Política

El Gobierno deja de defender el castellano en Cataluña: este año ha dictado 24 medidas de protección menos

El cambio comenzó tras el pacto con ERC. Las decisiones afectan a normativas sobre ayudas y becas, importación de madera de fresno de EEUU, aditivos en piensos para animales…

Gabriel Rufián con Adriana Lastra y Rafael Simancas
photo_camera Gabriel Rufián con Adriana Lastra y Rafael Simancas

El Gobierno ha relajado la protección del castellano en Cataluña. Así lo muestran los datos. Desde comienzos de año, las medidas dirigidas a garantizar el uso del español en diversos productos y servicios se ha reducido. Un cambio de política que comenzó con el apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez, el pasado mes de enero.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes políticas catalanas, el Ejecutivo de Sánchez ha aprobado 29 normativas que obligan al uso del castellano en Cataluña durante el tercer trimestre del año, es decir, entre los meses de julio y septiembre. Son, en su mayoría, Reales Decretos, Órdenes Ministeriales y Resoluciones.

Se trata de un número similar al de los dos trimestres anteriores, cuando fueron 25 (entre enero y marzo) y 28 (entre abril y junio).

Sin embargo, las fuentes consultadas por ECD destacan que las 82 disposiciones aprobadas en total entre enero y septiembre representan una cifra considerablemente inferior a la de los tres primeros trimestres del año anterior, 2019, cuando fueron 106. Por lo tanto, 24 menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando el Ejecutivo no dependía del apoyo de ERC.

En plena polémica con el catalán

El descenso en la protección del castellano en Cataluña coincide con la polémica por el acuerdo del Gobierno de coalición del PSOE y Podemos con ERC para que los republicanos apoyen los Presupuestos Generales del Estado, a cambio de que se suprima, en la nueva Ley de Educación, que el castellano es “una lengua vehicular” en la enseñanza.

Tal modificación resulta muy significativa. Los partidos independentistas rechazan que la Ley de Educación recoja que “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares” en la enseñanza en España.

La oposición ha criticado duramente en el Congreso la medida porque, pese a que no habría problema en la protección del catalán al mismo nivel que el castellano, consideran que, en realidad, lo que persiguen las formaciones soberanistas no es la equiparación, sino la progresiva desaparición del castellano de las aulas en Cataluña.

Hay que tener en cuenta que ya en la actualidad, con los modelos de inmersión, la única asignatura que se imparte en español en la gran mayoría de los colegios catalanes es la de Lengua Castellana, en cumplimiento del mínimo exigible de que el 25% de la enseñanza se realice en la lengua oficial del Estado.

La mayoría provienen de Europa

Hasta el año pasado, las normativas del Gobierno central que regulaban el uso obligatorio del español (lengua oficial en todo el Estado) hacían referencia, por ejemplo, a que se utilizara en licencias deportivas, etiquetado e instrucciones de productos y aparatos (ascensores, electrodomésticos, motos acuáticas...), documentación, rotulación, embalaje, declaraciones de conformidad, hojas de servicios de la Guardia Civil...

ECD ha tenido acceso al listado íntegro de las últimas disposiciones legales que han sido aprobadas por el Ejecutivo de Sánchez durante el tercer trimestre del año, y que establecen con carácter obligatorio el uso del castellano en ámbitos muy diversos.

De las 29 normas afectadas, hay que destacar que nueve provienen directamente del Estado, 19 de la Unión Europea y una de las Naciones Unidas.

Funcionamiento de la administración

Quince medidas hacen referencia a etiquetado e instrucciones, y regulan productos tan diferentes como las importaciones de madera de fresno de Estados Unidos y Canadá y determinados aditivos de los piensos para animales.

 

Tres normas afectan al funcionamiento de la administración. Concretamente, regulan la Oficina de Interpretación del Ministerio de Exteriores, las medidas de reactivación económica en los sectores del transporte y de la vivienda a raíz de la pandemia, y el régimen sancionador sobre los tiempos máximos de conducción de los profesionales de los transportes por carretera.

También hay otras vinculadas con las relaciones entre la ciudadanía y la administración. En este aspecto, destaca que la Comisión Europea debe asegurar que la herramienta común de recogida de información sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios europeos deberá estar disponible en “Todas las lenguas oficiales de la Unión”.

Solicitud de ayudas y becas

Además, cinco de las normas afectadas establecen obligaciones empresariales en la información electrónica relativa al transporte de mercancías, las simulaciones de vuelo de los operadores aéreos, los certificados de inutilización de las armas, la importación de acero de China y la importación de electrodos de wolframio de China, Laos y Tailandia. Otra hace referencia a una obligación estatal de promoción lingüística del castellano.

Finalmente, dos normativas exigen el castellano en la petición de ayudas. En el primer caso, la documentación necesaria para solicitar ayudas para la innovación en el sector portuario debe ser presentada “tanto en lengua española como inglesa”.

En el segundo, se exige que los candidatos a obtener una beca de formación en seguridad nuclear y protección radiológica tengan “capacidad de obrar y con dominio hablado y escrito del idioma español”, y se les valora conocimientos de “Otros idiomas oficiales en la Unión Europea o en terceros países con relevancia en relaciones con la materia de la beca que se solicita”.

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