Política

María José Segarra no se arrepiente de su actuación como Fiscal del Estado

Mantuvo la acusación de rebelión contra los implicados en el ‘procés’ y la negativa a que Junqueras tomara posesión como eurodiputado

María José Segarra en su jura de cargo como Fiscal General del Estado
photo_cameraMaría José Segarra en su jura de cargo como Fiscal General del Estado

“Estoy de vacaciones”, decía este lunes la saliente fiscal general del Estado. Con una gran sonrisa y entre abrazos, María José Segarra confesó, en el acto de toma de posesión del nuevo ministro de Justicia, que volvería a repetir cada una de sus actuaciones: “No me he arrepentido ni un día”

Segarra mantuvo la acusación de rebelión contra los imputados en el juicio del ‘procés’, a pesar de que el Gobierno veía solo un delito de sedición y así lo manifestó a través de la Abogacía del Estado. Además, la fiscalía se opuso a la excarcelación del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, para tomar posesión como eurodiputado. 

La fiscal retomará ahora su trabajo anterior: “Ya me tienen el despacho preparado en Sevilla”. Allí, en la capital andaluza, trabajó entre 2004 y 2018, hasta que el 29 de junio de ese año fue nombrada fiscal general del Estado. El mandato era de cuatro años, pero como establece el artículo 31.3 e del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el fiscal general cesa cuando cesa “el Gobierno que lo hubiera propuesto”.  

El trabajo de Segarra estos casi 19 meses de mandato ha destacado por la creación de un protocolo contra el acoso, además de trabajar por la unificación de criterios o la igualdad entre fiscales.  En una carta de despedida que ha enviado este lunes a los 2.500 fiscales del país, Segarra ha subrayado “el compromiso de los fiscales con la legalidad, imparcialidad y unidad de actuación de defensa”.  

Dolores Delgados, nueva fiscal General del Estado

El nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado ha sido una sorpresa para todas las asociaciones de fiscales y la mayoría de ellas lo recibe con  “preocupación”.

La decisión de nombrar a una ex ministra como fiscal general solo tiene un precedente, el de Javier Moscoso que en 1986 con el Gobierno de Felipe González pasó del ministerio a la Fiscalía General.

El candidato debe ser un “jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión” y el nombramiento lo hace el Rey, a propuesta del Gobierno, oído por el Consejo General del Poder Judicial. Es una decisión del Ejecutivo que no necesita ser votada por las Cortes ni puede ser frenada por ninguna institución. 

Las asociaciones de fiscales, preocupadas

El presidente de la Asociación de Profesionales e Independientes de Fiscales (APIF), Juan Antonio Frago, se muestra “preocupado” por la imagen de imparcialidad que pueda mostrar la justicia española. “Es una mujer que tiene una gran significación política en temas como la exhumación de Franco o el ‘procés’”, explica Frago. 

También la Asociación de Fiscales (AF) considera que el nombramiento es desafortunado. La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (a la que Dolores Delgado ha pertenecido), Teresa Peramato, cree que hay que dar un voto de confianza a la nueva fiscal del Estado: “lleva más de 30 años en activo, es una jurista de muy reconocido prestigio”. 

El PP ha anunciado que recurrirá su designación por incumplir, a su juicio, el artículo 59 del Estatuto Fiscal, que establece que no podrán ser miembros del Ministerio Fiscal quienes pertenezcan  a partidos políticos o sindicatos y que tampoco podrán tomar parte en las elecciones legislativas, autonómicas o locales más que para emitir su voto personal. 

Vox ha presentado se querelló este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado -a quien el Ejecutivo propondrá como nueva fiscal general del Estado-, por supuesto tráfico de influencias.

Relación con Villarejo

El mandato de Delgado en la cartera de Justicia estuvo marcado por la publicación de unas conversaciones que la ministra mantuvo con el comisario José Manuel Villarejo, ahora en prisión provisional, donde llamaba “maricón” al ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska y aludía a que prefería “tribunales de tíos”. 

Al frente del ministerio, Delgado no pudo culminar la reforma integral de la Ley de Memoria Histórica, la recuperación de la justicia universal y el cambio de tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. 

Ahora como fiscal general tendrá que aprobar más de 30 nombramientos discrecionales de la cúpula del Ministerio Público y ejercerá la última palabra sobre la postura de la Fiscalía en los permisos penitenciarios a los presos del 1-0 y ante un posible indulto. 

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