No espera a después de las elecciones: la Mesa del Congreso suspende a los diputados presos

La Mesa del Congreso, con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos, han aprobado la suspensión de los cuatro diputados presos por el juicio del 1-O. La decisión llega a dos días de las elecciones del 26-M y justo después de recibir el informe de los letrados del Congreso.

Los juristas de la Cámara redactaron esta mañana el informe solicitado por la Mesa sobre la suspensión de los diputados presos: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, y se mostraron a favor de que se les suspendiera.

Confidencial Digital ha podido saber por fuentes cercanas algunas líneas básicas de dicho informe, en el que los letrados han contradicho en parte a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Prima la independencia de las Cortes

Pero en este momento, según ha sabido ECD, los letrados optan por informar a favor de la suspensión de los diputados presos, en cumplimiento del artículo 21 del reglamento del Congreso. Entienden que de esta manera se salvaguardaría "la autonomía de la Cámara", recogida en el artículo 72 de la Constitución.

Es decir: aunque el miércoles los letrados consideraban que debía ser el Tribunal Supremo quien decidiera sobre la suspensión de los diputados, siguiendo la ley de enjuiciamiento criminal, la negativa de los magistrados les ha conducido a "ser nosotros mismos" quienes informen.

Y en esta situación, los letrados estiman "muy importante" dejar claro "que la Cámara es independiente e informa sin regirse por criterios políticos, sino simplemente jurídicos".

No hacía falta suplicatorio

Es más. Las mismas fuentes señalan a este confidencial que, una vez estudiado el informe de la Fiscalía y los autos del Supremo, opinan que su criterio respecto del suplicatorio "es acertado".

Tanto el Ministerio Público como la Sala Segunda no vieron necesario pedir permiso a las Cortes para seguir juzgando a Junqueras, Rull, Turull y Sànchez tras ser elegidos diputados, tal y como establece el artículo 21.2 del reglamento del Congreso como paso previo a la suspensión. Eso sí, los magistrados dictaron un oficio en el que manifestaron su opinión, que es que deberían ser suspendidos.

Para los letrados, ha sido acertado no pedir el suplicatorio, puesto que el artículo 750 de la ley de enjuiciamiento criminal señala que debe solicitarse cuando se encuentren indicios para procesar a un diputado o senador. Sin embargo, los diputados presos ya fueron procesados en octubre de 2018, con lo que no ha lugar para la petición del permiso a las Cortes.

Además, han seguido el artículo 384 bis de dicha ley, que establece que, habiendo auto firme de procesamiento por rebeldía y decreto de prisión provisional, los cargos públicos serán automáticamente suspendidos.

Tampoco se podría alegar, por tanto, el artículo 71 de la Constitución, que establece la inviolabilidad de los diputados. Junqueras, Rull, Turull y Sànchez ya estaban siendo juzgados antes de ser elegidos parlamentarios, con lo que no les afecta el aforamiento, según esta tesis.

Por otro lado, los otros dos requisitos que establece el reglamento del Congreso para la suspensión de los diputados, que existan prisión preventiva y auto firme de procesamiento, se cumplen.

Declaración formal de la Mesa

Por último, en este momento, los letrados consideraron que, aunque sean ellos quienes informen a la Mesa del Congreso, tendrá que ser este organismo quien declare formalmente la suspensión de los diputados presos y no se limite a aplicar el informe de manera automática, ya que "se trata de un asunto delicado".

Idas y venidas

El mismo día de la constitución de las Cortes, el martes, Vox presentó una petición formal a la Mesa del Congreso para que Junqueras, Rull, Turull y Sànchez fueran suspendidos automáticamente. PP y Ciudadanos también lo pidieron de manera informal.

A partir de entonces, se han sucedido 72 horas frenéticas, en las que Batet se ha enfrentado a su primer gran problema como presidenta del Congreso.

Primero, porque desde las elecciones del 28 de abril, se dio por hecho que los letrados del Congreso informarían a la Mesa y que sus miembros tomarían la decisión. Esta tesis se reafirmó cuando el Tribunal Supremo dictó un auto señalando a la Mesa como responsable del asunto y rechazó pedir el suplicatorio. Esto tuvo lugar el 16 de mayo, hace ocho días.

Sin embargo, este miércoles, al día siguiente de que Junqueras, Rull, Turull y Sànchez  juraran el cargo, Batet pidió un informe al Supremo para que valorara qué hacer con estos diputados.

La Fiscalía añadió más presión, pidiendo al TS que suspendiera automáticamente a los presos, siguiendo el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, y los letrados mostraron sus dudas porque el Alto Tribunal no había pedido el suplicatorio, uno de los requisitos para la suspensión.

El jueves, la Sala Segunda respondió a Batet y rechazó su petición: no se pronunciará sobre la suspensión de los diputados presos porque no lo considera de su competencia, sino de la Mesa del Congreso, que preside precisamente Batet.

Durante este tiempo, los letrados del Congreso han estudiado el asunto y han encontrado matices a su postura inicial, basándose, como ya se ha dicho, en el artículo 750 de la Lecrim. Por su parte, Batet ha ganado tiempo para retrasar la decisión la máximo posible.

Lo más previsible, en este momento, es que los letrados informen a favor de la suspensión de los diputados presos. La incógnita aún es cuándo lo harán y si la Mesa del Congreso tomará una decisión antes del 26 de mayo o esperará para no causar perjuicios electorales.