Política

Una medida de presión a los consejeros

Los independentistas vigilan que Torra ‘restituya’ a los cargos purgados por el 155

Un grupo de funcionarios elabora un informe para comprobar el porcentaje del personal del Govern de Puigdemont que ha sido recuperado al acabar la intervención del Estado en la Generalitat

“Estas elecciones van de restituir lo que el Estado ha querido fulminar”: ese fue el mensaje que Junts per Catalunya lanzó en la campaña de las elecciones catalanas del 21-D para reivindicar que, si conseguían mantener el poder, los independentistas recuperaran no sólo a Carles Puigdemont como presidente, sino también a todo el personal de la Generalitat afectado por la aplicación del artículo 155.

La consigna de recuperar, tal cual, el “Govern legítim” cesado por el Gobierno de España al intervenir la Generalitat tras la declaración de independencia de Cataluña fue una constante en esa campaña electoral y después de las elecciones, cuando los resultados dejaron claro que pese a la victoria la suma de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP les permitiría volver a investir a un presidente independentista.

Tras meses de tira y afloja judicial, renunciaron a investir a Puigdemont e invistieron a Quim Torra, que también tuvo que renunciar a nombrar consejeros de su gobierno a los ex consejeros huidos al extranjero y a los que se encuentran en prisión provisional.

Al final, ninguno de los miembros del Govern de Puigdemont que pilotó la declaración de independencia y que fue cesado por el 155 vuelve a sentarse en la mesa del Consell Executiu del Palau de la Generalitat. Pero los nuevos consejeros sí están “rescatando” a altos cargos de segundo nivel que perdieron sus puestos de trabajo por la intervención del Estado.

Seguimiento de a quién nombran los consejeros

El Confidencial Digital ha podido saber que todo este proceso lo están siguiendo con mucha atención los colectivos que los funcionarios independentistas de la Generalitat formaron para, en la medida de sus posibilidades, “resistir” ante el 155. Se formaron “Asambleas de Trabajadores para la Defensa de las Instituciones Catalanas” en todos los departamentos del Govern, que en estos meses han organizado manifestaciones, han llenado de simbología independentista los edificios oficiales...

También se creó la entidad “Servidors Públics de Catalunya”, que ha ido elaborando períodicamente los llamados “informes de daños” sobre los efectos de la intervención del Estado: documentos que recopilaban cuántos altos cargos habían sido cesados, cuántos proyectos y expedientes administrativas se habían paralizado...

Pues bien. Fuentes de estos colectivos explican a ECD que en estas semanas están siguiendo con detalle los nombramientos que los consejeros y altos cargos están realizando para completar sus equipos en los diversos departamentos, para comprobar si se restituye a los cesados.

“La promesa electoral era la restitución, y por eso vamos a hacer un inventario de ello”, explican funcionarios independentistas. Entienden que algunos cargos no vayan a volver, por estar ligados por una relación de confianza con los anteriores consejeros: pero en general aspiran a que todos los que quieran sí sean recuperados por el nuevo Govern de Quim Torra.

Para ello, van a recopilar la información de los nombramientos que se están sucediendo, para ver el porcentaje de “restitución” que cumple el ejecutivo catalán, sobre el total que fue apartado de sus cargos, en estos primeros compases de la etapa “post-155”.

Asesores que vuelven meses después

Ya se han conocido algunos nombres de responsables cesados por el Gobierno de España que ahora vuelven a puestos directivos de la administración autonómica.

Annabel Marcos fue destituida en abril de su cargo de directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña después de que se difundiera la noticia de que Marcos había transportado y ocultado en su coche urnas del referéndum ilegal del 1 de octubre. Ahora el consejero Jordi Puigneró, de Políticas Digitales y Administración Pública, la ha recuperado como secretaria de Administración y Función Pública.

Además, el nuevo secretario de Comunicación del Govern, Antoni Molons, era secretario de Difusión y Atención Ciudadana pero el Gobierno de España lo cesó cuando se conoció que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona está investigando su responsabilidad en las campañas institucionales de la votación del 1-O.

Además, ECD ha podido comprobar que en las últimas semanas por ejemplo el Departamento de Presidencia de Elsa Artadi ha nombrado como personal eventual a tres personas que fueron cesadas durante la aplicación del 155: Rahma El Badoui Aloui, como asesora del presidente y del director de la Oficina del presidente; e Isabel Lansac Guasch y Josep Maria París Artigues como adjuntos al Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo.

Según el último “informe de daños” del colectivo Servidors, durante la intervención del Estado en la Generalitat fueron cesadas 259 personas, contando a Puigdemont, sus consejeros, cargos clave como el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y un elevado número de cargos de confianza vinculados a altos cargos.

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