La ministra Chacón ‘se hizo la foto’ con las bombas antipersona cuando la empresa de Torrente ya llevaba un mes destruyéndolas
La destrucción de bombas de racimo en España comenzó en 1998. Sin embargo, la ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció a bombo y platillo recientemente que bajo su dirección se van a destruir 600.000 minas antipersona antes de junio de 2009. La empresa encargada de esta tarea comenzó con la destrucción un mes antes de la firma del acuerdo.
Según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, el reciente anuncio de la destrucción de minas antipersona y bombas de racimo en España viene de tiempo atrás y acusan a la ministra de Defensa, Carme Chacón, de querer 'hacerse la foto' con este tipo de iniciativas que no han tenido su origen bajo su dirección.
Además, las mismas fuentes destacan que la comparecencia de la ministra el pasado 12 de diciembre en las instalaciones de Fabricaciones Extremeñas (FAEX) –sociedad filial de Explosivos Alaveses, que dirige el almirante Torrente– no refleja la realidad. Y es que Faex comenzó la eliminación de las últimas 600.000 minas un mes antes de haber firmado el contrato.
Además, hay que recordar que la iniciativa es anterior a la etapa de Chacón, en la etapa de Eduardo Serra como ministro y que continuó con Federico Trillo-Figueroa.
El tratado de Ottawa, que regula la eliminación de estos artefactos, entró en vigor el 1 de marzo de 1999. Sin embargo, la eliminación de las bombas terrestres en España se inició con anterioridad, con la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar que estableció que “El Ministerio de Defensa procederá a la destrucción de todas las minas antipersonal almacenadas en el plazo más breve posible y como máximo en tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley”. El plazo no se pudo cumplir.
El 28 de junio de 1998, el entonces vocal de la Comisión de Defensa en el Senado del PP, José Luis Morales Montero, explicó en sede parlamentaria que “el sistema de destrucción seleccionado por la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa es el de incineración. Para ello, ha firmado con la empresa Fabricaciones Extremeñas, FAEX, filial de EXPAL, la adjudicación de contratos que permitirán la destrucción de las aproximadamente 840.000 minas antipersonal que existen en España, en cumplimiento del acuerdo internacional de Ottawa, de diciembre de 1997. La destrucción de estas minas se realizará de acuerdo con la normativa más exigente en cuestiones de protección a la naturaleza, y establece un plazo máximo de tres años para llevar a cabo la total eliminación de las mismas, previsión que se adelanta significativamente a lo establecido en las Conferencias de Ottawa y de Oslo. El motivo de establecer un plazo de tres años no es otro que el de que sólo existe un horno incinerador en España, el de FAEX, como ya he dicho, empresa que ha tardado casi tres años en la cremación de las minas existentes en Holanda. Por tanto, a pesar de la máxima voluntad de apremio, creemos es imposible disminuir el plazo de tres años, pues a esta cuestión hay que añadir circunstancias de índole económica, de contratación y de transporte”.
Por otro lado, Morales Montero añadió que “el Ministerio de Defensa calcula que destruir nuestro «stock» de minas antipersonal costará unos 530.000 millones de pesetas y el procedimiento a emplear será la incineración. En julio de 1994, el Gobierno español aprobó una moratoria sobre la exportación de minas antipersonal que fue prorrogada en los años 1995 y 1996, entonces ya con carácter indefinido. Posteriormente, en febrero de 1997 el Parlamento aprobó por unanimidad una proposición no de ley instando al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que regulase la prohibición de minas antipersonal”. El resultado del debate dio origen a la promulgación de la Ley 33/1998.
