Política

El Gobierno ignora al Consejo de Transparencia y vuelve a denegar documentos sobre la exhumación de Franco

No va a facilitar las cartas intercambiadas con el Vaticano ni los informes jurídicos y técnicos en los que fundamentó el traslado de los restos del dictador

Restos de Franco. Foto: EFE
photo_cameraRestos de Franco. Foto: EFE

Ni una resolución en su contra del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a hacer públicos determinados documentos relativos al proceso de exhumación de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

En estas páginas se contó el pasado mes de mayo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había respondido a al menos siete peticiones de información de ciudadanos, tramitadas a través del Portal de Transparencia, con una negativa a facilitar información sobre el caso.

Entre los documentos denegados, estaba el expediente administrativo del Ministerio de Justicia sobre la exhumación, los informes de la Abogacía del Estado sobre el proceso, y también las cartas que Moncloa, concretamente la vicepresidenta Carmen Calvo, intercambió con el secretario de Estado del Vaticano para lograr el visto bueno de la Santa Sede a la exhumación frente a la oposición del prior benedictino del Valle de los Caídos.

Las resoluciones denegatorias provocaron la queja de los ciudadanos solicitantes, que recurrieron ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Se trata de un organismo público, con plena independencia pero adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que tiene por objeto “promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno”.

El Independiente contó en el mes de junio que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno había dictado una resolución en la que estimaba la reclamación de uno de los peticionarios de información sobre el caso, y reconocía su derecho a acceder a las cartas intercambiadas por Calvo y Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

Correspondencia con El Vaticano

Confidencial Digital ha comprobado que, meses después de ese tirón de orejas del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre las últimas resoluciones denegatorias del Portal de Transparencia vuelve a haber varias relativas al proceso de exhumación del féretro de Francisco Franco.

El 4 de julio, después de esa resolución mencionada, tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia (UIT) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación una solicitud de acceso a la información pública, que fue trasladada al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad-Presidencia del Gobierno el 5 de julio.

El texto de la solicitud era el siguiente: “Me gustaría me facilitarán la carta formal con la que han formalizado la queja sobre las declaraciones del ex nuncio Renzo Fratini sobre la exhumación de Francisco Franco”.

El subsecretario de Presidencia, Antonio J. Hidalgo -que tuvo protagonismo en el proceso de exhumación de Franco- firmó la respuesta a esta nueva petición. Y, de nuevo, resolvió “denegar el acceso a la información”.

“Comprometería las relaciones diplomáticas”

Este alto cargo del Ministerio de Presidencia argumentó que “un principio básico de las relaciones internacionales entre Estados, las cuales son uno de los ámbitos que afectan en mayor medida al interés general, es el carácter confidencial de las comunicaciones que mantienen entre ellos y que se canalizan normalmente a través de cartas o de notas verbales”.

Por ello, “la publicación de dichas comunicaciones sería susceptible de comprometer las relaciones con el país en cuestión y, en todo caso, afectaría a la confianza mutua en la que deben desarrollarse las relaciones diplomáticas entre países”, y El Vaticano “es a todos los efectos un Estado soberano y que mantiene relaciones diplomáticas plenas con España”.

Además, aunque miembros del Gobierno como Carmen Calvo hubieran podido hablar en público sobre la carta solicitada (“lo cual es consustancial a la política informativa de cualquier Gobierno en relación con todos los temas de trascendencia y de interés de los ciudadanos, independientemente de su naturaleza reservada o no”), según el Ejecutivo de Sánchez “poner a disposición del público documentos concernientes a relaciones diplomáticas entre dos Estados es algo bien distinto que comprometería gravemente dichas relaciones”.

También señala que “aportar al solicitante la documentación que pide sentaría un grave precedente en las relaciones internacionales no solo con el Vaticano, sino con cualquier otro Estado que se relacione en el futuro con nuestro país”. Y añade que “esta carta forma parte de un proceso negociador que afecta a cuestiones de indudable transcendencia”.

Todos estos motivos condujo al subsecretario de Presidencia a concluir que habría un perjuicio “razonable y no hipotético”, a las relaciones exteriores de España, si se publicara la carta, y como “no existe un interés superior que justifique el acceso a la información”, consideró legítima la denegación.

El Gobierno recurrió a los tribunales

No fue la única petición al respecto. El 9 de agosto llegó al Ministerio de Presidencia otra petición de información en la que un particular solicitó “toda la correspondencia entre el Gobierno y el Vaticano (Santa Sede) relativa a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, considerando, además, que el Consejo de la Transparencia determinó, en otra solicitud similar, que dicho contenido debía de ser público”.

La petición se encontró con otro “no” del Gobierno: “Se resuelve denegar el acceso a la información”. Y repitió los argumentos antes citados sobre la necesidad de garantizar la reserva de las comunicaciones en las relaciones diplomáticas entre estados.

Pero fue más allá. El subsecretario de Presidencia sí hizo referencia en esta respuesta a la decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, del mes de junio, de reclamar al Gobierno de España a facilitar las cartas entre Carmen Calvo y Pietro Parolin.

“En lo que refiere a las Resoluciones 194/2019 y 222/2019, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a las que parece referirse la solicitante, se le informa que la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, interpuso dos recursos contencioso-administrativos contra las citadas Resoluciones, en asuntos de idéntico contenido, las comunicaciones por carta con la Santa Sede”, informa el subsecretario de Presidencia.

Dichos recursos tuvieron efecto: “El 22 de julio y el 2 de septiembre, en sendos autos, los juzgados centrales de lo contencioso administrativo números 2 y 10, respectivamente, han acordado la suspensión cautelar de las citadas Resoluciones 222/2019 y 194/2019, sin que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se haya opuesto a ello”.

Justificándose en esa suspensión cautelar, el Ministerio de Presidencia ha vuelto a denegar por dos veces el acceso a las cartas sobre la exhumación de Franco entre Moncloa y El Vaticano.

Informes de la Abogacía del Estado

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez no sólo se ha resistido a facilitar esa documentación sobre el traslado de los restos mortales del dictador. En los meses previos a dicha exhumación, distintos ministerios resolvieron con negativas a otras solicitudes de información relativas este asunto.

Por dos veces, en el mes de julio, preguntaron al Ministerio de Justicia por los informes que la Abogacía del Estado elaboró sobre exhumaciones de personas enterradas en la Basílica del Valle de los Caídos entre los años 2000 y 2019.

A ambas peticiones, Justicia respondió de la misma forma. Facilitó un informe de la Abogacía del Estado, del año 2017, sobre exhumaciones de muertos en la Guerra Civil cuyos restos mortales fueron enviados al Valle de los Caídos (en muchos caídos, sin la autorización de las familias).

Pero a los informes sobre la exhumación de Franco no dio permiso para acceder. El motivo alegado en este caso es que en el momento de dar respuesta se trataba de un asunto judicializado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, quien finalmente dio el visto bueno a la exhumación que tuvo lugar en octubre.

Estudio arquitectónico del CSIC

Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que dirige Pedro Duque, tuvo que responder a una solicitud para consultar el “Informe del CSIC sobre el Valle de los Caídos. Me refiero al: Informe Pericial que valore la viabilidad de las soluciones técnicas previstas el Proyecto de Actuaciones Arquitectónicas la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El encargo fue adjudicado por contrato menor con número de expediente 2019/car002”.

ECD contó en su día que ese informe había sido encargado por Patrimonio Nacional al CSIC.

En este caso, la Secretaría General de Coordinación de Política Científica resolvió “denegar el acceso a la información a tenor del artículo 14.1 f) de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece como límite al derecho de información que el otorgar ésta suponga un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales”.

El Ministerio de Ciencia sí revela que “el informe pericial de referencia se emitió por el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” dependiente del CSIC, a petición del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (CAPN), previa solicitud de 15 de marzo último de la Abogacía del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al CAPN en el seno de los procedimientos ordinarios seguidos en diferentes Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid”.

A continuación cita quince procedimientos judiciales en juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que se estaban siguiendo sobre este asunto.

En todos estos litigios, el acto objeto de impugnación en todos los procedimientos era el “Informe emitido por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación con la adecuación urbanística del Proyecto de Actuaciones Arquitectónicas en La Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”.

Según revela el Gobierno, “para dicha impugnación las partes recurrentes aportaban un Informe Técnico de fecha 16/1/2018. El informe pericial solicitado al CAPN tenía por objeto pronunciarse sobre el informe técnico señalado, así como cualesquiera otros necesarios para la adecuada representación y defensa del Ministerio de Justicia en los procedimientos de referencia, tal y como señala la Abogacía del Estado en su escrito de solicitud”.

Por todo ello, el departamento de Pedro Duque concluyó que “por todo lo expuesto, resulta evidente que no procede conceder el acceso a la información solicitada”, ya que “si se concediera el acceso a la información y dicha información llegara a manos de la otra parte procesal podría frustrarse la posición de la Abogacía del Estado en los procesos judiciales mencionados”.

Seguridad en El Pardo

Las peticiones de información apuntaron también al asunto de reinhumar el féretro de Franco en el Cementario de Mingorrubio-El Pardo, en contra de la voluntad de la familia Franco. La Secretaría General de Coordinación Territorial, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, tuvo que responder a una solicitud para acceder al “Informe en que se basa la decisión de inhumar a Francisco Franco en el cementerio de El Pardo, elaborado por la Delegación del Gobierno de Madrid”.

En este caso, el ministerio se escuda de nuevo en que se trata de información utilizada por el Gobierno en un procedimiento judicial, y por tanto difundirlo perjudicaría su posición.

Pero añade otro argumento, otro límite que la Ley de Transparencia permite para denegar información de las administraciones públicas: la seguridad pública.

El informe había sido elaborado por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, con el objeto de analizar las condiciones de seguridad de la cripta de los Franco en el Cementario de Mingorrubio-El Pardo, “realizando para ello un análisis del emplazamiento y las posibles consecuencias, desde el punto de vista de la seguridad pública”.

El Gobierno asegura que en el informe la Delegación del Gobierno “expone unas valoraciones dentro de sus funciones de protección de derechos y libertades y de garantía de la seguridad ciudadana, funciones que podrían resultar perjudicadas si sus informes fuera de libre acceso, siendo además valoraciones que carecen de un valor vinculante o de efectos sobre terceros.

La empresa de la exhumación

Por último, al menos que de momento se pueda consultar en el Portal de Transparencia, el Ministerio de Presidencia denegó parte de la información solicitada por un ciudadano que registró una petición del siguiente tenor: “Quería conocer el presupuesto que se dedicará a la exhumación de Franco: qué trabajos están previstos, qué empresas los realizarán y cuál es el presupuesto”.

El Gobierno admitió revelarle un dato: el presupuesto era de 11.709,17 euros, destinados a que una empresa se encargara de las labores de exhumación y traslado de los restos mortales para su inhumación en el cementerio de El Pardo.

Pero denegó el acceso a la información relativa a la identificación de la empresa que iba a realizar la exhumación. El motivo era “la existencia de posibles perjuicios en el ámbito de la seguridad pública”.

El Gobierno señalaba en su respuesta que en la memoria del contrato se establecía que “la ejecución del contrato ha de estar acompañada de medidas especiales de seguridad por afectar a la protección de los intereses esenciales de la Seguridad del Estado”.

Pero sobre todo se negó a dar, cuando aún no se había producido la exhumación, el nombre de la empresa: “Dada la evidente repercusión mediática y dados los riesgos para los intereses empresariales de la contratista o para la seguridad de sus trabajadores si se revelara dicha información, se considera necesario preservar la identidad de la empresa adjudicataria. Si no fuera así, ni esta empresa ni otras capacitadas para prestarlo habrían accedido a ello”.

Cabe recordar, a este respecto, que los vehículos con operarios que intervinieron en los trabajos de exhumación accedieron al Valle de los Caídos, el día del traslado, con sus rótulos tapados con plásticos para evitar que las cámaras difundieran el nombre de la empresa. Ya se había filtrado un nombre y los responsables de la empresa recibierno amenazas de la extrema derecha.

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