El Govern denuncia que la justicia española ha investigado a 800 cargos públicos por el 1-O

Coincidiendo con el primer aniversario del referéndum del 1-O, el Govern de la Generalitat ha hecho público un informe que sus servicios jurídicos llevan meses preparando. En él se especifican todas las actuaciones que ha llevado a cabo la justicia española contra algunos de los responsables de la consulta.

En total figuran actuaciones e investigaciones contra más de 800 personas, de las que solo una parte acabaron en procesos judicializados. De esos ocho centenares, 712 ocupan el cargo de alcaldes que fueron llamados a declarar o que siguen dentro de alguna causa judicial por facilitar la apertura de centros de votación durante la jornada del 1 de octubre de 2017.

El informe señala que de todos los investigados, 24 de ellos han terminado incluidos en la causa del Tribunal Supremo por presunta rebelión, malversación y desobediencia. Entre ellos, el fugado Carles Puigdemont y los consejeros que aún continúan en Bélgica.

También se incluyen los siete investigados en la Audiencia Nacional  por presunta sedición, pertenencia a organización criminal y encubrimiento. Uno de ellos es el ex jefe de los Mossos, mayor Josep Lluís Trapero.

Y el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona mantiene abierta una investigación contra 44 personas, principalmente cargos o excargos de la Generalitat, por su presunta vinculación con la logística para permitir el 1-O.

Se añade 1 investigado por desobediencia en el Juzgado de Instrucción 12 de Barcelona; 5 por desobediencia y usurpación de funciones en el de Instrucción 15; 3 docentes investigados por el de Instrucción 3 de Martorell (Barcelona) por delito de odio; 3 por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por malversación de caudales públicos, revelación de secretos y desobediencia; y 1 en el Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona por prevaricación, desobediencia y malversación.