La justicia tramita diez denuncias de Pablo Iglesias e Irene Montero por acoso a su familia

“No sé si alguien me puede poner un ejemplo de un escrache que haya durado más de unas horas. Lo que está ocurriendo en las puertas de mi casa es otra cosa. Los escraches son movilizaciones puntuales que están avaladas por la judicatura de nuestro país como una forma de protesta legítima. Puede ser desagradable, puede merecer censura social, pero es legítimo. […] Lo que está pasando a las puertas de mi casa va por la semana 11”.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, explicaba así en una entrevista a Infolibre a principios de agosto lo que ella y Pablo Iglesias viven en su vivienda de Galapagar desde que, con motivo de la declaración del estado de alarma, comenzaron las manifestaciones y protestas de personas contrarias al Gobierno PSOE-Podemos y a su gestión de la epidemia de coronavirus.

Estas protestas llevaron al Ministerio del Interior a reforzar (notablemente, en algunos momentos) el dispositivo de seguridad, principalmente de la Guardia Civil, en torno a la residencia de Iglesias y Montero.

Desde Podemos se denunció este fenómeno como acoso por parte de la extrema derecha contra sus líderes, que habría llegado -aseguraron- también hasta las cercanías de un pueblo de Asturias en el que el vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad pasaron unos días de vacaciones en verano.

Confidencial Digital ha podido consultar una respuesta oficial del Gobierno de España, en la que se aportan datos sobre procedimientos judiciales que hay en marcha relativos a estas protestas.

A fecha del 1 de octubre, el Ejecutivo informaba de que “a día de hoy hay hasta diez denuncias, querellas y demandas, presentadas por amenazas y/o acoso a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a sus hijos o a su domicilio”.

Y añadía que “actualmente estas diez se encuentran en trámite judicial”, es decir, no hay resolución de ellas, pero tampoco han sido desestimadas.

Pregunta de Vox sobre “las presuntas amenazas”

Esta información la ha facilitado el Gobierno PSOE-Podemos para responder a una pregunta presentada por diputados de Vox en el Congreso sobre este asunto.

Los representantes del partido de Santiago Abascal querían saber si “se ha recibido, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algún tipo de denuncia sobre las presuntas amenazas y “acoso” por el vicepresidente segundo, el Sr. Iglesias Turrión, y la ministra de Igualdad, la Sra. Montero Gil”.

La pregunta de Vox partía de una recopilación de mensajes de ministros del Gobierno, y del propio Pedro Sánchez, que criticaban el acoso que Iglesias y Montero denunciaban haber sufrido en Asturias, cuando estaban allí de vacaciones con sus tres hijos, por unas pintadas insultantes aparecidas en la carretera, entre otros motivos.

Según Vox, “esta retórica victimista encaja con la narrativa que el Gobierno lanza”, ya que según este partido, el Ejecutivo “pretende crear una sensación de ataque contra el Gobierno y pretenden señalar como culpable a una parte de la sociedad española”.

Vox se quejaba también de que se estaba actuando con un sesgo político evidente: “Cuando las agresiones (violencia expresa, pedradas, insultos y amenazas contra la vida y / o integridad física) se centran en miembros de partidos de la oposición, el Gobierno mantiene silencio”.

Por contra, “cuando los afectados son miembros del Gobierno (pintadas en una carretera, habladurías populares y quizás afluencia de personas con banderas de España a las inmediaciones) se coordina una denuncia pública expresa”.

De ahí que Vox pidiera datos concretos de denuncias presentadas por los escraches en los alrededores de la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero. Según el Gobierno son “hasta diez” las denuncias, querellas y demandas, sin especificar más detalles salvo que se han presentado “por amenazas y/o acoso a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a sus hijos o a su domicilio”.

Una denuncia fue archivada

Algunas denuncias concretas sí se han conocido. A finales de julio los abogados de Pablo Iglesias denunciaron ante el juzgado de instrucción de Collado-Villalba (cerca de Galapagar) a quien considera instigador de las protestas junto a su domicilio, Miguel Frontera, por delitos de coacción, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Un mes después, Iglesias y Montero presentaron en la comisaría de la Policía Nacional en el Congreso de los Diputados dos denuncias. En una pedían perseguir los mensajes amenazantes contra sus hijos que estaban publicando algunas personas en redes, y que llegaban a desear o amenazar con violencia física contra los niños. En la otra denunciaban que un grupo de personas había arrojado objetos por encima de la valla que rodea el jardín de su vivienda.

Algunas denuncias han acabado archivadas; por ejemplo, la que presentó Irene Montero contra Cristina Gómez Carvajal, concejal de Vox en Galapagar, que acudía a las manifestaciones y las alentaba desde su cuenta en Twitter.