La intervención de Andalucía aflora facturas por 300 millones abonadas por Susana Díaz días antes de marcharse

El PP presentará documentos que demuestran que la presidenta autorizó el pago, a toda prisa, de deudas pendientes por errores de la Junta

Susana Díaz.
Susana Díaz.

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez acaba de asestar un duro golpe a la Junta de Andalucía, dirigida ahora en coalición por PP y Ciudadanos. Hacienda le ha negado la posibilidad de acudir a los mercados a financiarse y le ha impuesto un estricto plan de recortes. Pero el Ejecutivo de Juanma Moreno ya tiene preparada la respuesta.

La Junta calificó este lunes de “intervención financiera” la decisión del Gobierno socialista, al que acusó de anunciar una medida “absolutamente discrecional y de carácter político”. La Ley de Estabilidad, explican, no le obliga a adoptar semejante iniciativa sobre las cuentas andaluzas.

Hacienda, sin embargo, matizó posteriormente que lo que ha reclamado a la Junta es, tal y como marca la ley, un plan de ajuste para que pueda, efectivamente, acudir a los mercados.

Facturas por 300 millones de euros

Pues bien. Además de la airada reacción en público de los actuales dirigentes de la Junta de Andalucía, quienes no han tardado en exigir la comparecencia en el Congreso de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, el Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos ha preparado la respuesta al Gobierno de Pedro Sánchez

Según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes de la administración andaluza, el gabinete que dirige Juanma Moreno presentará documentos que demuestran que Susana Díaz autorizó el pago de facturas por una cantidad superior a los 300 millones de euros… justo antes de dejar la presidencia de la Junta de Andalucía.

Pondrá en evidencia así que el incumplimiento presupuestario del que ahora le acusa Hacienda se ha producido, en gran parte, porque Díaz abonó deudas pendientes, a toda prisa, solo unos días antes de abandonar su despacho en el Palacio de San Telmo a finales de 2018, el ejercicio que el Ministerio ha puesto en cuestión.

Entre esas deudas, las fuentes del PP consultadas por ECD destacan un pago de 168 millones por el ‘Caso Nevada’ y otros 165 millones para el sobrecoste del Metro de Sevilla.

Firmadas por Susana antes de marcharse

El Gobierno de Juanma Moreno destacará también que Susana Díaz tuvo también que resarcir con 168 millones de euros al empresario Tomás Olivo por paralizar las obras del centro comercial ‘Nevada Shopping’ a las afueras de Granada.

El Tribunal Supremo no admitió el recurso del Gobierno andaluz contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que obligó a la Junta a indemnizar al promotor murciano por el lucro cesante que dejó de percibir durante los siete años que el centro comercial estuvo paralizado.

 

Por si esto fuera poco, el PP destacará que la resistencia de la Junta a pagar tras el primer fallo provocó que el importe de la sanción continuara creciendo por los intereses de demora. La factura final alcanzó los 168 millones de euros: 166 como indemnización y 2 millones más porque cada día que pasaba el coste se incrementaba en 13.614 euros.

Así consta, según las fuentes del PP, en la documentación adjunta al acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre del año pasado. El abono en la cuenta del empresario se efectuó el día 21, con el Gobierno socialista de salida tras las elecciones del 2 de diciembre.

Un error del servicio jurídico de la Junta

Según las fuentes consultadas por ECD, los documentos que ahora sacará a la luz el PP buscan demostrar, además, que el varapalo tuvo su origen en un error del servicio jurídico de la Junta.

Recuerdan que no compareció ningún representante autonómico en la vista oral celebrada el 6 de junio de 2016 ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada, en la que se analizaba el recurso del centro comercial ‘Nevada Shopping’ contra la paralización de las obras.

Sin embargo, se da la circunstancia de que Antonio Luis Fernández Mallol, el letrado que no asistió a esta vista clave, fue luego promocionado como jefe del Gabinete Jurídico de la Junta en Granada.

El sobrecoste del Metro de Sevilla

Además, el Supremo rechazó también, en los últimos días del mandato de Susana Díaz, un recurso de la Junta de Andalucía contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2017, que elevaba el coste del Metro de Sevilla hasta los 800 millones de euros, duplicando así el presupuesto inicial de 461 millones.

Metro de Sevilla –sociedad integrada por ACS, Sacyr, Gea 21 y la propia Junta- reclamó en 2011 en el Juzgado 11 de lo Contencioso Administrativo un sobrecoste de 145 millones de euros y los intereses de demora por las obras de la línea 1 del Metro de Sevilla al entender que la desviación presupuestaria se debió a cambios sustanciales en el proyecto original.

En defensa “del interés general y del dinero público”, la Junta rechazó pagar los 145 millones de euros al entender que los retrasos en la obra fueron imputables a la UTE constructora y a problemas de ejecución por fallos técnicos y de navegación de la tuneladora, la caída de una viga y a varios socavones, que retrasaron la inauguración del Metro desde 2006 a 2009.

El Supremo rechazó el recurso del Gobierno de Susana Díaz y ésta aceptó abonar los 145 millones de euros antes de abandonar el Palacio de San Telmo. Una cantidad que, por los intereses de demora, alcanzó finalmente los 165 millones de euros.

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