Un informe reclama proteger la última estatua de Franco en Santa Cruz de Tenerife

Tras la retirada de la figura que tenía en Melilla como mando de la Legión, el PSOE ha planteado hacer lo mismo con el monumento de Juan de Ávalos en Canarias

Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife (Foto: FlickreviewR).
Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife (Foto: FlickreviewR).

El gobierno de Melilla retiró hace unos días la estatua de Francisco Franco que aún se podía ver a los pies de la Muralla Florentina. Hasta ahora homenajeaba al “comandante Francisco Franco, héroe de las campañas de África y liberador de Melilla”, por su papel al frente de los legionarios que defendieron la ciudad frente a las cabilas rifeñas tras el desastre de Annual.

Como se contó en estas páginas, la de Melilla no era la última figura de Franco que quedaba en la vía pública en España. En Santa Cruz de Tenerife existe un monumento que representa al dictador a lomos de un ángel, como representación del viaje que hizo en avión desde Canarias al norte de África para tomar el mando de las tropas sublevadas contra el gobierno de la Segunda República el 18 de julio de 1936.

Al quedar como único municipio de España con una estatua de Franco, volvió la polémica a Santa Cruz de Tenerife. El secretario de Memoria Histórica del PSOE de Canarias, Hugo Báez, criticó que la cocapital del archipiélago se haya convertido en “la última ciudad de España en dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica que obliga a la retirada de monumentos de exaltación a la figura del dictador Francisco Franco”.

Por ello, urgió al gobierno municipal que integran Coalición Canaria y el Partido Popular a que retire ese monumento, obra del escultor Juan de Ávalos, autor de muchas estatuas del Valle de los Caídos.

Frente a esta exigencia del PSOE de Canarias, la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel ha presentado un informe que reclama proteger por razones artísticas el monumento referido.

Esta asociación considera, en primer lugar, que el conjunto escultórico “está protegido por la propia Ley de Memoria Histórica”, que en su punto 15.2 establece que la ley no es aplicable “cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”.

En ese sentido, la asociación recuerda que se da precisamente esa circunstancia. Cita un informe que elaboró en 2018 la Real Academia de Bellas Artes de Canarias de San Miguel Arcángel, que concluyó que “poseer una obra de la categoría artística de la de Juan de Ávalos, Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1974) y de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes (1880) y Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica, honra sin duda el patrimonio artístico de Santa Cruz de Tenerife”.

Un año después, en 2019, la misma Real Academia Canaria de Bellas Artes solicitó al Cabildo de Tenerife que declarase el monumento como Bien de Interés Cultural, dado el alto valor artístico del conjunto escultórico y reconocimiento mundial de su autor.

Otro aval a este monumento lo dio la Fundación CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio), en un informe de 31 de mayo de 2018: “Los valores artísticos del conjunto escultórico son incuestionables, en coincidencia con la opinión que sobre esta obra hizo la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel”, por lo que “este conjunto arquitectónico constituye uno de los ejemplos en donde el pasado convive con el presente y el futuro”.

 

Con todos estos estudios, la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel concluye que “el conjunto escultórico de Juan de Avalos tiene los suficientes valores artísticos para ser preservado”.

Además, argumenta que “el equilibrio urbano del espacio donde está ubicado, tal y como se describe en el estudio Geométrico-formal ha venido adquiriendo unas señas de identidad y adoptando expresiones sociales y valores culturales acordes con el conocimiento y las expresiones sociales de una democracia del siglo XXI”.

“En definitiva, y como conclusión”, termina la asociación, “no concurre ninguno de los requisitos que legalmente condicionan a la Administración para que pueda disponer la retirada del monumento, por lo que una tal e hipotética decisión carecería del más mínimo soporte legitimador y supondría un grave atentado a nuestro patrimonio cultural”.

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