Cinco agentes implicados en el “caso Roquetas” regresan al mismo cuartel a la espera del juicio; el teniente ya está en su nuevo destino

Los agentes implicados en el “caso Roquetas” ya han cumplido las sanciones que sobre ellos aplicó la Benemérita. La mayor parte de los afectados se ha reincorporado a su trabajo en su antiguo puesto.

Juan Martínez Galdeano, de 39 años, era agricultor, estaba casado y tenía un hijo de 19 años. El 24 de julio de 2005, murió en las dependencias de la Guardia Civil de Roquetas del Mar (Almería) cuando un grupo de agentes intentaba reducirle y él ofreció una resistencia desorbitada. Estos hechos, que causaron un gran revuelo mediático y social en aquellos días, supusieron la incoación de un proceso judicial por la muerte de Galdeano contra el teniente y los agentes que intervinieron en la detención.   Ante los hechos y a la espera de su aclaración, la Guardia Civil impuso también una sanción cautelar al citado mando y los agentes que se vieron envueltos en el suceso. Según ha podido saber El Confidencial Digital, estas sanciones de suspensión de empleo y sueldo impuestas por la Benemérita han concluido en fecha reciente. Por este motivo todos los miembros del Instituto Armado implicados en el caso trabajan hoy con normalidad, y cinco de ellos en el mismo acuartelamiento de Roquetas.   El teniente José Manuel Rivas, que estaba al mando del cuartel de Roquetas de Mar donde murió el agricultor, ya se ha incorporado a un nuevo destino, ya que la sanción que se le impuso conllevaba la pérdida de la plaza en la que desempeñaba su trabajo.   También se ha tenido que buscar nuevo acomodo a otro de los agentes tras la sanción interna que se le impuso. De los restantes guardias civiles implicados, uno que se encontraba en situación de prácticas y por tanto estaba en Roquetas de manera eventual, se ha marchado a nuevo destino por ciclo natural.   Los agentes restantes siguen hoy trabajando en las dependencias de la Benemérita en Roquetas, como han confirmado a ECD fuentes de la Guardia Civil.   A la espera de la celebración del juicio, se sabe que el fiscal del caso ha solicitado diez años de prisión para el teniente José Manuel Rivas, al que acusa de ser el supuesto responsable de los delitos de atentado grave contra la integridad moral, lesiones y homicidio imprudente. Para los otros siete agentes presuntamente implicados en los hechos, la fiscalía pide ocho años de prisión para cada uno de ellos.   Por su parte la defensa de los nueve guardias civiles imputados ha solicitado la libre absolución para los nueve agentes basando su petición en los informes técnicos y la autopsia realizada sobre el cuerpo del fallecido. A su juicio, estos documentos no dejan lugar a dudas acerca de la inocencia de los agentes imputados.

 

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