Los nombramientos de los presidentes del TSJ de Aragón y Navarra están en entredicho

Tercer informe de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial sobre los nombramientos de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, desde que accedió al cargo hace ahora poco más de un año. Como contó este confidencial, esta organismo, formado por 130 profesionales de la justicia hace cuatro años, se ha propuesto fiscalizar esos nombramientos para denunciar la politización en la carrera judicial.

Este nuevo escrito se centra en los nombramientos en cinco Tribunales Superiores de Justicia (los de los TSJ de Baleares, Murcia y Cantabria se hicieron cerrado ya el informe): se trata de Aragón, Asturias, Canarias, Extremadura y Navarra. Según las conclusiones, en los casos de Aragón y de Navarra no se respetaron los principios constitucionales de mérito y capacidad. “En los otros tres casos no hemos encontrado nada reseñable”, explican fuentes jurídicas de la Plataforma.

En el caso de Aragón, el pleno del CGPJ designó en julio de 2014 nuevo presidente del TSJ de esta región a Manuel Bellido, hasta ese momento magistrado del Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza, de entre los seis candidatos que se presentaron al puesto.

Según se puede leer en el escrito, de esos seis candidatos el CGPJ eligió “al que menos méritos fácilmente verificables tiene”. “El candidato elegido carece de experiencia alguna” en gestión de órganos colegiados, se asegura en las conclusiones. Éste era uno de los requisitos que ponderaba en la elección.

El informe insiste: “Los restantes cinco candidatos tienen entre 9 y 17 años más de antigüedad que el elegido. Tres de ellos tienen más de 20 años más que el elegido en órganos colegiados. Estos mismos tres candidatos tienen bastantes más años de experiencia en órganos de gobierno”.

“Dado que el candidato seleccionado no reúne el mérito específico consistente en experiencia en órgano colegiado, nos preguntamos qué valor tienen los méritos específicos exigidos en la convocatoria”, termina el informe.

Las conclusiones sobre el caso de Aragón finalizan recordando que el elegido es un alto miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que agrupa al sector conservador de la judicatura.

Navarra

El segundo nombramiento señalado por la Plataforma, donde están integrados jueces como Eloy Velasco y Jesús Villegas, es Navarra. El CGPJ designó en julio de 2014 a Joaquín Cristóbal Galve Sauras frente al otro aspirante, Victoriano Cubero.

De nuevo, el informe revela que el candidato no elegido “tiene 11 años más de experiencia, atesora 21 años más de experiencia en órgano colegiado, más años en órganos de gobierno así como más tiempo en órganos jurisdiccionales de la comunidad de Navarra”.

Como en el caso anterior, la Plataforma recuerda en sus conclusiones que el elegido es un alto cargo de la APM en Navarra, mientras que el no elegido es un juez no asociado a ninguna corriente.

APM, 68% de los elegidos

Esta es precisamente una de las principales quejas que se pueden leer en las conclusiones del informe. “Tras el estudio de los procesos de selección, el resultado es éste: Sobre un total de 16 presidencias estudiadas, 11 han recaído en asociados de la APM – conservadora –, 4 en asociados de Jueces para la Democracia – progresista –, y 1 en la Francisco de Vitoria – centrista –”.

Por lo tanto, de los nombramientos en la carrera judicial producidos durante el mandato de Carlos Lesmes en el CGPJ, el 68% han correspondido a jueces adscritos a la APM. “La APM tiene 1.250 jueces asociados, alrededor de un 20% de los magistrados adscritos a alguna asociación. Pero es que alrededor del 50% de los jueces no están afiliados a ninguna asociación”, explican juristas de la Plataforma.

Así, el escrito concluye asegurando que “las probabilidades de que un candidato no asociado, o asociado a Foro Judicial Independiente – la cuarta y más pequeña asociación –, sea nombrado presidente de una Audiencia Provincial o de un Tribunal Superior de Justicia son escasas”.