Política

El Gobierno forzará una “reprobación pública” del rey Juan Carlos en el escrito de archivo de la Fiscalía

El Ministerio Público insistirá en que el ex jefe del Estado cometió los delitos de “blanqueo de capitales, contra Hacienda, cohecho y tráfico de influencias”

Juan Carlos I.
photo_camera Juan Carlos I.

El Gobierno ha comenzado a preparar una “reprobación pública” de Juan Carlos I, una vez que se produzca el archivo de la causa en el Tribunal Supremo. Se apoyará en el escrito de la Fiscalía, que Moncloa ya conoce que contendrá duros reproches a la conducta del rey emérito.

Se tiene en cuenta que la Fiscalía del Tribunal Supremo se dispone a anunciar en las próximas semanas el archivo de las tres investigaciones prejudiciales abiertas sobre el patrimonio del rey Juan Carlos en el extranjero.

Fuentes con acceso a La Moncloa, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, aseguran que el escrito de archivo incluirá un duro alegato contra la conducta del ex jefe del Estado.

Insistirá en los delitos cometidos

Hasta el punto de que la Fiscalía dará a entender que los delitos efectivamente se cometieron, pero su exoneración resulta obligada a tenor de la inmunidad de la que ha gozado como Jefe del Estado (artículo 56.3 de la Constitución sobre la inviolabilidad del Rey), por estar prescritos o por haber regularizado su situación con Hacienda (artículo 305.4 del Código Penal).

Las fuentes del Ejecutivo consultadas por ECD destacan que la complejidad de este tipo de operaciones hace muy difícil la aspiración a una información completa, por eso resulta imprescindible que tanto Hacienda como la Fiscalía ofrezcan una sólida argumentación.

Defienden que esa argumentación tiene que ir más allá de la pura solvencia técnico-jurídica y facilitar la comprensión de la misma por parte de la ciudadanía para que la confianza en el sistema no se vea erosionada. Máxime cuando existe la posibilidad de que la causa judicial pudiera prosperar en otras jurisdicciones fuera de España.

El rey Juan Carlos se ha visto involucrado en diversas investigaciones, en España y fuera del país, relacionadas con presuntas comisiones obtenidas antes de su abdicación en 2014 y presuntos delitos fiscales que pudieran estar detrás de las dos regularizaciones multimillonarias presentadas a Hacienda en diciembre de 2020 y en febrero de 2021 (casi 700.000 euros en la primera y 4,3 millones en la segunda).

Ambas fueron efectuadas con posterioridad al inicio de la investigación y la duda estriba en si la misma comunicación de Hacienda puso en marcha su presentación, con lo que dejarían de ser voluntarias.

Quedarán asuntos pendientes de aclarar

Sin embargo, y más allá de la acción de la justicia, fuentes de Moncloa asumen que la dignidad institucional del ex jefe del Estado reclama la clarificación de las circunstancias en que se produjeron las regularizaciones fiscales, la disipación de las dudas sobre las comisiones obtenidas como presunto intermediario y la existencia de fondos en cuentas situadas en paraísos fiscales.

 

Destacan que el archivo de la causa estaría sujeto al ordenamiento jurídico y no debería generar en la sociedad desconfianza en el funcionamiento de la justicia. Pero advierten de que la dimensión actual del problema es ya otra, de carácter civil, ético y democrático.

Forzará una “reprobación pública”

Por ello, fuentes del Gobierno anticipan a ECD que Moncloa forzará una “reprobación pública” del rey emérito, utilizando la dureza del escrito de archivo de la Fiscalía.

Se tiene en cuenta que el caso de Juan Carlos I tardará tiempo en desaparecer de la conversación pública. La evolución de las investigaciones fuera de España y las series de televisión que se anuncian sobre su vida lo mantendrán presente.

Además, la propia libertad de movimientos del rey emérito no hace descartable que pueda regresar a España tras el archivo de la causa y el Gobierno tendrá que responder ante esa circunstancia previsible, que ya ha dejado completamente en manos de Zarzuela.

La inviolabilidad hasta su abdicación en 2014, la prescripción de los delitos o las dificultades probatorias estarán ajustadas a la ley. Pero Presidencia no olvida que la falta de explicaciones claras dejará abierta la puerta a la especulación. Un movimiento que no favorecerá a Felipe VI.

Defienden que las razones de forma pueden impedir la acción de la justicia, pero no disipan las razones de fondo ante una ciudadanía española cada vez más preparada y exigente.

No es suficiente con ensalzar a Felipe VI

No se pasa por alto que el respeto por la figura de Juan Carlos I sigue presente en amplias capas de la sociedad española, pero en muchas otras ha crecido significativamente un rechazo que ha llegado a trascender a la anterior figura del jefe del Estado y alcanza a la institución misma de la Corona.

En Moncloa y en Zarzuela asumen también que la mejor garantía para la institución no pasa solo por enfatizar la virtud personal, natural o aprendida, de quien es hoy titular de la jefatura del Estado, el rey Felipe VI.

Coinciden en que el debate público sobre el modelo de Estado exige que la Corona se dote de todos los instrumentos de control democráticamente exigibles tras cuarenta años de vigencia. Un camino que ya ha emprendido Felipe VI, quien ha adoptado medidas relevantes en relación con su padre ante la gravedad de las informaciones publicadas.

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