Política

Hacienda advirtió a cuatro líderes del ‘procès’ por sospechas de alzamiento de bienes para eludir embargos

Investigó a todos los implicados en el 1-O y detecto en varios ex consellers de la Generalitat cambios de titularidad de propiedades, ventas de inmuebles…

Los presos indultados posan con una pancarta y una estelada. Foto Kike Rincón / Europa Press.
photo_camera Los presos indultados posan con una pancarta y una estelada. Foto Kike Rincón / Europa Press.

El Gobierno ha vigilado a todos los ex altos cargos de la Generalitat implicados en el 1-O, para detectar movimientos económicos encaminados a proteger sus propiedades frente a embargos por la organización del referéndum ilegal. Hacienda ha investigado al menos a cuatro consellers de Carles Puigdemont por sospechas de alzamiento de bienes.

Hay que recordar que algunos ex miembros del Govern se enfrentan ahora a elevadas multas por desobediencia y malversación por los gastos del 1-O. Tendrán que asumir de su propio bolsillo las sanciones económicas que acaba de imponerles el Tribunal de Cuentas.

5,42 millones

El organismo fiscalizador ha ordenado esta misma semana, a cerca de 40 ex altos cargos de la Generalitat, depositar 5,42 millones bajo pena de embargo.

Ha notificado a los representantes de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas o Raül Romeva, entre otros, que deben reunir ese dinero para afrontar su responsabilidad contable por los fondos ilegalmente utilizados en la red exterior de la Generalitat durante el período 2011-2017.

Se trata de la mayor factura impuesta hasta ahora por el Tribunal de Cuentas a los líderes del ‘procès’.

El órgano fiscalizador del Estado ya reclamó a Artur Mas y sus colaboradores que devolvieran 5,2 millones por la consulta ilegal del 9-N de 2014. Y, el pasado año pidió otros 4,1 millones a Puigdemont y su equipo por el referéndum del 1-O de 2017.

Investigación a todos los implicados en el 1-O

En este contexto, según ha podido conocer Confidencial Digital por fuentes de las investigaciones, Hacienda ha detectado que al menos cuatro ex consellers de la Generalitat se disponían hace unos meses a poner una parte de sus bienes a nombre de terceros.

El tribunal sospecho que el temor que el Tribunal de Cuentas les obligase a pagar de su bolsillo los gastos del referéndum ilegal era la razón que les llevaba a poner algunas de sus propiedades a nombre de familiares, o a vender bienes, para evitar que en su día pudieran ser embargados.

Con estos movimientos, los altos cargos del Ejecutivo de Carles Puigdemont supuestamente pretendían eludir que la Justicia les obligase a responder con su patrimonio por los gastos de organización de la consulta ilegal.

Exhaustivas comprobaciones de sus propiedades

Según las fuentes consultadas, la Agencia Tributaria recopiló las declaraciones de bienes activos y pasivos que los propios miembros del Govern habían proporcionado al área de transparencia de la Generalitat.

Los altos cargos que son a la vez diputados del Parlament deben informar también a la Cámara de su patrimonio (viviendas, vehículos, dinero en cuentas, acciones y planes de pensiones).

Esa información fue contrastada con los bienes que constaban en el Registro de la Propiedad a nombre de cada uno de los consellers investigados. También se revisaron sus cuentas bancarias.

Advertencia al menos a cuatro ex consellers

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD revelan que Hacienda advirtió a los ‘sospechosos’ de que presentaría una denuncia ante la Fiscalía, para que actuase contra ellos por un presunto delito de alzamiento de bienes.

Esa acción perseguiría que fuesen investigados por las actuaciones que hubieran emprendido con el fin de sustraer u ocultar en todo o en parte su patrimonio. Un aviso que, según revelan personas involucradas en la investigación, frenó los planes de estos cuatro líderes del ‘procès’ de proteger su patrimonio frente a las multas del Tribunal de Cuentas.

Devolver lo malversado

Se entendía que el objetivo de los altos cargos de la Generalitat, salvo que demostrasen lo contrario, era que el Estado encontrase dificultades para hallar elementos patrimoniales con los que reunir el dinero y devolver todo lo gastado ilegalmente en la organización del referéndum del 1-O.

El juez debería probar que la pretensión de los consellers investigados era salvar todo su patrimonio o algún bien del mismo, en beneficio propio o en el de alguna otra persona, obstaculizando así la ejecución del Estado.

Después, podría exigir a los condenados la responsabilidad civil; es decir, obligarles a que devolviesen lo malversado.

Un patrimonio conjunto de más de 3 millones

Según sus declaraciones de bienes, el Govern que organizó el 1-O acumulaba en su conjunto propiedades inmobiliarias, cuentas corrientes, títulos y planes de pensiones por valor de 3,3 millones. Además, sumaban unas deudas de más de 900.000 euros en hipotecas y créditos al consumo.

Según los datos proporcionados por la web de la Generalitat, el presidente, Carles Puigdemont, tenía un patrimonio activo de 294.000 euros, aunque el primero en este apartado era el entonces conseller de Territorio, Josep Rull, que declaró un patrimonio inmobiliario por valor de 830.000 euros, fruto de una herencia familiar. También poseía cuentas y un plan de pensiones por otros 90.000 euros.

En segunda posición se situaba el vicepresidente Oriol Junqueras, con un patrimonio inmobiliario de 160.000 euros, así como cuentas, acciones y plan de pensiones por otros 234.000 euros.

Inquietud entre los consellers de Puigdemont

Una muestra de la inquietud por su patrimonio que ha venido sobrevolando a los consellers que formaban parte de aquel Govern fueron las declaraciones del ex titular de Empresa, Jordi Baiget.

Admitió en una entrevista, tres meses antes del 1 de octubre, que no le preocupaba ir a la cárcel, pero no estaba dispuesto a sacrificar su patrimonio. Fue destituido del cargo por Carles Puigdemont apenas 24 horas después de realizar esa confesión.

Pocos días después, el entonces presidente de la Generalitat llevó a cabo una remodelación de su Govern, en la que sustituyó a tres consellers que no estaban dispuestos a firmar la convocatoria del referéndum por temor a las consecuencias legales y económicas que pudieran asumir.

urada su continuidad el próximo curso político.

Imágenes de la zona de la erupción en La Palma tomadas por la Guardia Civil

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