Los migrantes ilegales de Ceuta empiezan a ser trasladados a la Península después de un doble control policial

Utilizan aviones comerciales pero la Policía monitoriza cada salida. Interior no ofrece datos actualizados sobre el número exacto de viajes

Agentes de la Guardia Civil, junto a extranjeros interceptados en la valla de Ceuta (Foto: Antonio Sempere / Europa Press)
Agentes de la Guardia Civil, junto a extranjeros interceptados en la valla de Ceuta (Foto: Antonio Sempere / Europa Press)

No hay datos oficiales actualizados. Esa es la única respuesta a cuántos migrantes han solicitado el asilo desde que comenzó la crisis migratoria en Ceuta el pasado mes de mayo. El Ministerio del Interior asegura desconocer cuántos han pedido la protección internacional y cuántos se han desplazado ya desde la ciudad autónoma hasta la Península, pero fuentes policiales señalan que estos traslados han comenzado y que se obliga a los migrantes a pedir una autorización a la brigada de Extranjería de la Policía.

La Ley de Asilo en España exige que, una vez se hace la solicitud por parte de alguna persona que quiere recibir este tratamiento en nuestro país, la Administración tiene un mes para contestar si admite o no su tramitación. Si en un mes no ha habido respuesta, el solicitante podrá entonces moverse con libertad por el espacio Schengen a la espera de saber si se le concede el asilo. El único requisito es que debe dejar un domicilio donde poder notificarle cómo va su expediente.

En la frontera del Tarajal el grupo de la brigada de Extranjería, que estaba formado por tres agentes, ha necesitado refuerzos desde Madrid para poder atender al alud de solicitudes que comenzaron con la llegada masiva de personas desde Marruecos. “Antes de mayo se daba cita y la agenda ya iba por septiembre, pero como ahora mismo han traído refuerzos se están logrando realizar unas 40 entrevistas por día”, explica a ECD la abogada Elena Iglesias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Ceuta.

Se están atendiendo entre 30 y 40 peticiones diarias de asilo, confirman fuentes policiales. Les hacen una reseña, los filian y después los agentes anotan los motivos por los que solicitan el asilo para formalizar el expediente. “Ha habido problemas, por ejemplo, con la gestión de la documentación, con el resguardo del solicitante. Han jugado mucho a no entregarlo para evitar los traslados a la Península”, explica la abogada.

Desde que pasa un mes y un día del momento de la petición, el migrante ya puede viajar, pero si no dispone de este resguardo no es posible pasar el control de la frontera. “Cuando hay alguien que está pendiente, ahí se ponen las pilas [la Policía], pero cuando alguien está en la calle a lo mejor va diez veces y todos los días le dicen que vuelva al día siguiente”, añade Elena Iglesias. Ella trabaja en el Centro de Inmigrantes y se encarga de todas las gestiones de las 170 personas que están bajo su tutela. Pero obtener el resguardo para viajar no es tan fácil para muchos de los 2.500 que calcula el Gobierno de Ceuta que siguen en la calle.

Además, este no es el único papel que necesitan. Para poder atravesar la frontera exterior la Policía ha impuesto un control “práctico”. Los migrantes son los que se costean el billete en un vuelo comercial, pero los agentes tienen que autorizar cada desplazamiento. Es un control viaje por viaje. No vale únicamente con el papel del asilo: si alguien se quiere marchar de Ceuta, debe ir a Extranjería y declararlo para que, desde allí, envíen una autorización al puerto. Desde la propia Policía quitan importancia a ese trámite: “aquí lo que se certifica es que esa persona ya puede salir sin problema. Esta persona ya puede viajar y salir de Ceuta. Se les está facilitando la salida”, explican a Confidencial Digital.

Algunas fuentes expresan que lo que el Ministerio del Interior pretende con esto es retener a las personas para que no viajen hasta que se sepa si está admitido o no el asilo. “El clásico marroquí joven suele pedir el asilo para irse a la Península. Por eso, el procedimiento no es tan rápido. Pero no puedes tener a la gente bloqueada solo porque no quieres que se mueva”, señalan algunos trabajadores de inmigración.

Los datos inexactos

El Ministerio del Interior, como se ha dicho, no ofrece un número exacto de personas que ya se han trasladado a la península. Explican que todos los datos, tanto de entradas, como de devoluciones, solicitudes de asilo en Ceuta desde el mes de mayo se están registrando convenientemente: “los técnicos de todos los departamentos están revisando y comprobando muy bien (sic). Pero es un trabajo que está siendo muy lento y todavía no los tenemos”, indican fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

El pasado 9 de agosto, la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, aseguró que se habían recibido hasta ese momento 1.230 solicitudes de asilo. De ese total, 263 marroquíes habían salido de Ceuta con destino a la península. Esto es posible en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 en la que se dio libertad de circulación a las personas que llegaban a la ciudad autónoma. Hasta ese momento se les daba un certificado para que pudieran moverse solo por Ceuta y Melilla, pero los magistrados entendieron que la legislación se refiere a la libertad para moverse por todo el territorio nacional y no solo en esos dos lugares.

 

Asimismo, de los pocos datos públicos que se han facilitado, la delegada también informó de que 3.473 marroquíes habían retornado voluntariamente a su país a través de la frontera y otros 124 habían regresado de forma obligatoria a través de expedientes de devolución.

Los que se quedan en Ceuta

“En la calle hay cientos todavía. En campamentos, en el monte, no sé cuántos puede haber, pero estamos hablando de muchos”, relata a ECD un policía que trabaja en Ceuta. Solo en la nave que gestiona la Cruz Roja hay unas 800 personas. Allí disponen cada día de atención psicológica, baños, comida y camas, a la espera de la entrada en el Centro de Inmigrantes o de tramitar su petición de asilo.

A estos se suman los 170 que están en el Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) y más de 2.000 repartidos en asentamientos ilegales.

Un asilo muy difícil

Las ONG son poco optimistas sobre el éxito de estas peticiones de asilo. “Los porcentajes de concesión son muy bajos. Está claro que el 99% de los que han entrado van a ser denegados”, sentencia la abogada de CEAR, Elena Iglesias. “El 80% del perfil no es solicitante de asilo. Son gente que se viene a buscar la vida y es totalmente lícito, pero no es el perfil de solicitante de asilo”. En España se recibieron 118.446 solicitudes en 2019 y solo 5.758 fueron favorables, lo que supone un 5% del total. Estos datos están muy por debajo de la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 33%.

En este sentido, las personas llegadas desde Afganistán estos días tienen muchas más probabilidades de obtener la protección internacional que los que llegaron a Ceuta durante esta crisis migratoria, como publicó ECD esta semana.

Una vez se les notifica la inadmisión, los solicitantes disponen de un tiempo para recurrir en los tribunales. Cuando todos los trámites se agotan, se inicia el trámite de expulsión.

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