La nueva experta constitucional de Félix Bolaños puso a caldo la estrategia jurídica del Gobierno contra la pandemia
Criticó el estado de alarma de seis meses y atacó al Ejecutivo por delegar las medidas en las autonomías y por ignorar las peticiones de aprobar una ley orgánica para pandemias
El Consejo de Ministros aprobó este martes 26 de abril el cese de Laura Díez Bueso como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, del Ministerio de la Presidencia.
En su lugar, el departamento de Félix Bolaños incorpora a María del Camino Vidal Fueyo, doctora en Derecho que fue letrada del Tribunal Constitucional.
De acuerdo con el Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica depende de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales
Se encarga de funciones como las siguientes:
-- El informe, estudio y asesoramiento al titular de la Secretaría de Estado en la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional.
-- La realización de estudios e informes relacionados con las iniciativas de reforma constitucional y de reforma de los Estatutos de Autonomía.
-- El seguimiento y la realización de informes sobre las cuestiones constitucionales que puedan suscitarse en relación con las distintas iniciativas parlamentarias.
-- El seguimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional y de las jurisdicciones supranacionales e internacionales que afecten al régimen constitucional español.
Críticas al Gobierno por los estados de alarma
La elección de María del Camino Vidal Fueyo para el puesto de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica tiene cierta significación, ya que esta jurista se ha expresado públicamente en términos muy críticos sobre la arquitectura jurídica con la que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo frente a las olas más graves de la pandemia del coronavirus.
Vidal concedió una entrevista al Diario de Burgos en mayo de 2021, en la que analizó la situación que se creaba al acabar el estado de alarma de seis meses decretado por el Consejo de Ministros y avalado por el Congreso de los Diputados. Ese decreto de estado de alarma ya fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
En esa entrevista, María del Camino Vidal afirmó que decretar el estado de alarma era imprescindible, pero “otra cosa distinta es que el último decreto de estado de alarma se prorrogara durante seis meses ininterrumpidos sin ningún tipo de control parlamentario”.
A juicio de la entonces profesora de Derecho de Constitucional de la Universidad de Burgos, el Gobierno había adquirido poderes extraordinarios en la limitación de derechos fundamentales, por lo que “era necesario el control periódico del Congreso de los Diputados en el que estamos representados todos los españoles, lo que hubiera sido posible con prórrogas más cortas”, en vez de una prórroga de seis meses como la que se aprobó.
“El Gobierno miró para otro lado”
La ahora alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez criticó entonces que el final del estado de alarma, en mayo de 2021, provocó un “limbo jurídico”, y no dudó en acusar al Ejecutivo de “irresponsable” y de afirmar una falsedad cuando aseguraba que las comunidades autónomas “tienen mecanismos jurídicos suficientes para lucha contra la pandemia”.
En sus reproches al Gobierno de España, esta profesora de Derecho Constitucional también lamentó que “el Gobierno miró para otro lado” cuando “tras la primera declaración del estado de alarma, en marzo de 2020, muchos juristas y organismos independientes han insistido en la necesidad de que se aprobara una ley orgánica que regulase, de manera clara, precisa y previsible para el ciudadano, las limitaciones de derechos fundamentales en una situación de crisis sanitaria”.
Pese a que el Consejo de Estado había señalado la necesidad de reformar la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, para concretar qué medidas pueden tomar los gobiernos autonómicos, “el Gobierno de España no se ha dado por aludido”, lamentó María del Camino Vidal.
Bolaños diseñó esos decretos
Esta doctora en Derecho entra ahora en el equipo de Félix Bolaños, quien precisamente fue el “arquitecto jurídico” del primer decreto de estado de alarma, según se ha conocido.
De hecho, el PP y Vox atacaron a Bolaños cuando el TC tumbó el primer decreto de estado de alarma de marzo de 2020, y Vox llegó a proponer su reprobación en el Congreso de los Diputados, que no salió adelante.
Bolaños era en marzo de 2020 el secretario general de la Presidencia del Gobierno. Junto a Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia, era uno de los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez. Por su condición de abogado (fue letrado y jefe de la División de Asesoría Jurídica Laboral y Documentación Jurídica del Banco de España) ejercía un papel clave en todos los aspectos legales de los asuntos más delicados que pasaban por La Moncloa.
María del Camino Vidal pasa por tanto a ser directora general de Asuntos Constitucionales a las órdenes de la persona, Bolaños, que diseñó los decretos de estado de alarma que ella criticó y que de hecho acabaron siendo anulados por el Tribunal Constitucional.
