El Gobierno condiciona la ‘paga extra’ de 200 euros a los pensionistas a que le aprueben el decreto de las mascarillas
Ha ‘colado’ la compensación a los jubilados por la subida del IPC dentro del texto que convalida la obligatoriedad de la mascarilla en las calles. Estupor en los socios de Pedro Sánchez
El Gobierno ha supeditado la compensación a los pensionistas por la subida del IPC en 2021 a que el Congreso de los Diputados apruebe la semana que viene el decreto de las mascarillas. Una maniobra que ha provocado la indignación y el estupor de los socios habituales de Pedro Sánchez.
Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley antes de Navidad que recuperó la obligatoriedad de la mascarilla en espacios exteriores para contener la transmisión de la variante ómicron. Una decisión que venían demandando varias autonomías
Desde el pasado 24 de diciembre, se exige el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores salvo que se practique deporte individual, se circule por espacios naturales y cuando haya una distancia de 1,5 metros con no convivientes.
Se recuperó así una medida que se instauró al principio de la pandemia. Sin embargo, varias regiones y, sobre todo bastantes científicos y expertos, se han mostrado en contra de la misma por no considerarla ni oportuna ni eficaz y no la han avalado.
La intención era que fuera una medida temporal y “acabar con esta obligatoriedad en cuanto sea posible”, según subrayó entonces el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha evitado en todo momento poner plazos.
Dificultades para la convalidación
Tal y cómo se contó en ECD, Moncloa y el Ministerio de Sanidad habían comenzado a asumir que el decreto que ha endurecido el uso de la mascarilla en Navidad no podría ser convalidado en el Congreso de los Diputados por falta de apoyos parlamentarios.
Contaba, eso sí, con que el debate se celebraría prácticamente a comienzos del mes de febrero, y para entonces la mascarilla se habrá usado ya durante casi un mes y medio y se desconocía en qué niveles se encontrarían los contagios en ese momento.
Dudas entre los socios de Sánchez
Ahora, el Gobierno ha decidido apurar los plazos para su convalidación por parte del Congreso, consciente de que la evolución de la pandemia aconseja todavía el mantenimiento de la obligatoriedad de la mascarilla en las calles.
La Constitución da un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara ratifique los decretos ley, que están vigentes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero, si no reciben el aval del Pleno del Congreso, quedan derogados.
Así las cosas, la Cámara Baja debe pronunciarse sobre el decreto ley relativo a las mascarillas como máximo el día 1 de febrero.
Pero entre los partidos que suelen dar apoyo parlamentario a Pedro Sánchez hay voces que recelan o tienen dudas. Así sucede con ERC, Más País o EH Bildu, que han tildado la medida de “inútil” y de “sinsentido”.
El Gobierno solo cuenta por ahora con el apoyo del PNV porque el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha apostado por esta medida aunque le parezca “insuficiente” y haya reclamado adoptar otras más restrictivas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya la decisión, pero como parte de una estrategia integral.
Cuela la ‘paga extra’ a los pensionistas
Sin embargo, la sorpresa se ha producido ahora al constatar que, además del apartado sobre las mascarillas, el decreto también contempla, en la disposición final primera, una medida relativa al Ministerio de Seguridad Social. Por ella se aprueba una ‘paga extra’ a los pensionistas, en un único abono de unos 200 euros de media antes del 1 de abril, para compensarles por la subida del IPC en 2021.
Esta norma responde a la ley, aprobada en las Cortes el pasado 22 de diciembre, para revalorizar las pensiones conforme a la evolución de los precios, a la que sólo se opusieron PP, Vox y Ciudadanos.
Baza para la convalidación del decreto
Fuentes del Ejecutivo admiten en privado que guardaban esta baza para utilizarla en el último minuto con el objetivo de presionar a sus potenciales aliados. Trata de que “se piensen dos veces” votar en contra del decreto de las mascarillas, si valoran que ese rechazo estará afectando a la ‘paga extra’ de nueve millones de pensionistas en España.
De entrada, el texto cuenta con la oposición de la mayor parte de los grupos parlamentarios, salvo Podemos. La maniobra de Moncloa, que se atribuye al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha provocado la indignación y el estupor de los socios parlamentarios del Gobierno, especialmente de ERC, según ha podido confirmar ECD.
El PP no ha garantizado su apoyo
Por el momento, en Moncloa reconocen que Pablo Casado “se sigue haciendo de rogar”, pese a que algunos presidentes autonómicos del PP, como Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, han demandado el uso obligatorio de la mascarilla en las calles.
Génova ha condicionado su decisión a que Sanidad le muestre los informes científicos que justifican esta iniciativa. En Moncloa apuntan que la punta de lanza es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se ha opuesto frontalmente a recuperar la mascarilla.
Vox ya ha anunciado abiertamente que se va a oponer al decreto en consonancia con su apuesta por torpedear todas las restricciones. Ciudadanos ha confirmado también que votará en contra del decreto de la mascarilla.
Las autonomías dejaron de sancionar
Hay que recordar que, ante las dudas sobre la convalidación del decreto, la mayoría de comunidades decidieron hace varias semanas dejar de imponer las multas de 100 euros que establece el decreto por no llevar cubiertas nariz y boca en la calle, tal y como adelantó ECD a comienzos de enero.
La decisión se tomó, explicaron, después de no recibir garantías del Ministerio de Sanidad, en el Consejo Interterritorial de Salud, de que la convalidación de la medida saldría adelante en el Congreso.
Recuerdan que las multas son recaudadas por las autoridades sanitarias regionales y les correspondería luego a ellas asumir el coste de las reclamaciones si el decreto decae.
