Política

Pablo Iglesias se ha propuesto castigar a Madrid con un ‘impuestazo’ y Moncloa le ha frenado

Negoció con ERC una enmienda en la Ley Antifraude para reformar Patrimonio y la respuesta ha sido que se aplicará tras los cambios en el sistema tributario

Pablo Iglesias tampoco se ha salido esta vez con la suya. Buscó el apoyo de ERC para acelerar el castigo a Madrid, mediante una reforma exprés del Impuesto de Patrimonio a través de la Ley Antifraude, pero Moncloa ha frenado el intento de los dos socios de Gobierno.

Hay que recordar que ERC alardeó públicamente hace unos meses de haber conseguido un pacto con el PSOE para “acabar con el paraíso fiscal de Madrid” a cambio de su apoyo a los Presupuestos.

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, sacó pecho sobre todo de que lo que se pretende es que el impuesto de Patrimonio sea más progresivo para las grandes fortunas, y así “acabar con el dumping fiscal de facto y con el paraíso fiscal montado por la derecha en la Comunidad de Madrid”.

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‘Impuestazo’ inminente

Ahora, ERC anunció hace unos días que iba a presentar una enmienda para incluir la armonización de Patrimonio a través de la Ley Antifraude que se tramita en el Congreso. 

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la maniobra, la propuesta fue en realidad impulsada por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien convenció a Rufián de que así se conseguiría acelerar el ‘impuestazo’ a Madrid anunciado hace unos meses. 

La Comunidad de Madrid es la única que tiene bonificado al 100% ese tributo, por lo que desde 2008 ningún contribuyente madrileño tiene que pagar nada por Patrimonio.

Por eso, si la armonización del Impuesto de Patrimonio prospera, serán los contribuyentes madrileños los más perjudicados. En 2017, hubo en la región 18.132 declarantes por este tributo, con más de 9 millones de euros de media.

Sortear la resistencia de Díaz Ayuso

Según fuentes conocedoras de la propuesta que negociaron Podemos y ERC, el objetivo oculto de esa reforma era que el Estado se hiciera con el control del Impuesto de Patrimonio, tributo totalmente cedido ahora a las comunidades autónomas, y determinar desde el Ministerio de Hacienda qué impuestos sobre la riqueza se pagan a nivel estatal.

Ese planteamiento permitiría a su vez sortear la resistencia de Isabel Díaz Ayuso, quien se niega en redondo a cobrar el impuesto en la Comunidad de Madrid, pero a la vez fulminaría de un plumazo una competencia autonómica clave a nivel fiscal. 

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La Ley de financiación otorga a las autonomías la capacidad de decidir sobre el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio, sobre el tipo de gravamen y sobre sus deducciones o bonificaciones.

Moncloa ha parado los pies a Iglesias

Fuentes próximas a Hacienda confirman a ECD que Moncloa “ha parado los pies a Iglesias” en el intento de reformar el Impuesto sobre el Patrimonio a través del proyecto de ley de Ley de Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que se tramita actualmente en el Congreso. 

El departamento de María Jesús Montero no ve con buenos ojos que Podemos y ERC busquen aprovechar la tramitación de esta norma para cambiar el gravamen que autonomías como Madrid bonifican hasta hacerlo casi inexistente.

En Moncloa se apuesta por esperar a la futura reforma del sistema tributario e introducir entonces modificaciones respecto a este impuesto. 

Admiten que han recibido presiones de varias autonomías socialistas que cobran dicho impuesto, porque, si se convierte en estatal, dejarán de percibirlo. Y no están dispuestas a perder esos ingresos.

Armonización fiscal sin recentralizar

Además, en Hacienda explican que el planteamiento consistiría en subir los impuestos no solo a los madrileños, sino que implicaría igualar en todas las autonomías esos tributos o, al menos, fijar unas franjas que no se puedan rebasar ni al alza ni a la baja (unos topes máximos y mínimos de tributación a los que todos tendrían que ceñirse).

En la práctica, si esto se lleva adelante, supondrá una subida de impuestos para los contribuyentes de las comunidades con fiscalidad más baja -no sólo para los residentes en la Comunidad de Madrid-, pero también implicará una bajada para aquellas que tienen impuestos más altos, en las que los contribuyentes saldrán beneficiados.

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