejemplo, a que se utilizara en licencias deportivas, etiquetado e instrucciones de productos y aparatos (ascensores, electrodomésticos, motos acuáticas...), documentación, rotulación, embalaje, declaraciones de conformidad, hojas de servicios de la Guardia Civil...

Confidencial Digital ha tenido acceso al listado íntegro de las últimas disposiciones legales que han sido aprobadas por el Ejecutivo de Sánchez durante el segundo trimestre de este año, es decir en los últimos tres meses (de abril a junio), y que establecen con carácter obligatorio el uso del castellano en esos casos. Se trata de disposiciones que afectan a ámbitos muy diversos.

De las 63 normas afectadas, hay que destacar que algunas provienen directamente del Estado, y otras de la Unión Europea.

Funcionamiento de la administración

Algunos de esos reales decretos y resoluciones afectan al funcionamiento de la administración. Por ejemplo, el que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, la resolución por la cual se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros en el extranjero, y los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada a España.

También hay otras vinculadas a la guerra en Ucrania, como la recomendación de la Comisión Europea sobre el reconocimiento de las cualificaciones de los refugiados ucranianos, el trámite de algunos PERTE vinculados a los fondos europeos y directivas sobre la extradición a terceros estados.

Solicitud de ayudas y becas

Otras normativas exigen el castellano en la solicitud de ayudas, como es el caso de la documentación necesaria para optar a las becas de formación en materia de igualdad de género en el Instituto de la Mujer.

 

Un ejemplo de norma comunitaria es el Reglamento Delegado (UE) 2022/1012, que regula el nivel de servicio y la seguridad de las zonas de estacionamiento seguro para transportistas.

Esta disposición establece que estas zonas de estacionamiento deben tener puntos de contacto y procedimientos de emergencia, y que los contactos de emergencia deben mostrarse como mínimo en la lengua oficial “nacional” y en inglés.

Pleno acuerdo para impulsar el catalán

El descenso en la protección de la lengua española en Cataluña coincide con el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para blindar el catalán.

Han pactado dotar a los colegios catalanes de autonomía para reforzar el catalán o el castellano en función de “las realidades y el entorno social y cultural” en el que se encuentre ubicado cada centro.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha mostrado el respaldo del Gobierno de España a la ley sobre el uso de lenguas oficiales en la escuela aprobada en el Parlament de Catalunya y, de hecho, el acuerdo sobre la autonomía de los centros para reforzar una u otra lengua en función del entorno sociocultural se acogería a la literalidad de esta norma. “Es un ejemplo de gran acuerdo de mayorías y una ley perfectamente adecuada a la Constitución Española”, ha defendido Bolaños.

En el ámbito internacional, el Gobierno de Pedro Sánchez va a solicitar al Parlamento Europeo el reconocimiento del catalán como lengua de uso en las sesiones plenarias, así como que se facilite la presencia de representantes de la Generalitat en todos los foros internacionales donde se traten políticas lingüísticas.

A nivel estatal, también se ha acordado que se pueda utilizar la lengua catalana en el Senado, la Cámara Territorial del Estado, en principio en todas las situaciones (en la actualidad, el uso de las denominadas lenguas cooficiales solo se permite en los debates de mociones pero no en el resto de debates de la Cámara Alta).

Relajada la protección del castellano

Fuentes políticas catalanas recuerdan ahora a ECD que el Gobierno de PSOE y Podemos ha relajado la protección del castellano en Cataluña en los últimos años. Así lo muestran los datos.

Desde comienzos de 2020, las medidas dirigidas a garantizar el uso del español en diversos productos y servicios se redujeron. Un cambio de política que comenzó coincidiendo con el apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez, en enero de ese año.

El Ejecutivo de Sánchez aprobó más de una treintena de normativas en 2020 que obligaban al uso del castellano en Cataluña durante el tercer trimestre del año, es decir, entre los meses de julio y septiembre. Eran, en su mayoría, Reales Decretos, Órdenes Ministeriales y Resoluciones.

Se trataba de un número similar al de los dos trimestres anteriores, cuando fueron 25 (entre enero y marzo) y 28 (entre abril y junio).

Las 82 disposiciones aprobadas en total entre enero y septiembre representaban una cifra considerablemente inferior a la de los tres primeros trimestres del año anterior, 2019, cuando fueron 106. Por lo tanto, 24 menos que en el mismo periodo del ejercicio precedente, cuando el Gobierno no dependía del apoyo de ERC.

Raphael, apoteósico en Starlite

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