Nueva remesa de multas por el confinamiento anuladas tras la sentencia del TC contra el primer estado de alarma
Delegaciones del Gobierno en comunidades, provincias e islas revocan cientos de sanciones de 600 euros, que no habían sido pagadas
Las delegaciones del Gobierno en Cantabria y Melilla, las subdelegaciones en Toledo y Albacete, y la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera han aprobado varias resoluciones “sobre revocación de procedimientos administrativos sancionadores y anulación de las resoluciones sancionadoras emitidas en los mismos”.
En las últimas semanas, estas delegaciones han revocado cientos de procedimientos sancionadores afectados por la Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/2021, de 14 de julio.
Se trata de las multas que se impusieron a aquellas personas que incumplieron de una forma u otras las normas aprobadas por el Gobierno de España durante el confinamiento decreto en el estado de alarma de marzo de 2020, en la primera ola del coronavirus.
El Tribunal Constitucional sentenció el pasado mes de julio que ese decreto era inconstitucional, ya que consideró que el estado de alarma no ampara unas restricciones de derechos y libertades tan fuerte como la que se adoptó al confinar a la población en sus domicilios y limitar la libre circulación. Según el TC, estas medidas tendrían que haberse adoptado, si acaso, al amparo del estado de excepción.
Al declararse inconstitucional ese decreto, decaían las sanciones impuestas por las Fuerzas de Seguridad a los ciudadanos que se saltaron algunas de las restricciones. Así que ahora las delegaciones, subdelegaciones y direcciones insulares del Gobierno han empezado a anular esas multas.
En la mayoría de las resoluciones adoptadas en fechas recientes, se indica expresamente que si bien en el pasado se aprobaron resoluciones que impusieron sanciones de multa, no consta que se haya procedido al pago de las mismas.
La mayoría de estas sanciones ascendieron a 601 euros. Las delegaciones, subdelegaciones y direcciones insulares acuerdan ahora “acordar la acumulación y la revocación de los procedimientos que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, anulando las resoluciones sancionadoras emitidas”.
