Política

El Gobierno implantará otra revolución en la Justicia: los fiscales instruirán las causas

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que presentará el Ministerio arrebata a los jueces la investigación de los sumarios para entregárselo a la Fiscalía

Pedro Sánchez, habla con Adriana Lastra en el Congreso,
photo_cameraPedro Sánchez, habla con Adriana Lastra en el Congreso,

Hace unas semanas el Ministerio de Justicia anunció que había recibido el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. La nueva LECrim, que sustituirá la actual de 1882, supondrá una revolución en la investigación de los delitos: los fiscales pasarán a ser los instructores y los magistrados en esta fase pasarán a ser ‘jueces de garantías’. 

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Garriga (Vox) justifica la moción como “un deber nacional”.

Este cambio radical en el paradigma del proceso penal llega en un momento convulso por las duras críticas que el Gobierno acaba de recibir tras su proposición de ley para cambiar la manera de elegir al órgano de gobierno del Poder Judicial

El ministro, Juan Carlos Campo, ha manifestado su intención de presentar este Anteproyecto de ley antes de final de año, y según confirman fuentes conocedoras del texto a Confidencial Digital, su intención es darle prioridad absoluta. La tramitación es prioritaria, explican, porque el cambio estructural que supone tardará años en aplicarse por completo. Puede durar más de diez, según estas fuentes, porque requiere reformas de mucho calado. 

Según el texto que ultima Justicia, se propone ahora que el juez sea el garante de los derechos de las partes en una causa judicial y “no contamine su imparcialidad” formando parte de la instrucción. Así lo ha argumentado la Comisión de expertos que lleva reuniéndose semanalmente en el Ministerio desde el pasado mes de mayo. 

El Anteproyecto de ley contempla que la nueva Fiscalía instructora siga actuando en base al Estatuto Orgánico para asegurar su objetividad e independencia pero podrá dirigir a un equipo de fiscales cuando la naturaleza de la investigación lo exigiera. 

Se fijarán unos plazos legales para poder llevar a cabo la investigación -igual que existe ahora- de doce meses y hasta dieciocho en investigaciones de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional o de las fiscalías especiales y solo podrá ser prorrogadas cuando el juez lo autorice. Además, la Policía judicial también pasará a depender del Ministerio público.  

Un juez imparcial ajeno a la investigación 

La nueva LECrim aparta de todo el proceso de investigación a los jueces para que se encarguen únicamente del enjuiciamiento. Se denominará ‘juez de garantías’ porque, no obstante, serán ellos los que continúen acordando las medidas de las fases de instrucción como pueden ser cautelares, prisión provisional, órdenes de entrada y registro, injerencias en las comunicaciones, secreto de la investigación, medidas de protección de las víctimas, etc.  

El fiscal no podrá aprobar ninguna medida limitativa de derecho, igual que sucede en la actualidad. Por lo que todas las diligencias de investigación que decida practicar el fiscal y afecten a los derechos fundamentales requerirán siempre autorización judicial previa

En el escrito del Anteproyecto se explica que “cuando un juez investiga un delito parece como si ya estuviese juzgando” y las diligencias que practica como si ya fueran pruebas. 

Justicia trata de subrayar ahora que las pruebas válidas son solo las que llegan al juicio oral, algo que en última instancia seguirá decidiendo el juez. 

De este modo, el proceso de apertura de juicio oral se asemejará mucho al actual. Si el juez considera que existe motivo para la apertura se abrirá y en caso contrario, no. 

Modificación de la estructura judicial 

La idea es crear unos tribunales de instancias y repartir dentro las funciones, según explican fuentes judiciales. “Se va a producir un cambio estructural e infraestructural absoluto”, explican desde el Ministerio Fiscal a ECD.  

Los miembros de la Fiscalía son ahora mismo algo más de 2.500 profesionales. Un número que, según estas fuentes, es muy insuficiente para este cambio de ley que pretende aplicarse. Por eso, es posible que muchos jueces instructores pasen a formar parte de la carrera fiscal. También habrá que adaptar las carreras y los equipos de apoyo. 

Una reivindicación antigua 

A priori, que la instrucción pase al Ministerio Fiscal es una reivindicación antigua con la que las tres asociaciones de fiscales están de acuerdo. Sin embargo, la expectación por ver cómo se llevará a cabo la composición de este complejo puzle es máxima. 

La propuesta del Ministerio supone una recuperación de proyectos de anteriores Gobiernos, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 que elaboró el equipo del entonces ministro socialista Francisco Caamaño. O la Propuesta de código Procesal Penal de 2013, que desarrolló el popular Alberto Ruiz Gallardón al frente de la cartera. 

A todo este trabajo previo se han unido también las reformas operadas en la actual LECrim por la Ley Orgánica 13/2015 en materia tecnológica y la ley 41/2015 en relación con las garantías procesales. 

Campo trata de cerrar así un círculo de reformas llevadas a cabo durante décadas y ajustar el texto de las demandas judiciales actuales. Esta nueva Fiscalía instructora estaría en armonía también con la Fiscalía Europea, creada en 2018 con el sistema instructor de cada miembro. 

En la Comisión que ha elaborado el citado Anteproyecto está Juan José López Ortega, presidente de la comisión, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; Ignacio Rodríguez Fernández, fiscal; Pablo Crespo, fiscal del Tribunal Supremo y también miembro del grupo de trabajo del anterior anteproyecto de 2011; Pilar Rasillo, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid; José Antonio Colmenero, profesor titular en la Universidad Pablo de Olavide; José Luis Ramírez Ortiz, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona; Lorena Álvarez Taboada, fiscal del Tribunal superior de Justicia de Madrid; Concepción López-Yuste, fiscal de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado; Sofía Puente, fiscal delegada de violencia de género y Amaya Arnáiz, directora de Gabinete del Ministro de Justicia. 

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