Política

Mª Ángeles Sánchez y Pedro Crespo, candidatos mejor colocados para ocupar la Fiscalía del Estado

La decisión está pendiente del nombramiento del ministro de Justicia

María José Segarra y Pedro Sánchez.
photo_cameraMaría José Segarra y Pedro Sánchez.

A la espera de su designación oficial, ya empiezan a sonar los nombres posibles para cubrir el puesto de fiscal general del Estado en un año que, de nuevo en lo judicial, estará marcado por el ‘procés’.

Legalmente, María José Segarra puede ser renovada al frente de la Fiscalía General del Estado, aunque resulta poco probable, según las fuentes jurídicas consultadas por Confidencial Digital.

Dichas fuentes apuntan que ya se barajan varios nombres, y María Ángeles Sánchez, actual fiscal jefe del Tribunal Constitucional y Pedro Crespo, fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, son los dos que suenan con más fuerza.

La primera de ellas, María Ángeles Sánchez Conde, ha ocupado puestos en las fiscalías de Cádiz, Barcelona, León y Bilbao, para después ser nombrada fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, en poco más de dos años, accedió a la jefatura de dicha fiscalía del TSJM. Fue designada por el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Ella y Conde-Pumpido, que también ocupó el puesto de fiscal general del Estado, son muy amigos, según personas de su entorno. 

En el caso de Pedro Crespo, no es la primera vez que suena su nombre. Ya en ocasiones anteriores se ha perfilado como candidato. Es un reconocido profesional que además es fiscal de Sala, la categoría máxima de la carrera.

En común con la fiscal Sánchez tiene que también ha sido Cándido Conde-Pumpido uno de los valedores de su carrera. Coincidieron cuando Conde-Pumpido era fiscal general y Crespo era teniente fiscal de la Secretaría Técnica. Además, Crespo ha estado vinculado a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), una asociación a la que también pertenecían Segarra y Delgado antes de sus nombramientos.  

Pero antes de nada el presidente tendrá que decidir sobre el Ministerio de Justicia. Aunque es el Gobierno reunido en Consejo de Ministros quien designa el cargo de fiscal general del Estado, el ministro de Justicia suele tener un papel clave para proponer nombres. “La actual fiscal general del Estado era muy amiga de la ministra Delgado”, explica Juan Antonio Frago, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Otro de los nombres que suenan es el de la magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Ana Ferrer. El caso de la magistrada no sería el primero en ocupar el puesto de un fiscal desde el TS. Ya le sucedieron Julián Sánchez Melgar, que antes de ocupar este puesto era magistrado del Tribunal Supremo, y José Manuel Maza, también magistrado del Supremo primero, entre otros ejemplos.

Aunque esta práctica suele incomodar a los fiscales. Ana Ferrer, en cambio, no suena con tanta fuerza. Hay que tener en cuenta que es una de las juezas que ha dictado la sentencia a los líderes de la intentona secesionista de 2017 en Cataluña, con penas de entre 9 y 13 años de prisión. 

Un año judicial con más ‘procés’  

El cargo de fiscal general del Estado es muy delicado. “A mí me encantaría que fuera independiente, pero no se necesita consenso de los dos tercios del Congreso. Si fuera así no quedaría tachado de ninguna tendencia”, explica el fiscal Miguel Pallarés. El tiempo de mandato es lo que dure el mandato de Gobierno, no puede ser destituido arbitrariamente. 

“Es un puesto de muchísima responsabilidad. La cabeza de un órgano relevante que lleva temas del ámbito penal y relativos al Tribunal Constitucional. Uno de los principios fiscales es que se parte de la unidad de criterio y la fiscalía general del Estado es la encargada de hacer las circulares con estudios muy profundos sobre los criterios que se deben adoptar”, explica Teresa Peramato, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal este nombramiento y establece que será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, eligiendo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.  Los fiscales que suenan como posibles candidatos reúnen de sobra cualquiera de estos presupuesto. Pero no se trata solo de reunirlos, también ellos tienen que aceptar el cargo en un año que estará de nuevo marcado por los juicios relativos al 'procés'. 

Bajo el mandato del nuevo fiscal general, llegará al Tribunal Constitucional los recursos de los condenados del ‘procés’; se juzgará a Carles Puigdemont y al resto de ex consejeros huidos en caso de que fueran entregados a España y se revisarán los permisos de los líderes independentistas presos. Además, también comenzará este mes en la Audiencia Nacional el juicio al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, que parte de una acusación fiscal por rebelión de 11 años de cárcel.

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