Tres autonomías del PSOE también se niegan a aplicar el precio tope a los alquileres del Gobierno

Una normativa estrella del Gobierno que nace coja. Más de la mitad del país no aplicará la futura ley de vivienda que define un nuevo marco para el mercado de los alquileres. Además de las comunidades gobernadas por el PP, y de Cataluña, tres autonomías socialistas también desdeñan, al menos, el tope a los alquileres del Ejecutivo.

Las cinco comunidades con gobiernos del PP -Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia-, que suman más de 21 millones de habitantes, así como los ayuntamientos populares -el PP tiene las alcaldías de cuatro de las ocho grandes capitales- se negarán a aplicar la norma, según ha anunciado el presidente del PP, Pablo Casado, que ha criticado duramente el “intervencionismo suicida” de la regulación.

Así, el PP se ha propuesto desactivar las medidas del Gobierno para aliviar el alto coste de la vivienda en España y piensa recurrir además la ley al Tribunal Constitucional cuando se apruebe.

Page solo acepta subir el IBI a los pisos vacíos

Por si fuera poco, el desconcierto también se ha extendido en las últimas horas entre algunos barones socialistas, especialmente entre aquellos más críticos con las medidas que PSOE cede a Podemos en el seno del Ejecutivo de coalición.

La norma que han anunciado PSOE y Unidas Podemos no es de aplicación directa: la letra pequeña deja en manos de las comunidades y de los ayuntamientos las principales medidas, como la imposición de precios tope a los grandes propietarios y la penalización fiscal a las casas vacías.

En Castilla-La Mancha, por ejemplo, desdeñan la normativa porque consideran que está diseñada para grandes núcleos urbanos. Según el Gobierno castellanomanchego, en su región no hay zonas tensionadas, por lo que no ven posibilidades de aplicar la ley.

Aseguran que la Ley de Vivienda de la Comunidad Autónoma ya cuenta con un borrador avanzado a la espera de que el debate a nivel nacional se esclarezca.

Un texto que abre la puerta a facilitar a los ayuntamientos que puedan subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías, o incluso crear tasas concretas para ese escenario en el caso de grandes propietarios. Pero en ningún caso topar el precio de los alquileres.

Vara asegura que no le afecta a su territorio

Tampoco Extremadura se ve representada en la nueva normativa porque considera que carece de zonas tensionadas donde podría ser de aplicación.

La rebeldía contra la ley de las comunidades y ayuntamientos es posible porque la norma requiere la colaboración de las administraciones. Por un lado, las autonomías deben solicitar la declaración de “área tensionada” en la que, según la futura norma, se podrán luego limitar los precios de los alquileres.

Se declarará “área tensionada” una zona donde los precios de alquiler hayan crecido en los últimos años por encima de lo que se considera razonable.

Ahora bien, tanto Castilla-La Mancha como Extremadura valoran que el Gobierno aporte a las comunidades un marco jurídico para controlar el mercado de la vivienda.

Asturias asegura que tampoco le afectará la nueva ley porque su región ya cuenta con el segundo mayor parque público de viviendas del país. En La Rioja, por su parte, recuerdan que ya están cumpliendo la prioridad de favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos que más dificultades tienen.

En Aragón afean al Ejecutivo que no haya puesto en su conocimiento el contenido del texto. El Ejecutivo autonómico de Javier Lambán ha lamentado que no conoce “ni una línea” de la nueva Ley de Vivienda pactada con Podemos, salvo los escasos apuntes que se adelantaron en el Consejo de Ministros del pasado martes.

En cambio, otras regiones socialistas como Canarias o la Comunidad Valenciana se han pronunciado sobre la futura normativa, aunque en su caso para aplaudir que haya sido impulsada por el Gobierno.