Política

Sanidad denuncia en un informe que cinco provincias de Castilla y León fuerzan a las mujeres a irse para abortar

El Ministerio entra en la guerra contra las medidas aprobadas por el Gobierno de PP-Vox para “ayudar a las embarazadas”

Carolina Darias y Mañueco.
photo_camera Carolina Darias y Mañueco.

El PSOE ha comenzado a advertir contra el retroceso si gobierna la derecha, aludiendo al protocolo del aborto en Castilla y León. El Ministerio de Sanidad va a entrar en la guerra con un informe que destaca que es una de las autonomías que más obliga a las mujeres a desplazarse a otras provincias para interrumpir voluntariamente el embarazo.

El ruido por las polémicas que se han instalado en la agenda, por las reformas de malversación y sedición, y la ley del “solo sí es sí”, es elevado. Frente a esto, el Gobierno y el PSOE van a reivindicar su agenda social, advirtiendo contra los retrocesos de la derecha y la extrema derecha.

Los socialistas han encontrado en la alianza de PP y Vox en Castilla y León su gran argumento, con el polémico protocolo del aborto propuesto por la Consejería de Sanidad en esa comunidad, que apuesta porque las mujeres vean ecografías 4D, reciban asistencia psicológica o escuchen el latido fetal antes de abortar.

El propio Pedro Sánchez ha empezado a alertar de esa “coalición del miedo entre PP y Vox” y ha avisado de que la derecha ha decidido un camino y ya sabe cuál ha tomado, “el que le marca la ultraderecha”.

Frente a esto, el presidente del Gobierno ha prometido que con “los gobiernos socialistas lo que va haber son avances en beneficio de las mujeres y ni un solo retroceso”.

Azuza el ruido de Vox

En Ferraz admiten que el PSOE azuza así el ruido de Vox con el aborto a cuatro días de la gran marcha de la derecha contra Pedro Sánchez en Madrid. Los socialistas han salido en tromba a advertir de que el socio del PP en el Ejecutivo de Castilla y León pretende “cercenar el derecho de las mujeres”.

Han acusado a los populares de ser cómplices. Y, por eso, ha exigido a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que se posicione públicamente y aclare si apoya o no las polémicas medidas recogidas en el protocolo antiaborto, como la obligación de que los médicos ofrezcan a las mujeres escuchar el latido del feto.

Obligadas a irse para abortar

Por si fuera poco, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, el Ministerio de Sanidad también va a entrar en la guerra contra las medidas aprobadas por el Gobierno de PP-Vox para “ayudar a las embarazadas”.

En un informe, al que ha tenido acceso ECD, Sanidad denuncia que miles de mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo son obligadas cada año a desplazarse a otra provincia e incluso cambiar de comunidad autónoma debido a que los servicios de salud no llevan a cabo esta práctica sanitaria en los lugares en los que viven.

Una discriminación geográfica que se da de diferentes formas y a la que la opacidad institucional dificulta poner cifras exactas, pero que constituye uno de los obstáculos del acceso al aborto en España incluso más de diez años después de la puesta en marcha de la ley durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Señala a Castilla y León

En medio de la polémica con Castilla y León, el informe de Sanidad señala hasta cinco provincias de esta autonomía que no han notificado ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en los últimos cinco años, a pesar de que en ellas ha habido mujeres que las han solicitado. Pone en el punto de mira a Palencia, Segovia, Ávila, Zamora y Soria.

 

Esto implica que dentro de sus fronteras no se han realizado y que derivan a las mujeres a otras provincias, según confirman varias consejerías de Sanidad a ECD. También hay que sumar otros territorios que solo realizan una parte de las intervenciones y desplazan a las mujeres en determinadas circunstancias.

Las razones que señalan las autoridades sanitarias apuntan especialmente a que, en estas provincias, “no existen clínicas privadas” con las que concertar la prestación.

En clínicas privadas

Hay que destacar que el de las clínicas es el modelo imperante para la prestación del servicio e implica que la Administración lo concierta con ellas y las mujeres no pagan por la intervención, pero incluso si en un territorio no hay centros, el Ministerio de Sanidad denuncia que los hospitales públicos tampoco asumen los abortos.

Según los datos de Sanidad, el 84% de los 90.189 abortos practicados en España en 2021 se realizaron en centros hospitalarios o clínicas privadas, pese a que el 71% de las informaciones se solicitaron en centros públicos.

Igualdad territorial

Asegura también que esta es una práctica con la que la reforma de la Ley del Aborto que se encuentra pendiente de aprobación en el Senado quiere acabar.

El informe del departamento que dirige Carolina Darias recuerda que, como se expone en el preámbulo de la norma, el objetivo del Gobierno es “garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública evitando la desigualdad territorial”.

Destaca que el 5% de las mujeres que se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en España en 2021 residían en provincias que ese mismo año no notificaron ni un solo aborto.

Se estabilizan los abortos

El número total de interrupciones voluntarias del embarazo se ha estabilizado este año después de la bajada que supuso la pandemia. Así, en 2021 realizaron 1.920 abortos más que en el año anterior, aunque el número de mujeres que abortaron en España es el más bajo de los últimos diez años, exceptuando 2020.

Cataluña, Baleares y Cantabria son las comunidades donde más abortos asume la sanidad pública (52,5%, 61,8% y 67,3%, respectivamente). En el extremo contrario se encuentran Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, donde el porcentaje de abortos en la pública se sitúa entre el 0 y el 0,5%.

Los datos de Sanidad muestran que el 91% de los abortos en 2021 se realizaron “a petición de la mujer”, es decir, porque no se deseaba tener un hijo y no por razones médicas, que motivaron el 9% de las interrupciones restantes.

El 72% de los embarazos interrumpidos no habían alcanzado las ocho semanas de gestación y solo el 0,1% superaban las 22 semanas, límite tras el cual solo se aceptan abortos por razones médicas y con el visto bueno de un comité médico.

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