La guerra del diésel estalla de nuevo en el Gobierno: Montero y Ribera contra Calvo, Planas y Maroto

El Gobierno no ha encontrado todavía la fórmula para articular el impuesto al diésel. Y el debate sobre su implantación ha dividido al Consejo de Ministros de Pedro Sánchez: se ha producido un choque entre los partidarios de la nueva “fiscalidad ambiental” y los críticos con gravar el gasóleo hasta igualar su tasa con la de la gasolina.

La subida del impuesto al diésel ha sido esta semana la sorpresa en los Presupuestos presentados por Hacienda. El anuncio cogió a contrapié al PNV y a Ciudadanos, que durante semanas habían negociado discretamente el apoyo a las cuentas públicas, y comprometieron sus votos a cambio de que ese aspecto no fuera incluido.

El partido de Inés Arrimadas afirma que la subida será eliminada durante la tramitación de los Presupuestos. Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha terminado de aclarar si el Ejecutivo ha aceptado eliminarlo, aunque ha admitido que en el período de enmiendas será valorado, haciendo así también un guiño al PNV.

No obstante, Montero sí ha negado contactos con Ciudadanos para excluir la subida, a pesar de que la formación naranja haya asegurado que lo había pactado con el Gobierno.

Dos bandos y cinco ministerios implicados

Así, la guerra del diésel ha estallado de nuevo en el Consejo de Ministros. Según ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes conocedoras de la situación, no existe unanimidad en el Ejecutivo sobre la aprobación del polémico impuesto a dicho combustible. Se han abierto fisuras incluso entre los propios ministros socialistas.

Fuentes cercanas al Gobierno confirman a Confidencial Digital que la “fiscalidad ambiental” ha provocado un notable choque  entre “dos bloques”. María Jesús Montero y Reyes Maroto aglutinan uno y otro, a los partidarios y a los detractores.

Ambos bandos han entrado en disputa sobre si el Gobierno debe seguir adelante con este impuesto y las diferencias se escenifican en cinco ministerios, que son los principalmente implicados.

Montero y Ribera y la “fiscalidad ambiental”

Por un lado, según las fuentes consultadas por ECD, aparece la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que defiende con vehemencia el aumento de la “fiscalidad medioambiental”, también con el objetivo de que las empresas eviten comportamientos agresivos con el medio ambiente.

Ha trasladado a sus compañeros críticos con este gravamen que debe explicarse a la opinión pública que el afán de la política fiscal no tiene qué ser siempre recaudatorio, y que, en casos como la fiscalidad medioambiental, tiene más que ver con comportamientos disuasorios de agresiones al medio ambiente.

Es un argumento que comparte la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que presiona a Hacienda para que concluya cuanto antes los estudios de fiscalidad relativa a esta materia, tras haber declarado la guerra al diésel nada más llegar al Gobierno, anunciando que tenía “los días contados”.

La recaudación por ese gravamen, fijada por Hacienda en 600 millones de euros, superaría los 2.000 millones después del tercer año, al aplicarse de forma progresiva.

Presiones de Industria y Agricultura

Por el otro lado, dos ministerios han comenzado a recibir fuertes presiones para que el Gobierno se replantee este impuesto. Uno de ellos, Industria, dirigido por Reyes Maroto.

En el departamento de Industria se han recibido “mensajes alarmantes” por parte de las compañías fabricantes de automóviles con plantas de producción en España, y de otros miembros del sector, como Anfac, que advierten del cierre de factorías por falta de pedidos, con la amenaza que eso supone para decenas de miles de puestos de trabajo.

Otro de los ministros que se ha posicionado en contra del impuesto al diésel es el titular de Agricultura. En su caso, Luis Planas quiere garantías de que la subida excluirá a transportistas y agricultores, como ha prometido Hacienda. Dado que la medida no está perfilada del todo por el Gobierno, ambos sectores mantienen la incertidumbre.

Por supuesto, se tiene en cuenta que una huelga de transportistas y de trabajadores del campo “lograría paralizar el país” y pondría en peligro el abastecimiento de alimentos y productos frescos en los supermercados. Una imagen que se quiere evitar a toda costa.

Carmen Calvo apoya a Planas contra Montero

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, también ha tomado parte en esta guerra. Defiende el discurso de protección del medio ambiente, que también lanza el presidente Pedro Sánchez, pero considera que todavía se debe valorar cómo aplicarlo, dado el elevado coste político que supone.

Por si faltara algo, Calvo y Planas, dos personas que en el pasado han sido especialmente críticos con Susana Díaz, han protagonizado en los últimos años una “guerra soterrada” contra ella que ahora, con la coincidencia de ambos en el Consejo de Ministros, tiene como principal objetivo a la ex mano derecha de la presidenta andaluza, María Jesús Montero.

Por ello, ahora Carmen Calvo también se posiciona contra el impuesto al diésel que propugnan las ministras de Hacienda y de Transición Ecológica, sobre todo si afecta a profesionales y a autónomos. La misma línea roja que no está dispuesto a traspasar Luis Planas.

La guerra del diésel en el Consejo de Ministros

La polémica por el diésel viene de lejos. Pedro Sánchez anunció, a finales de 2018, que el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente contemplaría ese impuesto.

En aquel momento, presumió de liderar un Gobierno “ecologista” y “comprometido con la transición ecológica”. Sin embargo, ni las cuentas públicas de 2019 ni las de 2020 salieron adelante.

Sólo una hora después de la confirmación del presidente, la ministra de Industria, Reyes Maroto, no se mostró tan categórica a la hora: “Se habla mucho del impuesto del diésel pero el Gobierno ni siquiera lo ha anunciado. Lo que se ha hecho es un globo sonda”, afirmó sin matices.

Estas palabras entraban en conflicto directo con las declaraciones de Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER, en la que había asegurado que “todo lo que tenga que ver con transición energética y sostenibilidad del país, como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto”.

Este cruce de declaraciones ha sido el más llamativo, en una serie de contradicciones desde que la medida fue anunciada y se comenzó a visualizar públicamente que no existía unanimidad en el Ejecutivo sobre la aprobación del polémico impuesto.